El Gobierno llamó a 4 mil policías y militares retirados para luchar contra la inseguridad

El Gobierno nacional anunció ayer un nuevo plan de seguridad que sumará a unos 6.800 efectivos a las calles, 4 mil de ellos policías y militares en situación de retiro, para reforzar la lucha contra la inseguridad en las provincias de Buenos Aires, especialmente el conurbano, y Mendoza.
El anuncio estuvo a cargo de la presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, en medio de las fuertes protestas ciudadanas para que las autoridades mejoren el servicio de seguridad que, además, será uno de los principales temas de la naciente campaña electoral.
En este contexto, el ministro Fernández pidió que “no se politice” la lucha contra la inseguridad, ante la mirada de los gobernadores de Buenos Aires, Daniel Scioli, y de Mendoza, Celso Jaque, en cuyos distritos comenzará a aplicarse el plan.
La incorporación de los policías y militares retirados fue la sorpresa del anuncio oficial, realizado en la Quinta de Olivos, donde se buscó aclarar que esos efectivos no deberán tener causas por “gatillo fácil” ni “violación a los derechos humanos”.
La Presidenta argumentó la decisión al asegurar que la presencia de estos efectivos “permitirá la afectación inmediata” al plan, porque “porque es gente preparada y formada para este tipo de actividades y fundamentalmente para el uso de armamento”.
Según se anunció, además de los 4 mil efectivos retirados, serán destinados al plan -que fue presentado con críticas a los medios de comunicación- unos 1.500 gendarmes y 1.287 policías bonaerenses recién egresados de la academia de instrucción.
El plan -que incluirá nuevas tecnologías y adquisición de equipamiento como patrulleros- se focalizará en su primera etapa en los tres cordones del Gran Buenos Aires -corazón del castigado conurbano-, las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca y el Gran Mendoza, en la provincia cuyana.
El jefe de Gabinete, Sergio Massa, precisó que se sumarán al nuevo programa para combatir el delito miembros retirados de “las Fuerzas Armadas y de seguridad”, quienes deberán presentar “certificación de no tener antecedentes de violación de derechos humanos y de gatillo fácil”.
Esta es una de las cuestiones planteadas por la organización de Madres del Dolor, que además reclamó que “desde las justicias provinciales se aumente la capacidad de condena”, aseguraron a Noticias Argentinas fuentes gubernamentales.
Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, anticipó que la Provincia optará por sumar a retirados de la policía.
En su discurso, Cristina Kirchner cuestionó la forma en que se difunden los hechos de inseguridad en los medios, coincidiendo con la ministra de la Corte Carmen Argibay, al sostener que si “todo el día” se difunde o se repite algún “robo o toma de rehenes” parece que fueran 350 los hechos.
Al respecto, indicó que “está comprobado científicamente que si se repite 35 veces durante el día una violación, un hecho delictivo por televisión, vos tenés la sensación cuando salís de tu casa de te van a violar”.
En ese sentido, aseguró que “lo importante es informar y no atemorizar”, lo cual “no significa minimizar ni relativizar, sino darle el nivel de seriedad y responsabilidad al informar pero no atemorizar”.
La jefa de Estado pidió “no crear sensaciones”, sino “buscar soluciones” a los problemas sobre la inseguridad, y aclaró que “la extrema riqueza conviviendo al lado de la extrema pobreza” se relaciona con los niveles de delincuencia en el país.
En ese contexto, evaluó que se producen “niveles de resentimiento y de deseo de tener lo que tiene el otro a cualquier costo”. (NA)

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