En el marco de la ?justicia legítima? anunciaron la puesta en funcionamiento de una Fiscalía Federal para la ciudad

 

Recibí las noticias en tu email

Accedé a las últimas noticias desde tu email

Suscribite al newsletter

Ver más

Ads

La primera, según expresó, la posibilidad concreta que la Justicia y sus actores junto a la comunidad discutan sobre las reformas necesarias a uno de los poderes del estado, como la Justicia.

La segunda, y de neto interés local, la apertura de una fiscalía federal en la ciudad, iniciativa que previamente fue conversada con autoridades locales en pos de su radicación.

El anuncio de la procuradora arrancó espontáneos aplausos del público presente, que copó el solemne salón universitario, entre los que se destacó la presencia de funcionarios judiciales nacionales y provinciales, como actores de la Justicia local, entre ellos jueces, defensores y fiscales, además de abogados y estudiantes de derecho.

Según la funcionaria, precisamente la radicación anunciada tendrá el efecto que persigue el espíritu de esta reforma impulsada, que hace a acercar la Justicia a la gente, puesto que “ayudará a descomprimir el trabajo en el departamento de Azul y mejorará el acceso de la ciudadanía a la Justicia”, dijo.

Ads

Apertura

Gils Carbó, junto al rector de la Unicén Roberto Tassara y la decana de Derecho Laura Giosa, abrió e el encuentro denominado ‘Justicia legitima’, en el Aula Magna de la Universidad, ante un auditorio de unos 200 actores judiciales.

Tanto Tassara como Giosa destacaron la condición de anfitriona de la Universidad para que se debata el estado y reforma del sistema judicial, ya que “no debe existir ámbito más diverso y plural que las universidades, donde seguramente podrán expresar quienes acuerdan o no con lo propuesto para esta reforma”, describió el rector.

Ads

Ya al turno de la procuradora, señaló que “después de 30 años de estabilidad democrática ha llegado el tiempo de hablar sobre la democratización de la Justicia. Los argentinos pudimos liberarnos de los ciclos de dictadura cívico militares que surgían cada vez que los sectores privilegiados veían el riesgo del orden establecido”.

“Ese orden establecido -siguió- se componía de una ecuación, que es su predominio económico y político que les permitiera realizar sus intereses sin limitaciones”.

Gils Carbó sentenció que “hoy en día conservan el predominio económico pero la hegemonía política que es lo que permitía dictar la facultad de las políticas públicas hoy se ha visto limitado por un gobierno popular”.

“Este predominio y hegemonía no sólo estuvieron en ejercicio durante las dictaduras cívico militares, también en el vaciamiento neoliberal”, añadió.

Al respecto, sostuvo que “todo eso fue posible porque había un poder judicial que legitimaba esas grandes inequidades. Estaba adiestrado en su falta de compromiso con los valores democráticos, una ausencia de compromiso con los intereses de la comunidad”.

La funcionaria destacó que “en estos días se inicia el debate de seis proyectos para democratizar ese poder judicial, es decir, para quebrar esa forma de funcionamiento corporativo de la Justicia y acercarla a la sociedad con mayor participación ciudadana”.

Personalmente dijo adherir en un todo en dichos proyectos: “Podría desarrollar muchos argumentos técnicos jurídicos para explicar porqué, pero siempre pienso que los hechos dicen más que los discursos”, y así fue que recordó a unas de las tantas víctimas del sistema judicial que la funcionaria conoció en sus 18 años como fiscal, “porque son los testimonios de vida de esas víctimas la que nos abren los ojos de esa farsa judicial”.

Tras detallar sobre el periplo de aquella causa, subrayó que “intervinieron cerca de 14 jueces entre los comerciales y penales” y se preguntó si aquella complicidad, indiferencia ante una víctima, al débil, ante su revictimización, puede deberse a una simple desidia.

“¿Puede deberse a un simple error judicial? O es más de lo mismo de lo que ya conocemos de esa función legitimadora de la justicia de dictaduras, genocidios, del vaciamiento social de las políticas neoliberales. Esa corporación que defiende otros intereses corporativos”.

“Por eso -dijo- ahora estaremos frente a profundas resistencias para su aprobación, porque quien ha podido manipular la Justicia y la ha dejado a este grado de degradación no va a soltar las riendas tal fácilmente. Hay muchos intereses involucrados, estudios jurídicos acostumbrados a estar taconeando las puertas de los despachos de los jueces. Todo va a generar mucha resistencia porque hay muchos intereses preponderantes”.

La procuradora volvió a preguntarse cómo se vuelve ante tanta degradación, y se respondió: “Empezando a hablar de ella, echando luz, denunciando a los corporativos de la Justicia y también evitando que se presenten como una casta por los vínculos de parentesco, de padrinazgos, y si no las lisas y llanas prebendas que se reciben de entidades, fundaciones, organizaciones donde anidan los grupos de intereses”.

“Hay una buena noticia”, cerró, “nada va a volver a ser igual desde que estamos hablando de esto. Nada va a ser igual si uno y cada uno desde su compromiso individual va a luchar cada día por una Justicia legítima y democrática”. 

 

Darle legitimidad a las instituciones

Acerca de la futura fiscalía federal, se conoció que el fiscal Daniel Adler precisamente trabajó en la iniciativa que motivó la decisión de la procuradora.

En diálogo con este Diario, el fiscal señaló que “es una fiscalía que está creada hace 10 años y me dirigí a la Procuración para requerir su puesta en funcionamiento porque los ciudadanos de Tandil y zona de influencia tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso a la Justicia”.

Subrayó que “esto es fundamental para una sociedad que tiene que trasladarse para ser reclamos a la Justicia Federal cien kilómetros de ida y otros cien de vuelta a la ciudad de Azul”.

Asimismo, indicó que “una de las funciones de un fiscal es hacer cumplir la legalidad por lo que la puesta en funcionamiento de esta fiscalía es tratar de hacer ni más ni menos que se cumpla con una ley que creó esta dependencia”.

Según Adler: “Aquí se demuestra que a veces de la propia Justicia ocurren cosas que no son legítimas. Poner en funcionamiento una fiscalía que hace 10 años que está creada se compadece con darle legitimidad a las instituciones”.