Enojado, Iparraguirre afirmó que los titulares de Desarrollo Social ?mintieron descaradamente?

Ratificó que por estas horas analizan si realizarán una denuncia penal o presentarán un recurso de amparo, y le exigió al Intendente en forma urgente que garantice la dignidad de las víctimas de esta problemática. Además, elevaron una minuta de comunicación con la que reclaman datos certeros sobre la política municipal frente a estos casos.

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En medio de las denuncias por la precariedad de dos complejos de habitaciones que la comuna alquila para alojar a las mujeres, el subsecretario de Desarrollo Social Rubén Diéguez mostró uno de ellos y aseguró que es el único que la comuna contrata en forma permanente.

“Me revolví de la bronca. Me encontraron un punto débil. Nunca me había pasado”, reaccionó tras leer las declaraciones del funcionario del Ejecutivo.  Aseguró que Diéguez exhibió a la prensa “sólo una parte” del establecimiento que él había recorrido el viernes junto a Corina Alexander.

“Esta pensión costa de dos plantas. En la primera planta hay tres habitaciones, y una kitchenet con un anafe y un baño. Esa parte está más o menos bien. Lo curioso es que en ese sector están alojados habitualmente los pasajeros que tiene la pensión, que viven ahí y pagan mensualmente”, describió.

Y aclaró que no se trata de un espacio municipal, sino que es privado y tiene una dueña. Por eso, conviven “clientes pasajeros y otro cliente que es el Municipio de Tandil, que utiliza ese lugar y otro que está en la periferia, para alojar a las víctimas de violencia de género y a sus hijos ante la ausencia de un refugio”.

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Aclaró que “tomamos la decisión de hacer una inspección porque teníamos los testimonios del Foro para la Promoción y Protección de los Derechos de la Mujer; de trabajadoras sociales, con sus actas donde constan las direcciones, y de algunas víctimas que habían pasado por estos lugares. Además, quien conoce mucho estos lugares es Cacha (la concejal Stella Maris Cena), por su trabajo solidario con su asociación civil que viene haciéndose cargo de manera paralela a la falta de políticas del Municipio de estos casos y conoce personalmente el lugar”.

Agregó que les costó ingresar, pero pudieron recorrer toda la pensión que comanda “una señora sola, con una historia de vida muy dura: ella fue víctima de violencia en su lugar de origen, en Comodoro Rivadavia, y cayó en Tandil. Realmente, es una señora con una historia de vida muy sufrida y además, no es responsable absolutamente de nada de todo esto, ella tiene un negocio”.

En la conversación, la mujer les confió que tenía alojados a hombres y que siempre tiene reservadas dos habitaciones a pedido de la comuna, al igual que ocurre en el otro establecimiento.

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“En la segunda planta es donde habitualmente están las mujeres. Es realmente muchísimo más fea, con condiciones mucho más precarias que lo que decidieron mostrar los funcionarios, mintiendo abierta y descaradamente. Los mismos funcionarios que tienen hoy sobre sus espaldas una denuncia penal por desvío de fondos públicos. No estamos hablando de alguien impoluto o intocable”, les achacó e informó que la propietaria no les permitió sacar fotos.

Volviendo a la pensión, explicó que en la segunda planta está la cocina que fue construida por la propietaria con bloques y presenta “filtraciones, instalaciones eléctricas al aire. Por supuesto, el lugar no cuenta con matafuego”.

Si bien los responsables de Desarrollo Social afirmaron que el comercio cuenta con la habilitación municipal, Iparraguirre adelantó que “estamos pidiendo ver la documentación, porque entendemos o que es apócrifa o está hecha de manera irregular”.

 

El lugar periférico

Por otro lado, destacó que en principio desde el Ejecutivo salieron a hablar de dos espacios de tránsito para estas mujeres, aunque esta semana cambiaron el discurso y reconocieron sólo uno.

“En el otro lugar se dio la particularidad de que cuando nos atendió la dueña, que tampoco nos quería dejar pasar, recibió un llamado de un funcionario municipal pidiéndole una habitación para un hombre, lo cual también dejó al desnudo que hay hombres en el lugar”, contó.

En este caso, descartó que el domicilio de las fotografías tomadas por los referentes del FPV se encuentre en construcción, como argumentó el secretario Oscar Teruggi: “Es una mentira. Es tal como se ve. Por eso lo comparábamos –a algunos les molestó- con centros clandestinos de detención. Las condiciones son espantosas, violatorias de todos los derechos elementales de las personas y particularmente, de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia de género”.

 

Analizan un amparo

En cuanto a las medidas a tomar, el legislador indicó que invitó a los concejales que integran la Comisión de Salud y Desarrollo Social a visitar en conjunto ambas pensiones, pero no aceptaron.

Lejos de bajar los brazos, anunció que “presentamos una minuta de comunicación al presidente del cuerpo (Juan Pablo Frolik), para aprobar en la próxima sesión, donde le solicitamos tres puntos muy sencillos al Municipio, que son que describa la operatoria que sigue cuando se presentan casos de violencia de género que no tienen un lugar donde acudir; si los lugares que estuvimos visitando cuentan con la habilitación municipal y cuáles son las políticas que están en desarrollo en este momento”.

Descartaron el pedido de informes porque ya hay otro similar en curso del 13 de marzo de 2013, que se encuentra en trámite en el Secretaría de Desarrollo Social, cuando tienen un plazo de treinta días para contestar.

De todos modos, agregó que por la condición de minoría en el Legislativo y la gravedad de la situación, “estamos estudiando con un equipo de abogados hacer una presentación en la Justicia. Estamos evaluando si lo mejor es una denuncia penal o eso no resolvería la situación inmediatamente. Lo otro que pensamos es la figura del amparo”.

Por último, marcó que el Intendente “hoy ya tiene conocimiento y le volvemos a pedir que resuelva esta situación inmediatamente, y ahora sí lo hacemos directamente responsable de la continuidad de estas vejaciones, de estas violaciones a los derechos humanos, de esta situación y de cualquier cosa que pueda acontecer”. 

 

 

Demandan un lugar que cumpla tres requisitos básicos

El concejal Rogelio Iparraguirre sostuvo que muchos municipios cuentan con refugios del Estado, construidos o preparados especialmente para socorrer a las víctimas de violencia. Sostuvo que “hay sólo mujeres, no hay hombres, y lo dicen todos los protocolos, la Convención Interamericana, la Ley 26.485, el Observatorio de la Suprema Corte de la Provincia, todas las organizaciones”.

Además del requisito de no alojarlas con hombres, el edil consignó que en los refugios deben trabajar equipos interdisciplinarios de los municipios, integrados por psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas. Estas profesionales les otorgan “la contención in situ, de manera inmediata a la víctima. En ese momento la mujer tiene su vida partida al medio”, resaltó y no perdió de vista que “escapan de la casa con los nenes de la mano y con lo puesto”.

En resumen, consignó que “en todos los protocolos, las condiciones son un ambiente con seguridad, higiene y habitabilidad, nada del otro mundo, estamos hablando de seres humanos; la no presencia de hombres y el equipo interdisciplinario, que ya tiene más que ver con que haya una decisión política del Ejecutivo de tener equipos para esta problemática”.

Al reclamar acciones, el legislador indicó que “partimos de la base de que es una problemática que todo el mundo reconoce como un flagelo hoy, que no para de crecer. Bajo ese reconocimiento, el Estado tiene que abordarla, pero tiene que haber voluntad política”.

 

Responsabilidad de la Provincia

Por otra parte, le reclamó al Gobierno provincial que implemente las oficinas de atención a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la Corte de Justicia bonaerense, que deben estar abiertas los 365 días del año, como exige la ley. Incluso, indicó que son las encargadas de ordenar las medidas precautorias y de accionar contra los municipios que no toman cartas en el asunto.

Y expresó que “en el caso de Tandil le solicitamos a la Provincia, y es algo que el Gobernador le ha prometido al Intendente, un nuevo juzgado de familia. Estuvimos conversando con la jueza (Silvia Monserrat) y nos decía que el juzgado está colapsado”.