En fiscalía se dicen ?tranquilos? por lo actuado y que aguardan por el futuro del juicio político

El estado público que tomó la nueva embestida contra la Justicia local, en esta oportunidad apuntando en exclusividad al fiscal Luis Piotti por presunta negligencia en las diligencias realizadas en una veintena de causas por denuncias de abusos sexuales contra menores, sigue generando inquietud en los judiciales, que dicen no lograr discernir las causales de semejante planteo -pedido de juicio político- con las consabidas repercusiones mediáticas más allá de las fronteras serranas. 

Siendo fieles al culto de bajo perfil que optaron desde siempre profesar los fiscales y jueces de la ciudad, no dejaron de hacer notar la preocupación por lo que ahora surge como una nueva embestida que, a priori, apenas se trata de un pedido de jury que estará en manos de la bicameral resolver qué grado de asidero tiene el planteo a la hora de iniciar un juicio de esta naturaleza para con un fiscal.

Desde la sede judicial penal fundamentan la preocupación no por los casos y las quejas en sí, ya que forman parte “del juego” al cual están expuestos, empero dejan entrever sospechas sobre presiones políticas que pudieran influir en la toma de decisiones.

Al consultárseles sobre los casos ventilados, desde la fiscalía cuestionada se alude a detalles procesales fácilmente rebatibles que no hacen al fondo de la cuestión y que en todo caso los pasos que se dieron fueron ratificados por instancias superiores.

Sí reconocen disparidad de criterios sobre algunas causas puntuales, léase caso “Gonzalo” o Ferrari, por el cual el fiscal denunciado archivó las causas en oportunidades varias al considerar que “había dudas insalvables” a la hora de probar el delito de abuso, pero ante la apelación de los defensores particulares, el fiscal general Serradel resolvió continuar la causa, ampliar las diligencias en pos de ahondar más en los casos ante el presunto delito.

Más allá de aquella disparidad con el superior, desde la fiscalía local están convencidos de que todas las instancias han sido agotadas en estos casos. Para con el resonante caso Gonzalo, el fiscal volvió a archivarla y nuevamente fue apelada por los abogados particulares y quedó en manos otra vez del fiscal general. 

Sobre el caso Ferrari, finalmente por pedido de su superior realizó la acusación pero el defensor oficial del denunciado pidió su sobreseimiento. Ahora está en manos del juez de Garantías José Alberto Moragas resolver el entuerto. 

Hasta ahí los casos llamados “emblemáticos” de esta catarata de denuncias que se instalaron como reguero de pólvora en los medios locales y más allá también, y ahora los diputados se hicieron eco. Por el resto de los casos (las denuncias hablan de una veintena de casos) la lista resulta tanto controvertida como difusa.

Preservando las identidades para resguardar a los menores, puede señalarse que algunos de los casos planteados ya fueron resueltos con condenas para los acusados por el Tribunal Criminal. Factiblemente los fallos a alguno de los denunciantes no conformaron, pero eso también forma parte “del juego” en que se está inmerso.

Más allá de las quejas y enojos del grupo de autoconvocados, desde la sede fiscal no se deja de señalar que todos están encabezados por la psicóloga Daniela Lezcano, quien creen que a estas alturas tiene hasta una disputa “personal” con el fiscal Piotti. 

No dejaron de señalar que fue el funcionario judicial en cuestión quien la denunció ante el Colegio de Psicólogos por la metodología de trabajo, que mereció una sanción del cuerpo colegiado.

Pero no ha sido Piotti el que sólo la ha denunciado. Otros abogados y otro fiscal han realizado una denuncia penal en su contra, al sospecharse que la psicóloga influenció en una niña que se presentó como una víctima de abuso y terminó declarando que sus dichos se correspondían a lo que la psicóloga le dijo. Es más, hay informes peritales que dicen que los dibujos se corresponden a trazos de un mayor de edad, no de una niña.

 

Números

 

Sobre el funcionario cuestionado se alude a una dilatada trayectoria en el sistema judicial, que se inició en el ‘93 hasta el ‘98 trabajando precisamente en el Tribunal de Menores dedicado precisamente al tratamiento de chicos abusados. Posteriormente fue secretario del Tribunal Criminal hasta arribar a fiscal.

En cuanto a números oficiales sobre los casos de abusos investigados desde la sede judicial se insiste con la estadística que alude a un 93 por ciento de causas que fueron elevadas a juicio y tuvieron como desenlace condenas

En 2005 se contabilizaron siete causas por abuso sexual. Todas tuvieron un veredicto condenatorio. Las instrucciones se iniciaron un año anterior (2004). 

El año 2006 registra cinco causas elevadas a juicio que remiten a instrucciones iniciadas en 2003, 2004 y 2005, de las cuales los jueces emitieron una sentencia condenatoria en tres causas y dos absoluciones (por delitos caratulados como corrupción de menores y estupro). 

De los juicios en 2007, hubo cuatro causas de estas características, tres tuvieron condena y una culminó con una extinción de acción. 

Para 2008 se contabilizan cuatro causas elevadas a juicio, todas tuvieron condena. Al año siguiente, siete instrucciones tuvieron su audiencia oral y pública. En una se registró una excusación, las demás tuvieron un fallo condenatorio. 

Durante 2010 se evidenció un notable incremento de causas instruidas en las distintas fiscalías que fueron elevadas a debate oral y público. Más precisamente 16 causas fueron a juicio, que remiten a denuncias que datan en su mayoría como máximo a dos años atrás. Todos los casos tuvieron un fallo condenatorio para quienes estaban en el banquillo de los acusados. 

Con estas cifras, desde la sede judicial se quiere dejar de manifiesto que no hubo desidia ni tampoco se condice con los planteos de una “confabulación” de todos los actores judiciales locales para ser indiferentes o no abordar esta problemática tan sensible como es la del abuso infantil. 

Claro que las críticas y las denuncias de este grupo de vecinos junto a la psicóloga Lezcano precisamente aluden a aquellas causas que no entran en esta estadística, sino son aquellas que no arribaron a juicio por motivos que invitan, a su entender, a la insistente queja por el abordaje realizado, en este caso por el fiscal Piotti.

Una vez más, desde este Diario se solicitó el número de expediente para conocer sobre la veintena de casos que se alude, pero a pesar del compromiso de los denunciantes no hubo respuesta sobre este “padrón” que permitiría dilucidar uno por uno los casos de los que se habla. 

Es más, ahora se conoce que el pedido de juicio político elevado por el diputado Navarro se funda en un solo caso, no en la veintena que oportunamente se aludió. 

 

 

 

 

 

El pedido formal de juicio político

 

A propósito de la denuncia promovida por el diputado Luis Fernando Navarro ante la Secretaría Permanente de Jurado de Enjuiciamiento, se alude a la Instrucción Penal Preparatoria (causa) Nro. 9917106, 

en el pedido, el diputado alude a “las graves irregularidades que en perjuicio de las garantías de los niños (…) y con grave riesgo para su integridad psicofísica se vienen sucediendo de modo fulminante y dramático en las actuaciones de referencia sin la debida intervención del fiscal Piotti”.

Asimismo, se hace hincapié en “sucesivos actos procesales que ponen de manifiesto las anómalas condiciones en que se vienen desarrollando las actuaciones de mención en perjuicio de la integridad psicofísica de ambos niños por el retardo injustificado de la investigación penal, el palmario apartamiento del principio de objetividad y la desviación injustificada de la línea investigativa determinada de acuerdo a la prueba de cargo colectada, que dan cuenta cabalmente del probable sometimiento de ambos niños a terribles actos de abuso sexual infantil, que en consecuencia conlleva en el actual contexto a una total indefensión a los damnificados, todo ello en base a las consideraciones de hecho y de derecho”.

Sobre los antecentes fácticos, se indicó sobre “las graves violaciones que en sus derechos fundamentales vienen sufriendo los niños (…), quienes resultan víctimas de los hechos de abuso sexual y a quienes se los viene sometiendo a un grave maltrato institucional con grave riesgo para su salud, mediando la más absoluta desidia y descuido por parte del fiscal actuante”.

También se añade: “Los sucesivos e irregulares actos procesales que se practican, apartados del principio de objetividad, con claro perjuicio a la integridad psicofísica de ambos niños y de donde resulta el abuso de autoridad y el maltrato institucional padecido por los niños”.

Se menciona que el fiscal “entorpece el avance de la investigación, omitiendo y negando hasta la fecha incluso la convocatoria del imputado a declaración conforme lo dispuesto en el Art. 308, cuando las constancias del legajo lo ameritan sobradamente desde largo tiempo atrás”.

A la hora de exponer cronológicamente la cantidad de omisiones, denegatoria infundada de medidas útiles para la comprobación del delito, retardos e irregularidades procesales a las que ambos menores han sido sometidos durante toda esta investigación, pero que se han intensificado groseramente durante la actuación del doctor Luis Humberto Piotti.

En la primera “irregularidad puesta de manifiesto en esta investigación penal”, los denunciantes advierten con fecha 25 de junio de 2006, que ambos menores "ilegalmente" son revisados por un médico de policía (Roberto Leitao) quien procede a la revisación en el Hospital de Tandil. Sorprendentemente, no se dio la necesaria intervención al Juzgado de Menores para que determine qué médico y en qué condiciones debería haber intervenido para la delicada revisación practicada a los niños, violentando palmariamente la normativa local, nacional e internacional protectoria de los derechos y garantías que asisten a los niños en los procesos judiciales.

Con fecha 1 de septiembre de 2006 –sigue el planteo-, presta declaración en la investigación la psicóloga Lezcano, terapeuta personal de los niños que advirtió y denunció a la suscripta la sintomatología de abuso sexual sufridas por ambos menores.

Luego es citado a prestar declaración testimonial el doctor Guillermo Guanella, médico pediatra que tomó contacto con los menores ante la primera aparición de presuntas síntomas de abuso sexual, el galeno en cuestión ratificó el certificado médico adjunto en la denuncia y agregó, brindando mayor claridad a los hechos denunciados. Manifestó el médico asimismo que la nena no presentaba antecedentes de enfermedades gastrointestinales, ni presenta historia de constipación crónica. 

Ante la gravedad y contundencia de la prueba colectada hasta ese momento procesal, la progenitora, en un claro acto de protección de ambos menores, sintió un obvio y fundado temor porque su padre y denunciado en dicha causa penal tomara nuevamente contacto con los niños, realizó una presentación en la cual se solicitó la prohibición de acercamiento del denunciado a los niños y la realización inmediata de Cámara Gessel para que se recibiera el testimonio de ambos niños.

Destacaron los denunciantes que el elemental pedido de Cámara Gessel se efectuó en el mes de septiembre de 2006 y fue materializada recién en el mes de abril de 2008, casi un año y medio después de la primer petición y casi dos años después de denunciados los hechos de abusos.

No dejan de mencionar tampoco que también el juez de Garantías, José Alberto Moragas, mediante resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, resolvió rechazar por improcedente el pedido de proteger del contacto con el denunciado, argumentando confusamente que la vía civil era la que correspondía en el caso en cuestión a los fines peticionados por la víctima.

Aquí, los denunciantes hablan de la violación de disposiciones legales y leyes que determinan que en caso de riesgo o peligro para la integridad psicofísica de un menor, la autoridad judicial en este caso, debe adoptar en forma inmediata y en su caso cautelarmente, las medidas necesarias para proteger a los menores.

Tras detallarse los puntos en los que se cree que el fiscal no actuó con imparcialidad, se agrega que “queda entonces meridianamente claro que el doctor Piotti no ha actuado ni actúa en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagra en las disposiciones constitucionales y legales. Y mucho menos lo hace en resguardo de intereses que en el caso debía defender, nada menos que los de unos niños sometidos al maltrato y abuso sexual de su progenitor”.