Fueron procesadas 20 personas que se negaron a ser presidentes de mesa

Ellos y los otros 716 investigados en estas causas podrían recibir severas condenas. El Código Nacional Electoral prevé una pena de prisión de seis meses a dos años para quienes no justifiquen su inasistencia.
Hasta ahora, Servini jamás la aplicó en la ciudad de Buenos Aires y casi no hay antecedente de condenas en el país, pero esta vez podría ser diferente, según refleja una nota publicada hoy por el diario La Nación.
La investigación impulsada por la jueza ya cuenta con la apertura de 736 expedientes, más de 100 indagatorias a acusados y se fijaron audiencias para que declaren otros 191.
Además se está rastreando a unas 81 personas que no viven más en el domicilio que consignaron y se libraron cientos de pedidos de información a la AFIP, a las AFJP y a las compañías de teléfonos, según relata el artículo.
El fiscal electoral Jorge Di Lello, que apoyó esta decisión, dijo a La Nación que la idea de perseguir a los ausentes “es curativa y no sancionatoria, más allá de que se traduzca en sanciones”.
Di Lello explicó que, en otras épocas, ser designado autoridad de mesa era un honor y las ausencias realmente eran excepciones.
“Ahora el fenómeno tomó una relevancia tal que activa la maquinaria judicial y pone en evidencia que el sistema es vetusto y requiere una actualización”, sostuvo. En su fiscalía también se incrementó el trabajo considerablemente porque tiene delegadas casi 500 de las investigaciones. 

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