El Municipio reclamó el desalojo judicial y desde el CIC contraatacaron con denuncias

Tanto la Municipalidad como los ocupantes del CIC concretaron en la víspera nuevas jugadas estratégicas en el complejo tablero enmarcado por la toma del centro de La Movediza y la problemática habitacional.
Por la mañana, los abogados municipales Analía Mastropierro y César Bayerque, presentaron ante la Justicia local una medida tendiente a desalojar lo antes posible el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio La Movediza.
 ?Hemos iniciado una demanda de desalojo por intrusión contra los señores Olano, Maestrojuan, Bravo, la señora Almaraz y cualquier otro ocupante del inmueble sito en La Pastora y Misiones, en razón de la ocupación que se lleva a cabo desde el 20 de octubre?, dijo Analía Mastropierro.
La abogada añadió que se aguarda la radicación ante alguno de los tres juzgados civiles y comerciales con asiento en Tandil, a la vez que remarcó que ?el accionar de los intrusos afecta derechos de los demás ciudadanos?.
Explicó que por la presencia y los actos de los ocupantes del CIC se han dejado de prestar o resentido servicios de salud, cursos de capacitación y otras actividades que normalmente se desarrollan en el centro comunitario.
 ?En el Salón de Usos Múltiples funciona un centro de formación para adultos, otro de informática, se dicta un curso de construcción ciudadana, uno de reparación de PCs, talleres de dibujo y pintura y otras actividades, todas las cuales se vieron suspendidas por la toma del edificio?, dijo Mastropierro, aunque sus conceptos fueron desmentidos por referentes de los ocupantes.

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Promesa incumplida

Los funcionarios comunales entienden que se ve resentida la práctica de deportes y que no se cumplió con la promesa de no entorpecer las cuestiones relacionadas con la atención de la salud.
Los profesionales pretenden que ?se restituya ese edificio a toda la comunidad rápidamente y deje de ser botín de un grupo minúsculo y con intereses políticos evidentes, manifestaron los profesionales?.
Además, confiaron en que los tiempos judiciales de la medida cautelar innovativa -que consiste en la inmediata restitución del inmueble- puedan acelerarse porque ?una demora implica el peligro de seguir resintiendo servicios importantes para la comunidad?.
Entre la jurisprudencia se mencionó que ?el caso de un predio de Bodegas Giol que fue ocupado ilegalmente se resolvió en quince días?, remitió Mastropierro y confió que ?por estos antecedentes el pedido del Municipio tiene buen pronóstico y podría resolverse en el mes de diciembre?.
Cabe mencionar que ?sólo se pidió la restitución. No hay planteos sobre la responsabilidad de quienes llevan adelante la toma?.*

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