Entre el ultragarantismo y un Estado sin autoridad

En abril de 2007 entró en vigencia en la provincia de Buenos Aires la nueva legislación penal juvenil. En Tandil ?y en otras ciudades del ámbito bonaerense- lo que era el Tribunal de Menores pasó a ser el Juzgado Penal Juvenil de Garantías. El magistrado a cargo de este Juzgado tiene, entre otros deberes, cuidar que al joven incurso en un delito se le respeten todas las garantías constitucionales. Va a marcar si una detención está bien hecha, si hay elementos para bajar una prisión preventiva, dictar una medida urgente, como puede ser un allanamiento. Siempre todo a pedido de un fiscal, porque a partir de la nueva ley se implementa la figura del fiscal y del abogado defensor, tal cual se realiza en los procesos en los que hay mayores involucrados.
El fuero se integra también con un juez de Responsabilidad Penal que es quien va a dictar la sentencia, absolutoria o condenatoria, que para el caso del Departamento Judicial local está en Azul. Asimismo, para el caso de delitos graves, interviene un Tribunal, que actualmente está integrado por la juez de Responsabilidad Penal de Azul y dos de Bahía Blanca. Ellos son los que van a dictar la sentencia.
En Tandil, la doctora Mabel Berkunsky ?quien estuvo al frente del Tribunal de Menores durante el sistema anterior- es la jueza Penal Juvenil de Garantías. Con ella dialogamos acerca de la nueva legislación y sus consecuencias en una problemática tan compleja como es el delito cometido por menores.

Recibí las noticias en tu email

Accedé a las últimas noticias desde tu email

Suscribite al newsletter

Ver más

Ads

En principio, aclara que la franja en la que tiene intervención el sistema penal juvenil es aquella que va de los 16 a los 18 años. ?De 16 para abajo ?explica-, el Estado ha renunciado a lo que es la punición o la pena. En esos casos, si hay un menor que comete uno, diez o mil delitos tendrá que ser derivado a los nuevos servicios tutelares o de protección de derechos (tal cual se lo nombra actualmente). Para eso se ha creado un Centro de Referencia que es el que trabaja con jóvenes que han tenido conflictos con la ley penal.
Entre otros objetivos, el nuevo sistema marca que la privación de la libertad de un menor se aplique como última instancia. Es decir, ?siempre se deben buscar alternativas a la privación de la libertad. Como por ejemplo, que el joven sea trabajado con un Centro de Referencia, o si consume drogas que vaya a un CPA, que se lo integre a escolaridad, a talleres para aprender un oficio, que deba presentarse ante el fiscal con cierta frecuencia, etc. Pero la privación de la libertad es la última ratio?.
En cuanto a la figura de la prisión preventiva, Berkunsky explica que se aplica cuando existan riesgos de que la libertad del joven implicado pueda entorpecer la investigación, ya sea porque el chico se vaya, porque esté en contacto con posibles testigos, etc.
-O sea, la prisión preventiva no se aplica porque el chico ?sea peligroso?.
-No. La prisión preventiva se impone sólo cuando el chico ha demostrado en causas anteriores que se fuga, donde puede hacer peligrar la investigación. Después, si hay condena o no privativa de la libertad, lo decidirá el juez de Azul.

?Nos tiramos a una pileta sin agua?

-A dos años de la implementación de la nueva ley, ¿qué evaluación hace?
-Uno lo que visualiza con mucha preocupación es como que el legislador sacó esta ley con apuro, para quedar bien con los organismos internacionales de seguimiento de la convención, de comisión derechos del niño. Se ha implementado con mucho apuro sin disponer de presupuesto, sin planificar lo que hace al área de contención desde el Poder Ejecutivo. Porque estos organismos que dependen del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia (que son el Servicio Local, el Servicio Zonal, el Centro de Referencia), son los que absorben todo lo que antes hacia un Tribunal de Menores con sus equipos técnicos: trabajar con el joven, con la vinculación con su familia, su inclusión social.
-Estos organismos se crearon a partir de la nueva legislación.
-Así es. Se crearon recientemente y vemos que en ellos hay una persona o dos. Pero tampoco pasa por las personas, porque realmente están poniendo lo mejor de sí, toda su voluntad. Pero no es suficiente. Desde este Juzgado se puede ordenar el seguimiento de un joven, que se armen estrategias de trabajos con un joven, pero digamos que son jóvenes que a veces no son fáciles. Requieren de mucho trabajo, de mucha contención. A veces son jóvenes sin familia que los contenga, sin ningún adulto que les sirva de guía. Entonces requieren una tarea para la cual el actual sistema, así como se implementó, no se está preparado.
Entonces uno ve que pasando de un sistema a otro, hay más garantías pero hay menos posibilidades de contención del joven. Porque además, estos cambios de la ley han implicado, por ejemplo que si se adopta una medida de abrigo (un chico que no tiene donde vivir y va a un programa) o se adopta una guarda institucional porque no tiene familia que lo contenga, si el chico no quiere estar se va. De la misma manera, a un chico se le indica que vaya a hacerse un tratamiento por su adicción, pero si no lo quiere hacer, no lo hace. No se lo puede obligar. Es muy difícil que un chico ?estamos hablando de jóvenes entre 16 y 18 años- por propia voluntad tenga conciencia de por qué se le está ofreciendo un programa para vivir mejor, un tratamiento para ayudarlo a salir de su consumo de estupefacientes. Estas son las falencias que uno nota.
Cuando uno se pregunta de qué manera el Estado está ayudando a ese chico, se me viene la imagen de tirarnos a una pileta que no tiene agua.
Esto tiene que ver con que a veces queremos imitar modelos externos de países con medios y estructuras que nosotros no tenemos. Creo que la legislación contemplar las circunstancias actuales.
Por ejemplo, se criticaba al anterior sistema porque los niños eran privados de su libertad y se los internaba tutelarmente (en aquellos casos en que no tuvieran una familia que los protegiera). Hoy los niños están internados exactamente en los mismos programas. Si aquellos eran privativos de la libertad, ¿estos no? La única diferencia -que es buena-, es que antes podían estar internados hasta la mayoría de edad por algún juez del Gran Buenos Aires tapado de trabajo que se olvidaba que tenía un chico internado. Acá eso no ocurría: el chico estaba hasta que se le lograban dar herramientas para fortalecerlo y podía pasar a algún otro programa, se le podía conseguir un trabajo, ir buscando su autonomía y su independencia.
La ventaja del sistema hoy es que ahora hay plazos. No se puede tener a un chico internado indefinidamente. Pero están en los mismos lugares.

?Cenan, se duchan y se van…?

Ads

-Dijo que ésa era una de las falencias, ¿hay más?
-Sí, otra falencia grave, es por caso un chico que tiene que cumplir prisión preventiva. El único programa que hay en Tandil para cumplir una prisión preventiva es Casa de Contención. Y no es el lugar adecuado, porque es un sistema totalmente abierto. Y muchos chicos que realmente cometen delitos graves o muy graves, van a Casa de Contención, cenan bien, se duchan y se fugan. Porque, insisto, no es el lugar adecuado; es para chicos que han cometido uno o dos delitos, que tienen alguna dificultad con la familia. Pero hay casos que no son para Casas de Contención. Entonces hay que pensar en lo más cercano que tenemos que es en Azul, el Instituto Lugones. Pero nunca hay vacantes, porque allí internan desde toda la provincia. Nosotros hemos recibido notificaciones de `hoy no hay vacantes`, o sea que si hay que poner un chico en prisión preventiva, no hay lugar. Sé de algunos lugares en la provincia que al chico lo tienen todo el día en un patrullero dando vueltas a una plaza, porque no tienen donde estar.
Estas falencias del sistema son graves. Porque uno tampoco pierde de vista que al chico hay que protegerlo, pero también hay que proteger a la sociedad. La sociedad también requiere de seguridad. Y es normal que haya un clamor de por qué ese chico está suelto.
-¿Cómo fue el cambio de un sistema a otro?
-A mí que me tocó el trabajo tremendo de cerrar un juzgado y abrir otro de cero (es el segundo que me toca abrir). El poder judicial nos ha apoyado totalmente, con dotación de personal, con formación de cursos. Ha puesto todo lo que ha podido para que esto funcione y rápido. He logrado cosas que en 16 años no habíamos conseguido; desde tener una movilidad propia, desde tener un sistema en red que permita estar conectados con otros juzgados. Ha hecho un esfuerzo importante. Pero se ven muchas falencias del Ejecutivo. Sobre este tema por ejemplo que me preocupa enormemente: que llegue el  momento que aparezca un delito muy grave de un chico que se justifique la privación de la libertad y no tener dónde derivarlo.
Esta preocupación de las carencias que hay, las he conversado con el señor Intendente.
-Porque en la nueva legislación, el rol de los municipios es importante.
-Sí, pero no es responsabilidad exclusiva del Municipio. Es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia. El Municipio actúa en la contención, a través de los centros barriales, de talleres, de apoyo a cada uno de los programas que bajan del Ministerio. Si es una Casa de Contención, el alquiler lo paga el municipio. Pero en el momento que conversé esto, previo a las elecciones, tuve conocimiento de que la Provincia no estaba derivando ni siquiera las becas para sostener a los chicos en los programas. El Intendente se ha mostrado abierto a que vayamos juntos a ir a gestionar al Ministerio de Desarrollo Humano. Pero no es mi rol como juez. Cuando hablo de becas, hablo de que todos los programas de contención de los chicos (con problemas penales o asistenciales porque son víctimas de vulneración de derechos) se sostienen con las becas que manda la Provincia, que sirven para darles de comer, para pagar a un psiquiatra o un psicólogo, para su  higiene personal.
Estos son las carencias también mas graves.
También hay otras por las cuales los jueces nos hemos movilizado a la Corte para que a su vez se las plantee a los legisladores. Se han puesto plazos tan cortos en el proceso, que a veces atentan contra el debido proceso. Por ejemplo, un juez de Garantías dispone de un plazo de seis horas desde cometido el hecho delictivo para dictar la prisión preventiva. Y durante ese lapso, primero la policía tiene que instruir la correspondiente actuación, después pasar al fiscal para que analice si se dan causales para pedir la prisión preventiva y después de eso pasárselo al juez, que tiene que interiorizarse, leer toda la actuación para determinar si cabe o no dictar una medida de ese tipo. Todo eso en seis horas.
-En algunos casos debe ser imposible cumplir con ese plazo.
-Y, a veces es imposible. A mí me han llegado causas a quince minutos de cumplirse las seis horas.
Los legisladores han querido proteger a los jóvenes de que todo se haga rápido. Pero a veces la rapidez atenta contra la justicia. Estas cuestiones se le han planteado a la Corte, y como están planteadas en una ley, debe ser una ley la que las modifique.
-Mientras transcurren esas seis horas, ¿el chico tiene que estar detenido en una comisaría?
-Puede estar detenido en una comisaría. Normalmente está detenido y lo que está pidiendo el fiscal es la confirmación que la detención se convierta en prisión preventiva.
-Pero no puede quedar en comisaría.
-Ah, no. Pero ese es otro tema. El único lugar posible donde puede estar  en Tandil es en Casa de Contención. Y no nos olvidemos que allí ya hay chicos que están siendo trabajados en el programa para su rehabilitación social, educativa. Entonces son interferencias que no debieran estar. Y además es esto: hay chicos que han pasado diez mil veces por Casas de Contención y que si van a cumplir la prisión preventiva, si quieren irse se van. Como se han ido, por los fondos. Porque no es un sistema cerrado, es totalmente abierto.

Los delitos no han aumentado

-¿Cuántos años hace que está en la Justicia de Menores?
-En agosto hizo 16 años. El juzgado se abrió el primero de noviembre, pero yo fui nombrada juez de Menores en agosto de 1993.
-Durante estos años ¿ha habido un incremento de los delitos perpetrados por menores?
-Para contestar esta pregunta hay que tener en claro algunas cuestiones. Por ejemplo, en estos 16 años, la población de Tandil creció muchísimo. Las estadísticas que nosotros hacemos año a año no nos hablan de un incremento. Hemos tenido a veces cantidad de delitos cometidos por un mismo chico. No es que hay más chicos que cometen delitos, sino que a veces hay chicos que han cometido catorce delitos en un año. Es llamativo, porque en los últimos años no ha habido incremento delictivo.
Ahora lo que se nos escapa a partir de este nuevo sistema, es toda esa franja de 16 para abajo, porque ya no se interviene penalmente. La tarea ahí es del Poder Ejecutivo, porque son chicos inimputables.
-¿Y en cuento a la gravedad de los delitos?
-Uno considera grave un delito como por ejemplo un robo con arma. Para la ley un hurto es un delito menor. Cuando hay intimidación con arma o lesiones graves se considera delito grave. Y no hay tantos. En dos años para elevación a juicio al Tribunal de Azul he tenido uno o dos casos.
-¿Y por qué cree que existe esa sensación en la población de que cada vez hay más delitos perpetrados por menores y más graves?
-Yo en 16 años he visto delitos aberrantes 15 años atrás. Gravísimos. O sea que eso se mantiene. Cada tanto hay delitos muy grandes. Pero no ha habido un aumento.
Lo que sí he notado es que últimamente ha aumentado el uso de armas. Pero no se ve un aumento, por lo menos en lo que intervenga el Juzgado, que interviene cuando hay denuncia. Cuando no hay denuncias no podemos intervenir. Hay estudios hechos que dicen que lo que llega al juzgado puede ser un diez por ciento de lo que ocurre en la realidad. Y si no hay denuncia no hay actuación.
-¿La precarización social tiene su correlato en cuestiones judiciales de menores?
-La lógica sería que toda crisis económica daría pie a la posibilidad de mayor delito, hurtos. Pero las estadísticas, en este Juzgado, no lo marcan.

Ads

Un Estado sin autoridad

-¿Existe un seguimiento por parte del Estado de los chicos que entran al sistema penal?
-Esa es una de las falencias de las que hablábamos. Una de las falencias es el seguimiento, entendido como contención, plantear estrategias. Porque uno qué pretende con un chico que cometió delitos: pretende que logre reflexionar sobre lo que hizo, que logre pensar que puede haber otro modo de vida, que logre preparase para tener su autonomía sin tener que depender del delito. Uno apuntaba  a eso desde cuando era el Tribunal de Menores, y ahora también. Ese es el trabajo que de alguna manera tienen que hacer los nuevos servicios creados por la ley. Y no digo que no se lo intente, pero no tienen ni cerca los recursos que tendrían que tener. Recursos  personales, materiales, inmateriales.
-Cuando habla de seguimiento no se refiere a  control coercitivo.
-No claro. Seguimiento como alguien que pueda estar ahí como guía, como consejo dado a tiempo. A través de 16 años hemos podido hacer cosas increíbles. Por ejemplo recuerdo un chiquito delincuente que hablando con él, descubrimos que le gustaba escribir. Ese chico terminó en la Sala de Lectura, haciendo un curso de literatura. Otro chico era un apasionado de la guitarra eléctrica, pero no tenía ni medios para llegar a tener una. Y yo, como juez fui a la Escuela de Música y a pesar de que no era mes de inscripción logré que lo matricularan, conseguimos una guitarra prestada. Esas no son tareas que nos corresponda al Poder Judicial, pero se han hecho en infinidad de casos. Buscar un interés del chico, ya sea jugar al fútbol, al rugby. Y hemos tenido varios casos de eso. Encontrarles una motivación.
-Pero también se requiere de recursos.
-Por supuesto. Uno a veces usa los recursos personales. He llegado a hablar con una empresa de limpieza para conseguirle un trabajo a un chico. Y al otro día acompañarlo a su primer día. Esto, estando al frente del Tribunal de Menores.
Pero ahora es muy difícil con el nuevo sistema.
A veces hago un parangón entre lo que es la autoridad de un padre con un hijo y lo que es la autoridad del sistema estatal para con un chico que está en conflicto con la ley penal. De alguna manera en esta nueva legislación ya no está el juez. La autoridad del poder administrador es otra. Entonces es como cuando a un hijo hay que ponerle límites en determinadas cosas. Estos límites que uno le impone al hijo propio es muy difícil poner en el nuevo sistema. Por no decir imposible.
Y eso también tiene que ver con la contención de un chico. Un chico se siente contenido cuando ve hasta dónde puede llegar.
Son cuestiones que uno viene analizando en el actual sistema penal juvenil. Tal es así que yo siempre digo que en mis tiempos de jubilación voy a escribir un libro que se va a llamar `Jóvenes sin red`, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Los hemos dejado sin red, en caída libre.

 

Cuando nosotros íbamos, algunos ya estaban volviendo

-¿Hay esperanzas de que haya una revisión o reformulación de la actual legislación?
-Tiene que haber alguna reformulación. Pero lo que tiene que haber es una inversión en recursos desde el Ejecutivo provincial. Cuando digo hoy los chicos que están internados en los mismos lugares donde se internaban antes, me pregunto en qué hemos avanzado. La tutela, que antes la hacía el Poder Judicial, ahora la hace el poder administrador. Algunas de esas causas se tratan en el Tribunal de Familia y me parece perfecto. Pero los lugares de guarda, de protección, de medidas de abrigo, siguen siendo los mismos.
-Seguramente ha escuchado críticas hacia esos lugares. Por ejemplo, que los chicos salen peor de lo que entran.
-La verdad que uno desearía que antes que un instituto cerrado muchas Casas de Contención. Pero convengamos que las Casas de Contención o cualquier programa, van a andar bien o mal según el coordinador que esté a cargo. Hay coordinadores que son o han sido muy comprometidos y entonces el programa funciona fantástico. Y otras veces no tanto. Entonces también hay falencias dentro de los programas.
-Resulta llamativo que el Estado deje librado a la buena voluntad del coordinador una tarea de este tipo.
-Sí. Además, también digo que hay programas que son muy costosos para el Estado. Porque a veces tienen más personal que número de chicos que atienden. El Estado tendría que tener cierto grado de creatividad para generar otras posibilidades.
Con el nuevo paradigma, el responsable primario siempre es la familia del chico y el Estado tiene que fortalecer ese lazo para que sea su verdadero contenedor. Pero con  la cantidad de personal que tienen acá los nuevos entes creados, ¿hasta dónde podemos hacer un trabajo con la familia? ¿qué recursos tienen?
Uno a veces quiere responsabilizar a una mamá para que críe a su hijo ella misma, pero puede ser que esa mamá no tenga ni siquiera un techo donde vivir. No es que no quiera, no puede.
Uno no pierde de vista que cuando se implementa toda esta legislación de protección de los jóvenes, tanto en Nación como en Provincia, muchos países europeos que hacía diez o doce años que lo estaban aplicando, ya estaban dando marcha atrás en  muchas cuestiones.
Cuando nosotros arrancamos, el mundo estaba volviendo o buscando otros ajustes.

El ultragarantismo

-¿Qué opina de bajar la imputabilidad de los menores?
-La solución no pasa por ahí. Porque poco se puede hacer con bajar la imputabilidad si después no vas a tener programas que orienten a ese chico, que lo contengan. Personalmente no veo bajar la imputabilidad como una solución. Busquemos desde el punto de vista de la atención que requiere ese chico el programa correspondiente. Y sin olvidarnos que, por más que uno parezca antipolítico diciendo esto, siempre va a haber chicos que van a requerir en algún momento de algún sistema cerrado. De la misma manera que a veces necesita de un sistema cerrado para un paciente psiquiátrico y para quien consume estupefacientes.
Y esto no lo quiere ver el nuevo pensamiento, digamos. Pareciera que eso va a en contra de los derechos humanos del niño. Y esto no siempre es así. En determinados momentos no es así.
-¿Por qué el limite de 16 años a la imputabilidad?
-Simplemente es una cuestión política. El Estado renuncia a la penalización de un menor. Es cuestión de política penal. Se renuncia a pensar en un castigo para un joven que no ha cumplido los 16 años. La convención de los derechos del niño ¿qué pretende? Pretende que a medida que los chicos vayan creciendo sean responsables de sus propios actos. Yo, como vos, sabemos que hay chicos de 14 ó 15 que con la historia de vida o de calle que tienen son muy concientes de que están cometiendo un delito. Y no está mal pensar que no sean pasibles de una sanción, pero sí de un sistema fuerte contenedor, no de un si me quiero ir de este programa me voy o no quiero ir al CPA. Cómo lo estamos ayudando a ese chico. Abandonándolo a su suerte.
El nuevo sistema penal es muy garantista, y eso está bien. Pero uno tiene la sensación de que hay un ultragarantismo a nivel del Poder Judicial. Por la propia historia que hemos sufrido los argentinos, estamos tan sensibilizados por el tema de los derechos humanos, que a veces nos pasamos para el otro lado. Y esto es notable. Un juez no va a tomar una medida que sabe que va a ir a Azul o a la Corte donde hay un pensamiento distinto. Uno trata de adecuar los fallos para que haya cierta uniformidad con los órganos superiores. Y los órganos superiores son ultragarantistas. Y es en base a la legislación que tenemos.
-¿Es clara la ley o deja un margen de discrecionalidad por parte del juez?
-Si la ley te dice que un chico puede ir a prisión preventiva sólo a pedido del fiscal, sólo si hay riesgos para el proceso de la investigación, no podés inventar otras causales. Porque si lo hago ?llámese peligroso para la sociedad, por ejemplo- llega a Azul y la bajan. No sólo eso sino que puedo ser pasible de una sanción de la Corte.
La gente cree que el juez tiene mucha cintura. Y no es así. Tenés que ajustarte a la ley, a los fallos de tus tribunales superiores. Antes de resolver la cuestión, estás buscando qué dice la Corte sobre ese tema.
-Desde lo personal ¿cómo maneja esto de ajustarse estrictamente a la ley sabiendo o dudando interiormente de que algo no está de todo bien?
-Es difícil. Y es difícil el cambio. No nos olvidemos que yo he trabajado más en problemáticas de familia (porque el 80 por ciento de nuestras causas era de ese tema) y un 20 por ciento de penal. Fue difícil el cambio, cuando uno durante años se preparó haciendo posgrados, cursos para trabajar otro tipo de problemáticas. Y es difícil aprender de estas situaciones que a veces se dan, que uno por ejemplo dice la ley me marca esto y a nivel de conciencia no estoy del todo conforme. Pero es la profesión en la que uno está y uno como juez se tiene que atener a la Constitución, a las leyes y si algo no está bien es la sociedad la que tendría que planteárselo a los legisladores y nuestros legisladores rever algunas cuestiones.
Antes había otra autoridad. Un chico se fugaba de un programa y se podía librar una orden de captura. Hoy no se puede. Hoy es una averiguación de paradero. Un chico que está en un programa de guarda judicial, si se va, se va. A lo sumo se puede pedir una orden de paradero para ver dónde está. Hay algunas cuestiones que en la práctica hacen que sean falencias. El tema de los chicos que se van, siguen en la calle en contacto con el consumo, con el alcohol, sin tener para comer, donde vivir, con todos sus derechos vulnerados.
Eso es preocupación de todos los que hemos sido jueces de Menores de la Provincia y hemos pasado a este nuevo sistema. Pero habrá que extremar las medidas del Ejecutivo. En las actuales circunstancias económicas del país, el panorama no es alentador. A veces es difícil reaccionar cuando no hay recursos. Siempre estos temas vienen de la mano de decisiones políticas. Acá hubo un aggionarse de la legislación más moderna sin visualizar la realidad que tenemos. Tal vez estos cambios se tendrían que haber hecho gradualmente, primero fortalecer estos organismos, después haberlos puesto en marcha. Pero, hoy por hoy, la única noticia alentadora es en términos estadísticos.