En medio de los reclamos de la oposición, el Concejo reclamó informes sobre los plazos fijos

El Concejo Deliberante aprobó ayer, por unanimidad, un proyecto de comunicación para pedir informes al Departamento Ejecutivo sobre las cuentas de recursos afectados, los plazos fijos que se han constituido y el destino de los montos producidos por los intereses. La iniciativa de la concejal del Frente Renovador Beatriz Fernández disparó los reclamos del Frente para la Victoria y del Bloque Justicialista por el acceso a la información pública en el Municipio de Tandil.

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A partir de esta comunicación oficial del Legislativo, el gobierno del intendente Miguel Lunghi deberá informar en treinta días -según la Ordenanza 5181-, los números de cuenta, la institución bancaria, el fondo y/o fondos afectados cuyo importe hayan sido depositados a plazo fijo y en este caso, los montos de cada uno, el plazo en días a los que fueron depositados y los intereses percibidos, además del destino de los intereses producto de cada operación financiera.

En segundo lugar, le solicitó al Ejecutivo la ampliación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2016, en el que se deberán incluir los intereses producidos de las inversiones en plazos fijos como así también los recursos percibidos por el Municipio respecto del endeudamiento de la Provincia de Buenos Aires que ascendían a 110 millones de pesos.

Cerca del
presupuesto

En principio, Beatriz Fernández remarcó que faltan solo dos sesiones del Concejo Deliberante para que venza el plazo de elevación del proyecto de ordenanza del Presupuesto 2017, pero aún no han recibido la reformulación del actual, ya que se deberían incorporar los 110 millones de pesos comprometidos por el gobierno de María Eugenia Vidal para infraestructura y seguridad, además de los recursos que generaron los plazos fijos que constituyó el Intendente.

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La concejal massista indicó que la única oportunidad en que la administración de Miguel Lunghi elevó al Concejo una ampliación presupuestaria fue al inicio del primer mandato, cuando solicitó incorporar 3 millones de pesos de superávit que había dejado en las arcas municipales Indalecio Oroquieta.

Con ese antecedente, hizo hincapié en la necesidad de sumar al presupuesto vigente los 110 millones de pesos del endeudamiento provincial y lo recursos por intereses, pero además afectarlos a las obras y partidas correspondientes. Como ejemplo, citó que el Deliberativo debió votar la única oferta para la antena de telefonía en Gardey, con recursos por 650 mil pesos a devengar de los 35 millones destinados a seguridad.

“Sabemos por los diarios que las obras ya están aprobadas por la Provincia, pero es legal, debe hacerse, necesitamos el conocimiento de las obras ante los pedidos de los vecinos, se trata de fondos públicos y de valores importantes”, expresó la concejal para cerrar.

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“Expectativa, fe
y optimismo”

Por su parte, Rogelio Iparraguirre anticipó que su bloque acompañaba este proyecto de comunicación con “muchas ganas, expectativas, fe y optimismo” y resaltó que a partir de la votación en el recinto corren los treinta días fijados por la Ordenanza 5181, impulsada por el hoy senador Carlos Fernández.

“Queremos creer que va a hacer que Binando se digne a contestar información que el Frente para la Victoria le pidió hace más de 75 días por el plazo fijo con los 23 millones de pesos de 2015 del Fondo Educativo”, disparó.

Lamentó que el jefe de Gabinete Mario Civalleri se había comprometido a brindar los datos de la fecha del plazo fijo, el número de cuenta, el banco, los plazos, renovaciones e intereses. “La pregunta de los concejales es la misma que hacen el padre de cualquier chico que va a la escuela pública, los directivos, docentes, auxiliares”, indicó.

Y citó que en una entrevista el secretario Daniel Binando confirmó que no va a contestarle al Frente para la Victoria porque “el pedido se hizo por vía muy informal”. Entonces, Iparraguirre resaltó el circuito que hacen muchos pedidos de informes, que toman estado legislativo, pasan a comisiones y allí se sugiere que se envíen al Ejecutivo en lugar de regresar al recinto para su tratamiento y votación.

Molesto, el concejal del FPV dijo que también escuchó a Binando decir que va a contestar la comunicación de Beatriz Fernández porque tiene otro volumen. Entonces, anticipó que “aprovecho para plantear que a partir de esta experiencia no vamos a permitir que los pedidos de informes pasen directo al Departamento Ejecutivo”.

Por otra parte, reflexionó que “no habla bien de nosotros y habla muy mal del Departamento Ejecutivo, que nos menosprecia”. Además, llamó a sus pares a asumir una “actitud corporativa” para reclamar “información pública”.

Acceso a la
información

En tanto, Pablo Bossio se identificó con sus pares de la oposición por la “frustración” de que los pedidos de informes pasen de las comisiones al Ejecutivo y luego no se contesten, y bregó por la dinámica que logró el proyecto de Beatriz Fernández.

En ese sentido, cuestionó las chicanas que se suceden en los medios y denunció que, en el fondo, esconden la falta de respuestas que permitan el acceso a la información pública. Recordó que el GEN presentó un proyecto en ese sentido e invitó a trabajarlo, haciendo aportes para que puedan tratarlo en el recinto.

Se ejecuta con
transparencia

Por su parte, el radical José Luis Labaroní aclaró que el Departamento Ejecutivo ya está elaborando el Presupuesto 2017 y que la Secretaría de Economía va a elevar la reformulación presupuestaria por mayores ingresos que solicitó Beatriz Fernández.

Además, atribuyó a cruces mediáticos, a los diferentes temperamentos y a dialécticas de agresiones para “sacarnos la calentura”, las contestaciones a través de los medios de comunicación. “No es vocación del Departamento Ejecutivo faltarle el respeto al Concejo Deliberante”, aseguró.

En su rol de presidente de la Comisión de Economía, afirmó que busca el diálogo permanente con la oposición “porque hablamos de recursos públicos y mi gobierno los ejecuta con transparencia”.

A sus palabras se sumó el presidente de bloque Marcos Nicolini, quien aseveró que se han contestado diversos pedidos de informes en el plazo de treinta días, a pesar de no haber sido votados en el recinto.

“Hay predisposición del Departamento Ejecutivo”, dijo, y mencionó que funcionarios han subido al Legislativo cuando los han requerido. Agregó que “este Ejecutivo ha hecho mucho por la transparencia” y citó que se publican los sueldos de los funcionarios.

Además, remarcó que “vivimos en un país donde los pedidos de informes no se contestan” y agregó que una provincia del sur lleva más de diez años sin explicar qué hizo con 1.100 millones de dólares.

Coincidencias

Por otra parte, en la víspera se aprobaron por unanimidad algunos proyectos vinculados a garantizar distintos derechos sociales. En principio, todos los bloques acompañaron la iniciativa de la radical Matilde Vide para incorporar las licencias por maternidad y paternidad a la Ley Orgánica de las Municipalidades. Además, se enriqueció el proyecto para que se contemplen las enfermedades y accidentes.

Sumado a esto, los concejales coincidieron en avalar una propuesta de María Eugenia Poumé de acompañar el proyecto de la diputada Cristina Alvarez Rodríguez para que las listas partidarias se conformen con una mujer y un hombre, dando las mismas oportunidades, sin discriminar por género.

Durante la sesión se acordó modificar la resolución para que el apoyo también se manifieste al proyecto legislativo de Malena Galmarini del Frente Renovador, que también busca la paridad en las listas y en la participación de la mujer en la política.

El otro caso fue la adhesión a la Ley 14.735 del Boleto Especial Educativo, donde se trataron en conjunto las resoluciones del FPV y del PRO. Todos los bloques aprobaron esta propuesta, ya que liberaría los 11 millones de pesos del Fondo Educativo que hoy el Municipio invierte en el PASE.

Otro de los proyectos que fue aprobado en la víspera fue el pedido al Ejecutivo para que forme una comisión, en el seno de la Subsecretaría de Cultura y Educación, para la investigación de los vestigios de los túneles del fuerte de la fundación de Tandil.

El Legislativo repudió la toma
de terrenos en La Movediza

Por unanimidad y sobre tablas, los concejales repudiaron la ocupación ilegal de lotes en el barrio de La Movediza, iniciativa impulsada por el Bloque Justicialista que consiguió la adhesión del resto de los espacios políticos.
El Concejo Deliberante de Tandil expresó “su determinante rechazo y negativa a toda acción que conlleve ocupación de lotes de manera subrepticia, ejecutada en detrimento, perjuicio y dañando a los vecinos propietarios, al Sindicato de Trabajadores Municipales y a la comunidad de Tandil en general”.

El repudio surgió a partir de la toma de lotes que se detectó el último sábado en Paseo de los Abuelos entre Piccirilli y Alvarado, considerando que el Legislativo “debe velar por el fiel cumplimiento de la normativa vigente y la paz social de su comunidad”.

En este sentido, Pablo Bossio rechazó la acción de toma de lotes, ya que perjudica a vecinos que tienen sueños de llegar a la casa propia. Si bien reiteró la necesidad de discutir el acceso al suelo urbano y la vivienda, sostuvo que estos hechos “tergiversan y van en contra de la comunidad de Tandil”.

Por su parte, Marcos Nicolini se manifestó en la misma línea, rechazó este tipo de acciones por fuera de la ley y recordó que la ciudad ha sufrido distintas ocupaciones, la primera ocurrida en diciembre de 2009 en viviendas del Plan Federal.