El senador Fernández dice que se cometen 72 hechos delictivos por hora, en provincia

El vicepresidente del bloque de senadores provinciales de la UCR, Carlos Fernández, presentó un proyecto de Ley en la Cámara alta bonaerense mediante el cual incluye, entre los beneficios que otorga la Ley 10.205, pensiones sociales a derechohabientes de víctimas del delito de homicidio en ocasión de robo o secuestro.
A lo largo de la presentación, el legislador sostuvo que ?existe un promedio de 72 hechos delictivos por hora en la provincia de Buenos Aires según las cifras proporcionadas por la Procuración General de la Suprema Corte y un enorme incremento en el nivel de violencia de los hechos delictivos, que obviamente genera víctimas inocentes?.
En este sentido, Fernández, sostuvo que ?la inseguridad  no tiene que ver con las estadísticas cuando se trata de la vida de la gente. No existe informe, propuesta o fusión de ministerios que dé respuesta a la persona que le asesinaron un ser querido pero, al menos, el presente proyecto pretende brindar un mínimo marco de contención al grupo familiar ante dicha pérdida?.
Por otro lado, Fernández remarcó que su iniciativa tiene correlato con la solicitud del Concejo Deliberante de Tandil, pronunciada en la  Resolución Nº 2257.
Al mismo tiempo, el senador radical presentó una iniciativa para que el Congreso Nacional contemple la posibilidad de realizar las modificaciones necesarias a la Ley 13.337, con el objeto de incluir entre los beneficiarios de la misma a los familiares de víctimas del delito de homicidio en ocasión de robo o secuestro.
En su momento el Concejo Deliberante de Tandil sancionó una Resolución a raíz de un proyecto presentado por el concejal Hugo Escribano. En el mismo se solicitaba que el Estado se hiciera cargo ante el deceso de una persona víctima de un hecho delictivo de las consecuencias que se generaba para sus herederos y familiares.
Y en la solicitud de alteración se argumenta ?el papel indelegable del Estado en materia de seguridad ciudadana y ante la evidente escalada de violencia que afecta a todos los habitantes del país, resulta imprescindible brindar respuesta a las víctimas?.

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Un aumento del 35%
según cifras oficiales

En abril pasado el mismo gobierno provincial reconoció que aumentaron un 35% los delitos graves en la provincia de Buenos Aires. La cifra fue admitida desde el Ministerio de Justicia y responde a datos cuantificables con respecto al número de detenidos con condenas no excarcelables. Además aceptaron que la violencia ha llevado a que los casos de robos sean siempre con armas.
El drástico aumento de delitos graves reconocido por el ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal asciende a un 35 por ciento. La cifra es el resultado de la cantidad de casos que no permitan la excarcelación, como lo hacen los casos de menos violencia que sí posibilitan que el detenido sea eximido de prisión.
En la presentación de los resultados de la exposición que encabezó en las sesiones de las Naciones Unidas, el titular de la cartera de Justicia bonaerense explicitó que la consecuencia del crecimiento en ?delitos graves? responde a muchos factores como puede ser la mayor cantidad de delitos cometidos con el uso de armas de fuego, o la intervención de la Justicia provincial en delitos federales como son la venta y comercialización de drogas, que sumó 1.800 detenidos nuevos al sistema carcelario bonaerense.
El ministro también hizo referencia a cuestiones que tienen que ver con un cambio en el seno de la sociedad y más específicamente en el seno de determinadas clases o sectores sociales en los cuales la violencia ha pasado a ser más extrema. Mientras que, por otro lado, habló de las distintas reformas que comenzaron a limitar el margen de maniobra de los jueces para excarcelar, algo que terminó en que 2.000 personas continuaran sus condenas en prisión. *

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