El Gobierno lunghista respaldó a Diéguez, que irá a la indagatoria y seguirá en su cargo

Las primeras horas de explosión mediática que provocó El Eco de Tandil con la conformación del llamado a indagatoria al subsecretario de Desarrollo Social estuvieron signadas por un profundo hermetismo de parte del lunghismo.

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Tras algunas reuniones de integrantes del Gabinete con el intendente Lunghi, finalmente ayer el secretario de Legal y Técnica Atilio Della Maggiora rompió el silencio en una conferencia de prensa que tuvo lugar cerca del mediodía. En apoyo, se sentó a su lado el director de Asuntos Legales Andrés Curcio.

En principio, el letrado remarcó que son “presuntas” las irregularidades que se investigan en la instrucción penal preparatoria que lleva adelante el fiscal Marcos Egusquiza y que había sido iniciada por Marcelo Fernández.

“El licenciado Diéguez va a comparecer ante la Justicia el día que ha sido citado, que es el lunes 14 de julio, y él dará las explicaciones específicas, en ese contexto, de cada uno de los hechos, que son distintos y tienen distintas características, de cuál es la explicación que tiene cada supuesto que aparece como una presunta, una supuesta irregularidad”, anunció el secretario de Legal y Técnica.

Tras confirmar que el subsecretario se pondrá a disposición del fiscal, destacó que “esto ha sido una tónica permanente del Gobierno municipal. Desde que la causa se abrió, el Municipio ha aportado cuanto informe se le ha requerido, en innumerables ocasiones, muchísima documentación. Si la causa llegó a este estado es porque el propio Municipio aportó la documentación para la investigación, porque está convencido de la transparencia de su procedimiento y de la honestidad de su personal”.

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Descartó cualquier delito y evaluó que “se está hablando solamente, desde el punto de vista penal, de malversación, que significa aplicar a una partida un destino aparentemente distinto del que le correspondería. Pero digo y remarco, aparentemente. No estamos confirmando nada; no hay nada aquí confirmado; no hay nada aquí probado; no hay acusaciones”.

En ese sentido, llamó a ser “muy cuidadosos con las palabras y con el estado de la situación” y afirmó que “no hay ningún atisbo en ninguna actuación judicial, ni el más mínimo atisbo, de que algún funcionario actual o anterior se haya visto enriquecido o favorecido, directa o indirectamente, por las ayudas sociales directas”.

Della Maggiora confirmó que hasta el momento sólo fue convocado a comparecer ante la Justicia el subsecretario de Desarrollo Social, aunque explicó que podría haber otros funcionarios citados de acuerdo “a las conclusiones a las que vaya arribando el fiscal interviniente. Hoy la persona que está convocada de carácter es el licenciado Rubén Diéguez. El único que está en algún grado de imputación es Diéguez. No hay otro”.

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El secretario ratificó que “el Gobierno municipal está convencido de la transparencia de sus procedimientos, de la legalidad de los procedimientos y de la honestidad de sus funcionarios” y afirmó que el diálogo de los integrantes del gabinete con Rubén Diéguez es permanente.

 

Dames, otra vez a escena

En relación al asesoramiento jurídico del subsecretario, explicó que el equipo de Legal y Técnica, como órgano de asesoramiento del Gobierno municipal, acompaña los actos administrativos pero “no asume como secretaría defensas particulares de funcionarios ni de empleados municipales”.

Agregó que “el licenciado Diéguez tendrá su propia defensa porque no nos corresponde a nosotros asumir específicamente la defensa personal -cuando hay una causa penal es una defensa puntual del propio funcionario-, orgánicamente, como Secretaría Legal y Técnica”.

Según confirmó este Diario, será Jorge Dames el abogado que representará a Rubén Diéguez en la causa penal caratulada “Malversación de fondos públicos y falsedad ideológica de instrumento público, reiterado”.

De este modo, el lunghismo vuelve a confiar en el reconocido penalista para resolver este caso, como ya lo había hecho en la causa que involucró al por entonces director de Cementerios Carlos Balbín y hombre del círculo de mayor confianza del Intendente.

 

Comprenden, pero no comparten

-En la causa el fiscal encuentra algunas cuestiones que tienen que ver con el pago de servicios por una vía que no era la reglamentaria, como el transporte de piedra de las canteras, el pago a plomeros y gasistas, la contratación de baños químicos, etc. Allí encuentra motivos para seguir adelante con la causa…

-Bueno, entiendo cuál es el análisis que hace el fiscal. Yo estoy diciendo que eso no es así. Que yo comprenda cuál es la posición del fiscal no significa que deba consentir la posición del fiscal. Distingamos claramente estos dos escenarios.

-¿Descartan totalmente que se hayan pagado servicios con subsidios sociales?

-Exactamente. Acá el tema es otro. Hay un cauce administrativo por el cual se conceden las ayudas sociales directas. Ese cauce administrativo, por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, nunca ha sido cuestionado. Es más, ha sido aprobado explícitamente. Por lo tanto, porqué voy a suponer que hay irregularidades en eso si mi órgano de control específico, el que se encarga de dictaminar sobre la legalidad del uso del erario público, que es el Tribunal de Cuentas, me dice que está bien.

Entonces, que el fiscal sospeche, iremos y se darán las explicaciones del caso. Por eso, el licenciado Diéguez, convencido de la legalidad de lo que hace, de su honestidad -que creo que nadie puede poner en tela de juicio- va a comparecer ante las autoridades judiciales como corresponde.

-¿Cómo impactó el cambio de fiscal en la instrucción penal preparatoria?

-Me parece que la causa se venía trabajando. Por supuesto, la investigación es compleja porque hay muchos elementos desde el punto de vista documental, fundamentalmente. Esto no es tanto testimonial. Entonces, cada vez que a la Municipalidad se le requería un informe, iban fojas y fojas y fojas, inmensos. Entonces, el avance de la investigación está marcado necesariamente por esa retroalimentación permanente, la propia investigación y lo que se le requería al Municipio.

No me parece que la intervención del fiscal Egusquiza o del fiscal Fernández sean el más y el menos respecto a la marcha de la investigación. Está bien, la investigación avanzó hasta determinado momento, el fiscal hoy entiende que hay elementos para llamar al 308 (indagatoria) y llama.

-¿Los funcionarios de Desarrollo Social seguirán todos en sus cargos? ¿Hay alguna determinación del Gobierno en este aspecto?

-De momento están en su cargo porque hay un convencimiento de la legalidad del procedimiento. Si nosotros hubiéramos tenido una observación desde el punto de vista del Tribunal de Cuentas o algo por el estilo, hoy tendríamos otra posición. Pero la verdad es que cuando nuestro órgano de control nos dice que el procedimiento es correcto, el Gobierno municipal no tiene porqué dudar de un funcionario y, consecuentemente, me parece que sería descabellado en este momento decirle al licenciado Diéguez que deba tomar algún tipo de decisión en este sentido. 
 

Enojado, Della Maggiora dijo que Pellegrino incurrió en una “irresponsabilidad profesional”

El secretario de Legal y Técnica Atilio Della Maggiora calificó de “llamativas” las declaraciones de Ariel Pellegrino, patrocinante en la denuncia por irregularidades en Desarrollo Social, quien le había dicho a este Diario que “las pruebas fueron favorables, los hechos se probaron todos en las circunstancias que se presentaron. Por las pruebas que vi y el expediente, puedo asegurar que es culpable y que hubo una malversación de caudales públicos”.

Tras leer esas expresiones, el secretario dijo ofuscado: “Esto, cuanto menos, es una irresponsabilidad profesional. Cuanto menos. Tengo que estar enojado porque se salen a decir barbaridades y después, esas barbaridades se traducen en comentarios periodísticos y en reflexiones periodísticas. Partamos de hipótesis correctas”.

Por otra parte, rechazó el concepto del doctor Pellegrino, quien explicó que las instancias de acusación en un proceso son tres: al momento de llamar a indagatoria, la elevación de la causa a juicio y los alegatos.

“No hay tres acusaciones en un proceso penal, hay solamente una. ¿Saben cuándo se produce? Cuando termina el proceso oral y el fiscal acusa a la persona a la que se enjuició”, opinó el letrado del Ejecutivo.

Indicó que al momento de la indagatoria no hay acusación y que podría no haberla en el avance de la causa. Como ejemplo, citó el reciente juicio a Néstor “Pico” Díaz, donde el fiscal Gustavo Morey -tras la instrucción de su par Marcelo Fernández- desistió de la acusación y el imputado quedó en libertad.

Volviendo a Diéguez, sostuvo que “está llamado a dar explicaciones. Esas explicaciones pueden ser satisfactorias a mediano o a largo plazo, y finalmente puede que ni siquiera haya una acusación”.