El Municipio espera una decisión judicial en el caso Rojo e irá contra el anestesista en el futuro

La gestión Lunghi se amparó en la espera de una resolución judicial para hacerse cargo de los daños ocasionados a Roberto Rojo, el paciente al que el anestesista Eduardo Rossi, contra quien la comuna cargará ante la Justicia en un futuro, le inyectó formol accidentalmente el 26 de febrero de 2007, durante una intervención quirúrgica que se llevó a cabo en el Hospital Santamarina.
El jefe de Gabinete, Carlos Fernández, respondió a las declaraciones de la esposa del damnificado, Mercedes Galardi, que en la edición de la víspera de este Diario manifestó que el Gobierno pone trabas en la resolución del caso, no le presta ayuda económica a la familia y además se quejó por el cierre de la causa administrativa por un decreto del Intendente.
?Yo leí con un grado de preocupación la nota en la que los familiares de Rojo responsabilizan al Municipio. No voy a negar que exista una responsabilidad como empleador, a partir de un error (por lo menos hasta ahora está caratulado así) de un trabajador municipal, en este caso un anestesista, el doctor Rossi?, comenzó Fernández.
?Pero responsabilizar al Municipio en estos términos es un error. Comprendo el dolor de la familia, pero el Intendente en particular viene cumpliendo estrictamente lo que dijo. Prometió que se iba a allanar al hecho y así lo hizo. Nunca pusimos en discusión que se produjo el accidente, los abogados del Municipio no lo hicieron. Eso hubiese demorado todo desde el punto de vista legal?, argumentó el jefe de Gabinete.
El caso Rojo regresó a los primeros planos de la opinión pública luego de que se conociera que el intendente, Miguel Lunghi, a través de un decreto, ordenó el cierre de la causa por ?la imposibilidad material de realizar imputación en el ámbito administrativo al único responsable detectado en autos?, puesto que el anestesista se jubiló y no pertenece más a la planta municipal.
Para el 11 de septiembre a las 10, el juez Pablo Gabriel Quaranta citó al Gobierno y a la familia Rojo a una audiencia, a raíz de una presentación conjunta para que se designe un perito en neurología y medicina laboral que determine el grado de incapacidad del paciente, base para fijar el monto indemnizatorio que deberá desembolsar la comuna.

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El descargo
de Fernández

-¿Cuál es la postura municipal de cara al devenir del caso?
-Sucede que el Intendente, a través de sus representantes legales, no puede definir por sí mismo un monto indemnizatorio. Nosotros somos representantes públicos, trabajamos con el dinero ajeno. Cuánto es el ?quantum? lo tiene que definir la Justicia, a través de una sentencia que se base en un peritaje.
Por eso, con fecha 13 de junio, y de manera conjunta con los abogados de la familia, se le solicitó al juez la designación de un perito médico para que determine cuál es el porcentaje de incapacidad permanente que tiene el señor Rojo y a partir de eso la Justicia determine cuál es el monto indemnizatorio.
-¿A cuánto asciende el monto que le reclama la familia al Municipio?
-No lo sé, pero hay que entender que el Intendente es un simple administrador. No puede decidir, como si fuese plata de él, cuánto se le va a pagar a la parte interesada, en este caso, la querella. Se pone en la cabeza del Intendente una responsabilidad que no tiene. Hay responsabilidades del punto de vista legal, porque luego hay que rendir al Tribunal de Cuentas todo este tipo de cuestiones.
-La esposa de Rojo se quejó por la falta de ayuda de la comuna luego de las elecciones y acusó de poner trabas.
-Lo que solicitó se le fue brindando, medicación y atención. Lo que pasa es que sus abogados plantearon un quantum de indemnizaciones y a eso el Municipio no puede acceder graciosamente. Yo no puedo allanarme en cuanto al monto. Debe haber un peritaje médico y a la postre la decisión de un juez, porque después hay que responder ante los organismos de contralor. Esto no se dilató ni se intentó dilatar.
-También comentó que en el Hospital no le entregaron un certificado a tiempo, argumentando razones políticas, y perdió la cobertura de la obra social.
-El certificado se lo dio el Hospital a través de un fisiatra del Municipio. Además, no hay ninguna obra social que dependa de un certificado entregado por el Hospital. Si no te lo da el Hospital, el certificado te lo puede dar cualquiera. Tampoco me puedo hacer responsable por lo que le hayan dicho a ella, porque puede haberse entrevistado con cualquiera. Acá hay mucha presión de los profesionales que acompañan todo este tipo de cuestiones. Un juicio por mala praxis dura entre ocho y diez años. Esto no se puede transformar en ocho días. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para acelerar los tiempos al máximo.
-¿Cuál será la postura del Municipio en relación a Eduardo Rossi?
-Nosotros tenemos que hacer las cosas de tal manera para luego reclamar contra el verdadero responsable que, en este caso, sería el anestesista. Si acá queda probada la mala praxis, yo tengo la obligación legal de recurrir judicialmente contra el que le generó al Municipio la obligación de pagar.
-¿Cuál es la explicación que brinda sobre el cierre administrativo del caso?
-Rossi se jubiló, por lo tanto no puede caberle ningún tipo de sanción administrativa. Finalizó el vínculo laboral con el Municipio, aunque sigue la responsabilidad civil. Entiendo el dolor de la familia, pero los procedimientos son así. *

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