?Este hombre me estafó?, dijo quien llevó a juicio al director de Minería, Sebastián Pené

 Julio César González se presentó espontáneamente en El Eco de Tandil para difundir la causa que lleva adelante contra el director de Minería, Sebastián Pené, por ?administración fraudulenta y falso balance?.
?Este hombre me estafó?, manifestó González, sobre el funcionario ahora separado (licencia sin goce de sueldo) por el ministro de la Producción bonaerense, Martín Ferré. El olavarriense estaba en la gestión de Daniel Scioli desde el 1 de junio de 2009, y a partir de allí había tenido participación en el tema canteras, que devino en la Ley de Paisaje Protegido. En pleno proceso para ejecutarla, desde el Ejecutivo local ya marcaron que esta salida no tendría que dificultar las relaciones.
El damnificado, expedientes en mano, contó que fue socio de Pené en la empresa Tamberos Unidos. La firma nació a fines de 2002, como una pasteurizadora cooperativa de productores de la ciudad cementera.
En 2003 lanzó la venta de leche en sachets y aspiraba a cubrir toda la demanda del Plan Más Vida, unos 3 mil litros diarios.
A raíz de este negocio, González empezó a denunciar a Pené (que luego fuera secretario de Desarrollo Local del fallecido Helios Eseverri) por los medios.
Según informó el diario El Popular de Olavarría, ?la embestida más grande de González fue en 2008, en el mismo año en que lo esperó a Pené a su salida de la Municipalidad y lo atacó con un palo, hecho por el cual fue condenado?.
?El resto de los socios de Tamberos Unidos Olavarría SRL, ante las denuncias públicas de González, salió con un documento a alejarse del conflicto. Lo firmaban Marcelo Adrián Lanceta, Horacio Alberto Masson, Roberto Miguel Lanceta, Orfel Narciso Tasso y Nelson Reinaldo Masson, quien hoy está procesado junto con Pené?, agregó el matutino olavarriense.
Ahora, con el patrocinio del abogado tandilense Eduardo Carbonetti, González logró que el juez de Garantías Carlos Villamarín instruya las actuaciones correspondientes para llevar la causa a juicio oral y público.

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El expediente

Villamarín rechazó una presentación formulada por la defensa de Pené y Masson, doctora Elda Beatriz Donatelli, para evitar que la causa avance.
Luego, insta a ?elevar a juicio los autos de este proceso, por suponerlos (a los imputados) probablemente coautores del delito de administración fraudulenta y balance falso?.
En el documento, se especifica que la demanda civil iniciada por González asciende a la suma de 7.718.124,06 pesos.
Tras analizar las denuncias, el juez Villamarín consideró ?legalmente justificado que entre el 16 de abril de 2003 y el 17 de septiembre de 2007 dos sujetos de sexo masculino, mayores de edad, coactuando a tal efecto en calidad de socios gerentes de la empresa Tamberos Unidos de Olavarría SRL y teniendo a su cargo la dirección, administración y representación legal de la misma, y con la finalidad de procurar un lucro indebido o un daño, violando los deberes a su cargo, perjudicaron los intereses que les fueran confiados, en función de no haber registrado ventas, ingresos y egresos de fondos no contabilizados, pagos de sueldos sin comprobantes y emisión de remitos bajo el nombre de dos empresas?.
En otro hecho denunciado, sostuvo que ?el 30 de agosto de 2006 se aprobó y autorizó un balance del libro de actas, en el cual no se hallaban mencionados ciertos estados contables, lo que no permitió la estricta y real contabilidad?.
Después, el magistrado explicita que ?se encuentra acreditado en autos que los imputados Sebastián Pené y Nelson Reinaldo Masson se desempeñaban como socios gerentes de la firma Tamberos Unidos de Olavarría SRL y tenían a su cargo la dirección, administración y representación legal de la dirección, administración y representación legal de la sociedad, así como amplias atribuciones para realizar las operaciones de la sociedad, representarla en todos sus actos, operar con bancos oficiales o privados y demás instituciones de crédito, efectuar todos los actos de administración que se relacionen directamente con el objeto principal de la sociedad, entre otras funciones, siendo responsables por los daños y perjuicios que resultaren de su acción?.

Los peritajes
contables

El perito contable dejó claro en el documento que ?constan registrados dos balances distintos para un mismo ejercicio?, a lo que el juez acotó que ?se observan importantes diferencias en los saldos de los dos balances registrados por la empresa en las cuentas, créditos por ventas y cuentas por pagar?.
Además, ?las planillas de caja que aporta la empresa en la causa se condicen con los movimientos registrados en los balances auditados. Esta cronología bien puede hacer presumir que estas planillas de cajas (hojas móviles, sin encuadernar ni foliar, impresas en una planilla electrónica) no fueron las utilizadas para registrar los movimientos en tiempo real?.
El magistrado indicó que ?esta anómala situación resulta suficiente para advertir, en palabras del experto, que los balances sin auditar contienen irregularidades e inexactitudes contables básicas, que desestima la veracidad de la información contenida en ellos, que las grandes diferencias en los dos balances realizados para un mismo período, en cuentas contables de gran importancia y elementales en la administración de una empresa, debieron estar sujetas a controles estrictos y a procedimientos de auditoría que permitan obtener un saldo preciso en forma diaria o periódica, como lo son la cuenta caja, deudores por ventas y cuentas a pagar o proveedores?.
Y otro perito contador señaló que ?de acuerdo con los antecedentes obrantes en autos, donde surgen evidencias que se efectuaron pagos de sueldos sin comprobantes, emisión de remitos bajo el nombre de dos empresas, inexistencia de controles financieros en las rendiciones de fondos, permiten inferir ingresos y egresos de fondos no contabilizados?. *

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