El juez Zárate anunció que se resolvió de modo pacífico el desalojo de la familia Blanco Galabert

Los protagonistas del conflicto, donde estaba latente una medida de desalojo, convinieron en mantener la reserva sobre los términos del arreglo y que el único portavoz sería el propio magistrado.

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A pesar de esta tardía cláusula de confidencialidad, durante las fluctuantes negociaciones trascendió que las cuatro familias que habitaban el lugar recibirían ayuda con el pago de alquileres mientras logran levantar sus casas en dos terrenos que les cedería Betelú a cambio de que liberen el predio.

El 24 de febrero pasado, los descendientes de Blanco –apoyados por militantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC)- se resistieron al desalojo, pese a las decenas de policías que se hicieron presentes para efectivizar la medida dispuesta por un juzgado de Capital Federal y que debía efectivizarse a través del Civil y Comercial 1 de Tandil.

Durante esa mañana se vivieron instantes de máxima tensión. Finalmente, el doctor Zárate se puso al frente de la mediación y logró un acuerdo de palabra para que las familias se fueran de manera pacífica.

En esa instancia, aceptaban el pago del alquiler de cuatro viviendas por un año pero la situación viró el domingo 2 de marzo, cuando Esteban Blanco denunció que el dueño del predio lo había amenazado con un arma de fuego y se cayó el principio de solución. Desde ese momento, los habitantes de las tierras exigieron dos lotes para poder garantizarse un techo propio a mediano plazo.

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Tras varios días de incertidumbre, ayer el juez volvió a visitar el lugar y acordó con las familias que dejarán la propiedad en los próximos días. A priori, habrían aceptado dos lotes en el barrio La Unión y el alquiler de cuatro casas mientras construyen las propias.

 

Sin detalles

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En diálogo con El Eco de Tandil, el juez Zárate adelantó que “resta la ejecución pero tenemos el acuerdo” para que las cuatro familias descendientes de Blanco dejen el predio pacíficamente.

Sobre los detalles, manifestó que “luego de las implicancias y los efectos que tuvo la primera negociación, tomamos la decisión juntos de que yo iba a ser la voz que expusiera la situación, que dejara en claro que desde mi lugar imparcial todos los elementos fueron tenidos en cuenta; y luego, que los contenidos del acuerdo quedaban en un ámbito de privacidad y reserva”.

El magistrado explicó que en el marco de la ejecución de la medida dispuesta por un juzgado de Capital Federal -que estaba obligado a hacer cumplir- y teniendo en cuenta la situación violenta que se había producido hace dos años en la primera suspensión del desalojo, optó por intentar buscar una salida pacífica al litigio.

“Era mi obligación proveer la medida, llevarla adelante”, dijo y aclaró que “quería a hacerlo pacífico y tenía todo a mi alcance”.

 

Desalojo en suspenso

La familia Blanco Galabert fue sorprendida el 24 de febrero pasado con el operativo policial frente a su domicilio, ya que como el desalojo estaba en suspenso no cabía una notificación previa para avanzar con el procedimiento.

“La medida judicial, desde que tomo contacto en el juzgado con la misma, arranca hace dos años. Procesalmente existe el recurso de cumplir con los pasos y en determinado momento suspender el desalojo, pero la suspensión a nivel procesal no significa que se retrotraiga todo al principio”, explicó el doctor Zárate y precisó que “de hecho hoy tenemos suspendida la materialización del desalojo”.

En este sentido, indicó que si no se hubiera arribado a un nuevo compromiso, no habría que cumplir con pasos previos a la orden de desalojo que se encuentra en stand by.

 

“No son delincuentes”

 

El principio de acuerdo al que habían llegado el último 24 de febrero se cayó ante la denuncia de Esteban Blanco por amenazas y la situación mutó ante la falta de confianza de los habitantes del predio.

Con la finalidad de reencausar una salida pacífica, el juez Zárate volvió a encontrarse con las familias y ayer construyó otro acuerdo de palabra, que entiende que será el definitivo.

“Lograr que esto sea pacífico no solamente tiene que ver con mi interés personal sino que la situación de la familia Blanco es especial porque ellos no son delincuentes en el sentido más propio de la palabra, de hacer un acto doloso, de infraccionar una ley. Ellos nacieron ahí”, destacó el magistrado.

En este sentido, Graciela Galabert, viuda de Blanco, a quien el dueño original dejó a cargo del terreno hace más de tres décadas, había confiado en obtener la documentación que acreditara sus derechos de propiedad sobre el lugar, pero no había tenido éxito.

José Zárate describió que “su estado de conciencia de derecho no se veía reflejado en lo jurídico”, entonces “su situación ameritaba que uno los escuchara, los contuviera, los hiciera razonar. No me puse en ningún rol que no corresponde, simplemente esa situación también era destacable”.

De este modo, despegó este caso de otras ocupaciones o usurpaciones donde los protagonistas conocen que están actuando fuera de la ley cuando deciden ingresar a una propiedad. 

“No es una usurpación. El padre de esta familia estaba ahí con tolerancia del dueño. Eso ya le quita cualquier signo de delito, porque era el cuidador, tenía permiso”, reafirmó.