Fiscal instó a los ocupas a que revean su postura frente a un inminente desalojo

Se cumplió un mes y una semana de la toma masiva de lotes en cerro El Granito y el caso sumó un nuevo capítulo mientras se aguardan novedades en torno al desalojo ordenado por la titular del Juzgado de Garantías 2, doctora Stella Maris Aracil, a comienzos de la semana pasada.

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En ese marco la Fiscalía a cargo del doctor Luis Piotti quiso entregar un comunicado a las familias que participan de la ocupación, invitándolos a “reflexionar” sobre el accionar para que se opte por un “camino pasivo, no violento” y que permita encausar “por alternativas legales el reclamo de aquellos derechos que han entendido vulnerados”.

La difusión del comunicado a través de este Diario, como de otros medios locales, fue dispuesta por el titular del ministerio público ante la reacción de Griselda Altamirano y Jorge Lezica, considerados los organizadores de la toma, a recepcionar la nota.

 

La difusión

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Entre los vistos y considerandos el fiscal apuntó que el martes 13, atento a publicaciones que “daban cuenta de la preparación de medios violentos para resistirse a un eventual desalojo, y con el objeto de garantizar que la información sobre aspectos jurídicos brindados oportunamente a la portavoz Griselda Altamirano para evitar medidas de fuerza, llegase a cada una de las personas involucradas, se dispuso la entrega a estos de la respectiva comunicación”.

Y tendiendo en consideración que ayer la trabajadora social encargada de la diligencia “hizo saber que tanto Altamirano como Jorge Lezica impidieron de modo terminante su realización, descalificando la labor de la funcionaria y la medida judicial, más allá del curso penal que pueda derivarse de este comportamiento, y no vislumbrándose otra alternativa que cumpla con el objetivo planteado”, resolvió disponer la difusión de la presente y del citado comunicado a través de medios locales de prensa.

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El comunicado

 

En un comunicado dirigido “a las personas involucradas en la toma de lotes en cerro El Granito”, indicó que “contando como antecedente, resolución judicial de desalojo parcial, y ante la posibilidad de ratificación y ampliación de dicha medida para todos los lotes, desde esta Fiscalía se ha entendido necesario intentar vías alternativas de comunicación con ustedes, tendientes a evitar la utilización de la fuerza como camino de solución al problema, más allá de haberlo transmitido en su momento a la portavoz del grupo, Griselda Altamirano”.

“Partiendo de la certeza de la independencia del Poder Judicial respecto de los demás poderes del Estado y que su misión es hallar justicia en el fiel cumplimiento de la ley, la obediencia de los mandatos judiciales, es decir sus resoluciones, es la clave y garantía de una sana convivencia democrática”, remarcó.

Y agregó que “la existencia de motivaciones para llevar adelante acciones como las que aquí están en cuestión, que en determinado contexto puedan resultar entendibles, no validan el uso de cualquier método para sostenerlas, menos aun si éstos implican desoír la ley y utilizar medios agresivos, peligrosos para la integridad física propia como de otros ciudadanos, llámase vecinos o funcionarios que cumplen con su trabajo; todo, con el consabido riesgo de perder aquella apariencia de fundamento que podía respaldarlas”.

En otro párrafo expresó que “salvo en casos de estricta necesidad, los actos ilícitos de otros de ningún modo habilitan un acto propio contrario a la ley. Son los jueces los que cuentan con la capacidad necesaria para valorar la legitimidad o pertinencia de la documentación que tienen delante suyo para decidir. Las situaciones alegadas en torno a ciertos lotes de la zona, ya sea sobre la validez de títulos inmobiliarios o de las operaciones llevadas a cabo a su respecto, recibirán la investigación que corresponda, en el marco del anoticiamiento o denuncia que se formule, como de hecho está sucediendo”.

Por lo aquí expresado “se invita a ustedes a reflexionar sobre el propio accionar para que en el caso en que se disponga el desalojo desde un órgano superior (Cámara de Garantías en lo Penal), se opte por un camino pasivo, no violento, y que permita encausar por alternativas legales el reclamo de aquellos derechos que han entendido vulnerados”.