En la apertura de sesiones, el gobernador de Córdoba anunció una ley antimotines

El amotinamiento policial y los saqueos de diciembre pasado; los escándalos de narcotráfico en la propia policía; la parálisis de la radicación de una filial de Monsanto ante el rechazo de ambientalistas; las quejas contra la aplicación del Código de Faltas y los problemas de agua de la ciudad de Córdoba fueron las deudas de gestión que De la Sota prometió saldar.

De esta manera el mandatario, cuyo partido Unión por Córdoba lleva ya 14 años gobernando la provincia, anunció que dirigirá sus acciones inmediatas más a corregir los que son vistos como déficit de gestión que a impulsar nuevas iniciativas.

La excepción estuvo dada por el lanzamiento de “Confiamos en vos”, un plan similar al nacional dirigido a jóvenes de 14 a 24 años que no estudian ni trabajan, los llamados “ni ni”, y que en su primera etapa alcanzará a diez mil beneficiarios con una inversión que rondará los 80 millones de pesos.

 

Dispuestos a cooperar

 

En su mensaje ante los legisladores cordobeses, De la Sota evitó entrar en mayor polémica con el Poder nacional: si bien hizo una breve mención a la situación económica, que calificó de “crítica” ante la escalada inflacionaria y la pérdida de poder de compra de los salarios, el gobernador se mostró conciliador.

“Los cordobeses estamos dispuestos a ayudar, a cooperar y a aportar lo mejor de nosotros en todo lo que el Gobierno nacional nos requiera”, señaló al respecto.

 

Anuncios en seguridad

 

Las mayores expectativas sobre su discurso estaban centradas en materia de seguridad, luego de que un motín policial dejara a la ciudad de Córdoba a merced de saqueadores a principios de diciembre pasado y de que removiera a parte de la cúpula policial por un escándalo de narcotráfico.

En cuanto a la prevención de futuras crisis, el gobernador anunció el envío de un proyecto de ley que castigará severamente, incluso con cesantías, a policías insubordinados que realicen abandono del servicio o efectúen reclamos de manera hostil o tumultuosa, para lo cual se creará un Consejo de Bienestar Policial para canalizar sus demandas de manera institucional.

“A los policías que sigan pensando que actuaron bien cuando se amotinaron, les digo: cambien de actitud, arrepiéntanse, respeten a sus jefes y sepan que nunca más podrán repetir lo que han hecho”, advirtió el mandatario.

Y agregó: “Si no lo entienden, busquen otro trabajo, porque serán cesanteados o exonerados ante el mínimo intento de repetir las actitudes sediciosas y antisociales”.

También anunció la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) que dependería directamente del Fiscal General y no del jefe de policía como ocurre hoy, en un esfuerzo por acallar las denuncias de complicidades con el narcotráfico que afectaron no sólo a policías, sino también a funcionarlos cercanos al propio De la Sota, como el exministro de Seguridad, Alejo Paredes, quien debió dejar su cargo.

Prometió, por otra parte, medidas para prevenir lo que grupos de defensa de derechos humanos denuncian como arbitrariedades policiales al aplicar la polémica figura del “merodeo” que rige en el actual Código de Faltas: esto permite a la Policía detener y decidir el arresto de cualquier persona que parezca sospechosa en la vía pública y no se encuentre en las inmediaciones de su domicilio o lugar de trabajo.

De hecho, hay jefes policiales condenados por la Justicia por aplicar este mecanismo de manera arbitraria y sólo para “engordar estadísticas” de detenciones.

De la Sota no ofreció su derogación, pero sí ponerle límites, al establecer que se aplicará sólo ante denuncia previa de una persona identificable: “Así eliminamos la actuación de oficio y por ende, la arbitrariedad, que ha sido el aspecto más cuestionado de la aplicación de esta figura”, dijo.

 

Actualizar la legislación ambiental

 

Lo que hace casi dos años fuera anunciado como una señal de confianza de inversores internacionales en la Provincia, la radicación de una planta de la multinacional Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas en el Gran Córdoba, terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza para De la Sota.

La rápida y hasta poco clara autorización para que se instalara la firma, generó una dura respuesta de grupos ambientalistas que rechazaron la radicación e incluso bloquearon el predio para detener las obras que ya habían comenzado, lo que generó numerosos enfrentamientos no sólo con la policía sino también con grupos de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).

Para superar esta suerte de impasse en que se encuentra el proyecto, De la Sota prometió actualizar la legislación ambiental de la Provincia para incluir mecanismos como consultas populares y audiencias públicas.

En otro punto sensible para los habitantes de la ciudad de Córdoba, el abastecimiento hídrico, repitió lo que ya es una reiterada promesa de mejorar el entubamiento del canal Los Molinos-Córdoba, con un crédito por 49 millones de dólares que contaría con el aval de la Nación. (NA)