El testigo detenido por mentir declaró que fue víctima de amenazas

Ayer se reanudó el debate en torno al juicio contra los hermanos César y Jesús Usuna, acusados de intentar matar a Gabriel Curcio cuando éste se encontraba con un grupo de amigos en Fragata Sarmiento y esquina Buzón.

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A más precisiones, el 25 de junio de 2014 previo a las 15.48, aproximadamente, el ministerio público cree que los Usuna, abordo de un auto, arribaron a la esquina y César alias “El Moco” sacó medio cuerpo por la ventanilla del acompañante, estiró su brazo tatuado y empuñando un revólver disparó a diestra y siniestra contra el gentío, impactando dos balazos en la humanidad de Curcio, quien debió ser hospitalizado con serias heridas que, afortunadamente, fueron curadas por los facultativos.

Precisamente ayer la jornada propiciada por el Tribunal redundó en el aporte de los especialistas que intervinieron en el caso, como el médico de policía y los peritos policiales. La convocatoria testimonial no era caprichosa, responde al dispar criterio de las partes. Mientras que para el fiscal hubo intención homicida, para las defensas no. Allí radicaba la importancia del aporte del médico, a la hora de dictaminar la gravedad de las lesiones, como de los expertos en balística para esclarecer la dirección de los disparos entre víctima y victimario.

Empero, el dato distintivo de una audiencia, que una vez más se vio demorada en sus tiempos a raíz del deficitario servicio penitenciario a la hora de trasladar a los acusados desde la unidad carcelaria hasta la sede judicial, estuvo signada por un aporte por fuera del recinto. Es que aquel testigo que quedó detenido en la primera jornada por falso testimonio. Declaró ante un nuevo fiscal por la causa que se le inició y sus dichos trajeron polémica (ver aparte).

 

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Declaraciones

Primeramente pasó frente a los jueces,  pasado el mediodía,  el perito policial telefónico, quien brindó precisiones sobre el protocolo llevado a cabo a la hora de requerírsele información sobre el contenido, en este caso, de los celulares secuestrados a los sospechosos.

En dichos aparatos, el policía leyó lo que oportunamente había volcado como informe al expediente, en el que constaban los mensajes que César Usuna envió a otro celular referido a posibles represalias, venganza ante un incidente previo a lo que luego sucedería, cuando emprendió a balazos contra el grupo de personas, al decir del fiscal Damián Borean.

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En cambio, el experto respondió que ninguna información de trascendencia obtuvo del otro celular secuestrado que correspondería al segundo de los señalados, Jesús Usuna.

Para el fiscal el aporte tecnológico le serviría para demostrar que hubo premeditación en la agresión protagonizada con alevosía por los hermanos Usina, y de allí radicaría uno de los elementos gravosos a la hora de mensurar una eventual pena.

 

La salud del herido

 

Aporte similar volcó el testimonio del médico de policía Roberto Leitao, respecto a la gravedad de las lesiones que sufrió Curcio al recibir el par de proyectiles que impactaron contra su humanidad.

Si bien la severidad de las lesiones está signada legalmente por lo que demanda la inactividad productiva como una eventual incapacidad física a raíz de aquella agresión a la víctima, a preguntas de las partes Leitao señaló que cuando fue a revisar al paciente no revestía riesgo de vida, que no era grave, de lo que se tomaron los defensores para rápidamente pedir al secretario del Tribunal que constara en actas, con lo que pretenderán que las agresiones que se acusan a sus pupilos queden minimizadas a su máxima expresión, léase, lesiones leves.

Lo propio se debatiría con el perito balístico a la hora de reseñar sobre las características del revólver y cómo se habrían ejecutado los disparos. Mientras que el fiscal busca imponer que hubo intencionalidad homicida, para la defensa encarnada por el doctor Marcelo Argeri no quedó acreditada tal hipótesis y apelará por un abuso de armas.

Sin más por volcarse y pasadas las 16.30, el Tribunal daba por culminada la segunda jornada del debate que tendrá su correlato el lunes venidero, con más testigos y un propósito común, escuchar el martes los alegatos para luego sólo aguardar por un veredicto.

 

¿Testigo apresado arrepentido?

 

El dato saliente que despabiló los ánimos de los distintos actores judiciales ocurrió puertas afuera de la sala de audiencias, aunque sus consecuencias tendrían su intenso debate dentro del recinto, a partir de lo que repercutiría en el devenir del juicio.

Es que el fiscal Borean trajo una cuestión extraordinaria a la sala dado que Marcos González, el testigo que quedó apresado por falso testimonio, había prestado declaración en la jornada pasada frente al fiscal Gustavo Morey, a quien le indicó que estaba arrepentido de haber actuado así en el juicio, que había mentido y que quería volver a declarar.

Cabe consignar que el testigo fue aprehendido en la mismísima sala de juicio por su reticencia a declarar y replicar lo que oportunamente había expresado en el expediente, señalando a los hermanos Usuna como responsables de aquella virulenta agresión a tiros. Excusándose de sus problemas con el alcohol, insistió en que no había dicho la verdad en aquellas declaraciones.

Es más, al decir del fiscal ahora, en la nueva exposición el testigo dijo que había mentido por miedo, porque había sido preso de amenazas de parte del entorno de los acusados.

El nuevo elemento traído a juicio despertó el rechazo de los defensores. Principalmente del defensor oficial Carlos Kolbl, quien primero interrumpió al fiscal y luego con vehemencia exigió a los jueces que nada de lo que ahora traía el ministerio público debía ser tenido en cuenta, que formaba parte ya de otro proceso, de una nueva instrucción en ciernes y que atentaba contra el espíritu de lo que allí se estaba juzgando.

“Es extemporáneo, ilógico, absurdo”, el planteo del fiscal gritó el defensor para no dar lugar a que el Tribunal aceptara la nueva instancia que se imponía en un juicio, de por sí enrarecido por la tesitura de los actores primarios de la crónica policial.

Asimismo, arremetiendo con la zigzagueante postura del testigo, pusieron en duda que ahora lo que dijera fuera cierto y no lo que expuso con antelación. Especulándose con que su nuevo cambio de tesitura se debía a que se vería obligado a optar entre ser acusado por falso testimonio por acusar falsamente, lo que implicaría una pena máxima de 10 años, o un falso testimonio menor que implicaría tener una condena excarcelable.

El entuerto fue atentamente seguido por los jueces Pablo Galli, Guillermo Arecha y Carlos Porocena, quienes prometieron resolverlo en la brevedad (el lunes). De aceptar el postulado acusatorio, el juicio ganará un capítulo inesperado en el que promete más suspenso para un veredicto.