Enérgica respuesta de los jueces bonaerenses ante las críticas de funcionarios por casos de minoridad

La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires rechazó con duras críticas los dichos de distintos funcionarios del Gobierno nacional y bonaerense sobre las responsabilidades en el crecimiento de la inseguridad y la participación de los menores de edad en esos hechos.
Mediante un comunicado, los jueces nucleados en la red, la cual es presidida por el magistrado Esteban Viñas y cuenta con el juez del Tribunal Oral de Tandil Pablo Galli como vocal titular, criticaron al poder político, concretamente al gobernador Daniel Scioli y al ministro del Interior, Florencio Randazzo, porque, según consideraron, toman a los magistrados como “chivos expiatorios” cuando suceden hechos delictivos.
En el documento, recordaron los dichos de Scioli acerca de que “la Policía detiene, pero después libera la Justicia”.
La Red criticó el hecho de que el gobernador haya puesto “en tela de juicio en forma indiscriminada e intolerablemente genérica la actuación de la magistratura, lo que implica un ataque y desprestigio al Poder Judicial”.
De saber Scioli “qué juez excarceló indebida, ilegal o ilícitamente a qué imputado y en qué causa, pesa sobre él el deber jurídico de formular la pertinente denuncia y/o de promover su enjuiciamiento político”, agregaron los magistrados.
Luego tomaron en cuenta que Randazzo, al ser consultado por la prensa, dijera que los jueces tienen “los elementos para que los peligrosos estén entre rejas”.
“Cuando el autor de un delito tiene menos edad que la indicada, los jueces sólo podemos sobreseer al imputado, disponiendo el pase de la actuación al ámbito administrativo de protección y a la Justicia de Familia”, reprochó la Red.
No obstante, aclararon que los jueces de minoridad no cuentan “en esta provincia con establecimientos idóneos y habilitados para recibirlos”.
Además, reiteraron que “las declaraciones aludidas no reflejan la verdad, sino más bien el intento de trasladar a otros las propias responsabilidades de alguno de los funcionarios que las emitieron”.

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Más acusaciones

En la nota con el nombre ?Nuevos ataques contra la independencia del Poder Judicial? llegada a la redacción de El Eco de Tandil, por el grupo, integrado por Galli, resaltaron que reaccionaron como jueces, ?en defensa de la independencia del Poder Judicial que sostiene nuestro sistema republicano de gobierno, que se ve obligada a aclarar ante la opinión pública?.
?Cuando el gobernador Daniel Scioli expresó que `la Policía detiene, pero después libera la Justicia`, puso en tela de juicio en forma indiscriminada e intolerablemente genérica la actuación de la magistratura, lo que implica un ataque y desprestigio al Poder Judicial, institución que él, como titular de otro de los poderes del estado provincial, tiene el deber cívico de conocer, respetar y hacer respetar?.
?Además, si el gobernador Scioli cuenta con la información necesaria para individualizar qué juez excarceló indebida, ilegal o ilícitamente a qué imputado y en qué causa, pesa sobre él el deber jurídico de formular la pertinente denuncia y/o de promover su enjuiciamiento político?, resaltó.
En otro párrafo del texto al que accedió este Diario, los magistrados, quienes en 2009 estuvieron reunidos en un encuentro en Tandil, indicaron: ?frente al reiterado señalamiento de jueces como chivos expiatorios de los periódicos rebrotes delictivos que, cada vez más asiduos y violentos, conmueven a nuestra sociedad, nos sentimos en el deber de reafirmar que no es función del Poder Judicial adoptar políticas vinculadas a la seguridad pública. Esa es una misión institucionalmente reservada a los demás poderes del estado, en particular, al Poder Ejecutivo quien cuenta para ello con un área específica, el Ministerio de Seguridad provincial que se encarga de instrumentar las políticas públicas de prevención y persecución del crimen y la criminalidad?.
?Los jueces penales, en cambio, estamos para juzgar los delitos ya cometidos, conforme las pruebas que aportan las partes, procediendo con arreglo a la legislación vigente dictada por el Congreso de la Nación que sancionó el Código Penal, y por la Legislatura Bonaerense que aprobó la ley que rige el modo de realización de los trámites procesales?, indicaron en el texto que lleva la firma del presidente de la asociación, Esteban Ignacio Viñas y su vicepresidente, Adriana Nanni.*

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