El rol opositor de Fernández en el Senado perturba la relación entre Scioli y Lunghi

Según datos a los que logró acceder El Eco de Tandil, el perfil de férrea oposición que ejerce el legislador del radicalismo Carlos Fernández, en el Senado bonaerense, trastoca la relación entre el gobernador de la provincia Daniel Scioli y el intendente Miguel Lunghi.
Fuentes bien informadas aseguraron a esta Redacción, tras la suspensión del encuentro programado y promocionado que se iba a concretar entre la ministra de Infraestructura, Cristina Alvarez Rodríguez, y el intendente Miguel Lunghi, que el jefe comunal tandilense llamó durante las últimas semanas ?entre cuatro y cinco veces? al mandatario bonaerense.
Scioli no sólo no atendió el teléfono, sino que cuando entabló contacto le habría reprochado que el problema era ahora de un tenor estrictamente político: ?Sabe lo que pasa Intendente, que acá hay un senador suyo que lo único que hace es meter pedidos de informes y complicar las cosas?, le habría dicho el Gobernador, molesto por el vuelo opositor del ex jefe de Gabinete tandilense, actualmente en la Legislatura.

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La saga del chocolate

Fernández, a saber, ha elevado varios y algunos de ellos al ritmo de la agenda mediática. En enero pidió informes al Gobierno provincial sobre el financiamiento a la obra teatral del empresario Ricardo Fort.
Para Fernández, era ?imprescindible transparentar las contrataciones y aportes que, a través de distintos organismos, se realizan en la Provincia de Buenos Aires. De ser ciertas las declaraciones de Ricardo Fort, resulta absolutamente incongruente que un Gobierno con extremas necesidades financieras, que ha tenido que apropiarse de fondos pertenecientes a Gremios y distintas ONGs para poder completar el pago de salarios, dilapide recursos públicos financiando aportes culturales de relativo valor, máxime teniendo en cuenta que se trata de supuestamente acaudalados millonarios que no necesitarían justamente del aporte público para seguir estando en cartelera.?

Polémica en la arena

Luego, y en medio de la puja política en Pinamar entre Mercedes Taurizano (Coalición Cívica) y Rafael de Vito (alineado con Scioli), el senador tandilense le apuntó una vez más al Gobierno. Fernández presentó un pedido de informes sobre una Resolución de la Secretaría de Turismo en la que se basó el intendente De Vito para vetar la ordenanza que suspendía el llamado a licitación para la explotación de las playas.
Denunció en esa oportunidad que el secretario de Turismo, Ignacio Crotto, cometió  ?irregularidades? que se desprenden de ?la falta de elementos que impiden realizar una evaluación seria? para el dictado de la resolución.
El senador denunció ?beneficios personales por encima del interés público? y llama a terminar con ?la mixtura de negocios y política? que rozan ?el límite de las sospechas de mezcla de lo público con lo privado”.
Tras la derrota de Taurizano en manos del candidato sciolista, el tandilense reclamó ?también desde su banca- precisiones sobre distintos aspectos vinculados con el programa ?voto electrónico? en la Provincia de Buenos Aires.

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Puja por los efectivos

El radical insistió también desde el Parlamento para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, instrumente las medidas necesarias para que los egresados de la Escuela de Policía ?Juan Vucetich? regresen a prestar servicios a sus lugares de origen.
Fernández  remarcó que ?el hecho de ser de la ciudad o del barrio en donde se brinda el servicio, permite el conocimiento pleno de pautas culturales y sociales que indudablemente coadyuvan a resolver satisfactoriamente el mismo?.

En medio de la polémica

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El jefe de Gabinete de L, además, ha motorizado y promocionado pedidos en medio de cuestiones polémicas en la agenda del sciolismo como el fallecimiento de la familia Pomar, pidiendo informes sobre la situación de la Ruta Provincial 31 y la interpelación del entonces ministro de Seguridad, Carlos Stornelli.
También en torno a los hechos acaecidos en la ciudad de San Antonio de Areco y aledañas, con respecto a canales ilegales y clandestinos de riego y drenado de las zonas agropecuarias, una inundación que generó una fuerte polémica entre el kirchnerismo y las entidades del agro, por las responsabilidades de esa situación. *