El Gobierno Nacional repudió la aprobación de la “directiva de retorno” europea

La postura fue dada a conocer a través de un comunicado de Cancillería en el que además del “lamento”, el Gobierno aseguró que con algunos conceptos de la declaración europea “se violan derechos humanos elementales”. “El gobierno argentino reitera, una vez más, que migrar no es un delito.
Por lo tanto, rechaza el uso de conceptos tales como migración ?legal? e ?ilegal?”, afirmó el comunicado. Además, indicó que “la cuestión migratoria sólo podrá ser resuelta de manera eficaz si es abordada desde el punto de vista del respeto integral de los derechos humanos y el fomento del desarrollo económico y humano”. La Cancillería sostuvo que establecer restricciones, incluidos largos períodos de detención administrativa e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación constituye una violación de los derechos humanos fundamentales.
Asimismo, señaló que el respeto de los derechos humanos de los migrantes debe ser independiente de su condición migratoria. La polémica legislación a la que hace alusión Cancillería es al documento que este mediodía recibió 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones en el parlamento conformado por representantes de los países que conforman la unión Europea.
Esta directiva europea ha recibido -en pocas horas- numerosas críticas entre diversas ONG?s, juristas e intelectuales que consideran que se vulneran y recortan los derechos humanos de los inmigrantes “sin papeles”. Por su parte, la República Argentina destacó que todos deben reconocer la reciprocidad y corresponsabilidad históricas del fenómeno migratorio integralmente considerado, para beneficio y enriquecimiento mutuo, sólido y duradero, tanto material como cultural.
En ese sentido, el Gobierno argentino resaltó que el país reconoce, a través de la ley de Migraciones, la plena igualdad de derechos civiles para extranjeros y nacionales establecida por la Constitución Nacional, en particular, lo referido a acceso a bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. En el plano regional, la Argentina viene implementando exitosamente el Programa “Patria Grande” que permite regularizar la situación del inmigrante de los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados.
Esto último se da a través de un trámite sencillo y rápido que establece como únicos requisitos los criterios de nacionalidad, identidad y falta de antecedentes penales, lo que -según Cancillería- ha permitido regularizar la situación de medio millón de inmigrantes.

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