El oficialismo busca acercar posturas antes de definir el convenio urbanístico de Segurola

En el marco del debate por el convenio urbanístico que firmó el Intendente con la familia Segurola, que pretende lotear manzanas sobre la avenida Don Bosco, ayer por la mañana se desarrolló una reunión en el Concejo Deliberante para comenzar a buscar una resolución a la conflictiva situación. El viernes se llevará adelante otro encuentro con los abogados de los propietarios de las tierras.
Cabe recordar que el Frente Para la Victoria días atrás manifestó su oposición a ese acuerdo que establece que los propietarios podrían comercializar los terrenos para viviendas unifamiliares a cambio de ceder un predio lindero a la comuna, ubicado sobre el corredor serrano de Las Animas.
Estuvieron presentes en el encuentro de ayer concejales de los tres bloques, el presidente del cuerpo Legislativo Juan Pablo Frolik, el secretario de Obras Públicas Mario Civalleri y la directora de Desarrollo Urbanístico Marina Santos.

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Antecedentes
históricos

El presidente del bloque del Frente Para la Victoria Pablo Bossio explicó que la reunión duró más de dos horas y se hizo un repaso de los antecedentes históricos de la temática, el que consideró como “muy enriquecedor”.
En ese sentido, puntualizó que “tiene que ver primero con la vocación del Estado municipal de expropiar, luego la imposibilidad de pagar esa expropiación. Posteriormente, el comienzo de la discusión sobre el PDT, y la intención paralela de los dueños en aquel entonces, en el año 2005 y 2006 de subdividir, la imposibilidad de hacerlo como consecuencia de las indicaciones que generaba el PDT en su etapa preparatoria que después la declara como Zona de Especial Interés Urbanístico, y surge nuevamente la imposibilidad de subdividir”.
Todo ese resumen histórico demuestra “a las claras que había una intención del Estado de proteger esas tierras y un interés del privado de desarrollar una subdivisión”.
“Hoy nos encontramos el Ejecutivo y el Concejo Deliberante con la necesidad de darle la resolución más equilibrada posible, porque se suman terceros interesados en que se solucione porque fueron adquirientes de lotes, incluso ya muchos de ellos construyeron sus casas y efectivamente si no se lograra contar con la subdivisión habría un conflicto latente con los propietarios de la tierra, con los desarrolladores del proyecto”, expuso.
Y añadió que “en definitiva confluyen intereses de privados frente al interés del Estado de preservar ese espacio”.
Frente a toda esta situación, recalcó la necesidad de que “se lleve adelante una audiencia pública, porque es necesario que los vecinos conozcan estos detalles, y que efectivamente el tratamiento que se dé sea el más equilibrado posible, teniendo en cuenta todos estos intereses que confluyen, de los dueños de la tierra, de los adquirientes de buena fe y el interés del Estado en preservar determinados sectores de la ciudad y en su rol protagónico de planificador del territorio”.

Encontrar el
equilibrio

En ese marco, Bossio subrayó la necesidad de “abastecernos de la mejor información. Hoy (por ayer) fue el secretario de Obras Públicas, el viernes van a ir los abogados de los dueños de la tierra. Queremos ir escuchando diferentes voces porque nos parece lo más adecuado a la hora de encontrar el equilibrio”.
“Estamos hablando de un caso complejo desde varios puntos de vista. Por un lado nosotros creemos que el Estado es quien debe planificar el territorio; por otro lado está el interés de un privado en llevar adelante un negocio inmobiliario y por otro, hay terceros que adquirieron de buena fe. Con toda la información cada bloque tendrá su postura”, sostuvo.

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Casas infraccionadas
En tanto, Bossio explicó que hay tres casas construidas en el predio y ayer en la reunión los funcionarios municipales confirmaron que ya fueron infraccionadas porque la construcción se llevó adelante en contravención al Código de Edificación.
“No tienen planos aprobados, están en una situación compleja, porque no están construidas sobre ningún plano ni subdivisión, ni tampoco ningún plano de obra privada, pero ellos quieren regularizar la situación. Esta es una situación compleja porque genera un antecedente negativo para el Estado, con el poder de policía que debería ejercer para que no sucedan este tipo de cosas y evitar que se construyan estas casas”, cuestionó.
Por esa razón, manifestó la importancia de asesorarse con los abogados de los propietarios de las tierras ya que “tenemos entendido que no está todo el loteo vendido y tal vez haya algún margen para plantear otro tipo de salida porque no estaríamos hablando de la afectación de terceros”.
“El Estado no controló debidamente la situación y se llega a esta instancia donde el daño que se produce es mayor que el beneficio que se consigue”, criticó.

El convenio

En cuanto al convenio urbanístico, aseguró que “entendemos los alcances de la negociación del Municipio pero nos parece que si vamos a hacer un convenio urbanístico para generar suelo, deberíamos priorizar otros destinos del suelo; no sólo pensar en la preservación de las sierras, que ya consideramos que están protegidas”.
“Esto tiene varios capítulos, no se resuelve en esta reunión ni en la próxima. Va a haber varios encuentros en los que indefectiblemente vamos a tener que llegar a una resolución”, vaticinó.
Por último, adelantó que “en este momento queremos saber qué cantidad de lotes de los 42 ya fueron vendidos. Es un dato importante para saber qué cantidad de terceros afectados podría haber frente a alguna situación de no aprobación”. u

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RECUADRO***
“Es el primer convenio urbanístico al
que le vemos sentido”, dijo Ersinger

Por su parte, el concejal Claudio Ersinger, consideró que la reunión fue “muy productiva porque se nos clarificó mucho la situación. El Frente Para la Victoria hizo muchas preguntas para sacarse dudas”.
“El bloque oficialista ya tiene una decisión tomada. En cuanto a Pablo Díaz Cisneros y yo -la dejo afuera a Beatriz (Fernández) porque está de viaje y no pudimos profundizar con ella- creemos que es el primer convenio urbanístico al que le vemos sentido”.
Y detalló que las razones son que “lo que pide la familia no es una excepción, es obligación del Gobierno local darle indicadores a una Zona Especial de Interés Urbanístico, que no los tiene. Nosotros entendemos que eso es lógico y razonable, y lo propuesto oportunamente en el proyecto no está mal tampoco, que la superficie mínima de los lotes sea de 1500 metros cuadrados”.
“En ese sentido, compartimos la visión y el convenio en sí tampoco lo vemos mal. Así que nosotros no tenemos mucho más para aclarar, pero sí vamos a participar de las reuniones”, sostuvo. u