Entre otros puntos, la Asociación de Abogados pidió definir el proceso de elección del defensor del pueblo

El presidente de la Asociación de Abogados, Gastón Argeri, brindó conceptos y características a considerar en el proyecto de ordenanza que contempla la creación de una Defensoría del Pueblo en Tandil, tras un pormenorizado análisis del expediente y de experiencias de otras ciudades que cuentan con esta herramienta.

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En ese marco, la comisión directiva de la entidad elaboró un modelo alternativo que incorpora los principales aspectos que desde su perspectiva se deberán considerar, para dotar un marco regulatorio y definir su funcionamiento.

Bajo esa premisa un grupo de letrados acudirá este miércoles, a las 10, a una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante para presentar y discutir la mirada “jurídica, técnica y objetiva” en torno al tema.

En diálogo con el ciclo radial “No hay dos sin tres” (104.1 Tandil FM), Argeri enumeró las particularidades a tener en cuenta para la implementación de la figura en la ciudad, y marcó como aspecto central determinar el modo en que se elige a quien desempeñará con esa tarea dentro del organismo.

“Un modelo
de proyecto”

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En primer término, el letrado indicó que a raíz de un pedido realizado por los integrantes de la comisión legislativa que preside Corina Alexander para analizar el proyecto presentado en 2014 la entidad conformó una subcomisión que trabajó en el tema e indagó sobre diferentes puntos que incluye el documento.

Así fue que se coordinó un encuentro en el Concejo Deliberante para “exponer los pros y los contras y a su vez acercar un modelo de proyecto que consideramos que sería más viable para el ámbito que hay que trabajar”.

Lo cierto es que para elaborar la propuesta analizaron el caso de diferentes localidades donde se encuentra implementada la figura y en función de ello planteó que uno de los principales puntos es el proceso de elección del defensor del pueblo.

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“La elección es muy importante”, enfatizó y sugirió incluso que el defensor debe ser un abogado, al igual que el adjunto.

Si bien aclaró que quedará a criterio de los legisladores cuando la propuesta se someta a votación, planteó otras consideraciones que deben quedar definidas, como los honorarios y el modo en que se va a regir la comisión que rija al defensor del pueblo.

Pero también el objeto, es decir, “qué competencia tendrá, en qué ámbitos va a intervenir, qué va a defender”, repasó el abogado, quien advirtió que son aspectos que deben quedar aclarados y que hoy el proyecto de ordenanza en estudio no los presenta.

Otras consideraciones

A modo de análisis sobre el tema, el titular de la Asociación de Abogados de la ciudad aseguró que en su propuesta ampliaron el espectro, es decir, “lo llevamos a ámbitos privados y públicos y hasta el derecho ambiental para que pueda intervenir el defensor del pueblo”.

Además modificaron el proceso de convocatoria y la forma de elegir al defensor de pueblo, como así también el funcionamiento de la comisión que lo va a elegir. “Son cosas que el proyecto de ordenanza no contempla”, ratificó.

No obstante, se mostró “a favor” de la implementación de la figura en la ciudad, pero advirtió que “debe tener una ordenanza clara y concreta para que la gente entienda cómo funciona”.

La elección

A propósito de la elección del responsable que cumplirá con la función propuesta, Argeri indicó como punto central la necesidad de definir “quién lo elige” y marcó que “no tiene sentido que lo haga el Ejecutivo porque el tema es hacer foco en lo que realmente tiene que defender”.

Al ampliar el concepto, manifestó que “no tiene que ser un cargo político sino una convocatoria armada donde la comisión haga la preselección de todos los postulantes”.

Desde esa perspectiva, definió que la comisión debe estar integrada por distintas organizaciones que cuenten con personería jurídica para que puedan decidir y debatir cuáles serán los postulantes. Luego se conformará una terna para que el Legislativo finalmente lo apruebe. “Eso hay que cerrar, definir y trabajar, para que haya la autonomía que necesita el defensor del pueblo”, fijó.

En esa línea, también se deberá precisar la responsabilidad de los funcionarios públicos “porque el defensor del pueblo tiene la facultad de pedir muchos informes y hacer consultas”, y para aquellos que no cumplan existan las “sanciones pertinentes”.

“Son cuestiones que tienen que ser sí o sí reglamentadas”, ratificó el presidente de la Asociación de Abogados.

La estructura de
la dependencia

Entre otras consideraciones, Argeri apuntó que para la creación del organismo será necesario garantizar su estructura y presupuesto “porque hay que regular de qué modo va a funcionar, con qué cantidad de empleados, qué infraestructura va a necesitar”, circunstancias que requerirán la asignación de una partida de dinero.

En cuanto a la cantidad de recursos humanos, expuso que “no tiene un plantel tan grande pero necesitará tener un adjunto y algunos empleados más para poder brindar un real servicio, que es lo que se trata de garantizar”.

Asimismo “tendrá que tener la posibilidad de brindar un asesoramiento, recibir a los vecinos para escuchar sus problemáticas. Entonces deberá contar con el espacio, tiempo y el equipo especializado para poder trabajar este tema”, concluyó.