Gobierno de Scioli insiste en bajar la edad de imputabilidad
El funcionario señaló que “si bien existen las herramientas que permiten restringir la libertad de un menor de 16 años por un delito de extrema gravedad, también es cierto que son “evidentemente inconstitucionales”, ya que “nadie podría estar restringido de su libertad sin un proceso penal”.
“Por eso la necesidad de discutir un sistema de responsabilidad penal juvenil especial, con sanciones específicas, distintas a la de los adultos, con un proceso especial, jueces especializados, fiscales y defensores especializados, y lugares de tratamiento especializados”, indicó Álvarez de Olivera en respuesta al gobierno nacional.
Hace más de dos años que el proyecto de Ley, que contempla que los menores de hasta 14 años sean punibles cuando cometan delitos graves, cuenta con media sanción del Senado pero aún resta la aprobación de la Cámara de Diputados de la Nación.
En medio del reclamo de Scioli y de referentes de buena parte del arco opositor, ministros nacionales minimizaron la necesidad de contar con una nueva legislación tras advertir que los jueces tienen las “herramientas necesarias” para detener a jóvenes “peligrosos”, y desafiaron a los legisladores no kirchneristas a reunir mayoría para sancionar el proyecto en Diputados.
En la actualidad el decreto Ley Nacional de facto 22.278/80 del Régimen Penal de la Minoridad, establece la edad de 16 años para enjuiciar a un menor, por lo que las provincias no pueden de acuerdo a sus atribuciones variar esta edad.
En tal sentido, el ministro Alvarez solicitó a los legisladores de la cámara baja nacional que “por favor se pongan a tono y le den tratamiento a esta Ley que es tan necesaria para poder abordar de manera legal y ordenada los casos de delitos graves donde participen menores de 16 años”.
Además, el ministro bonaerense le reclamó al diputado Francisco de Narváez que “deje de hablar y hablar y se ponga a trabajar en serio para darle al fin la media sanción que le falta al proyecto para convertirlo en ley”.
Poco antes, De Narváez le había pedido al gobernador Scioli “que se encargue del problema de los jóvenes que delinquen en la provincia”, tras advertir que en 2007 se votó el régimen penal juvenil y que “es su responsabilidad implementar la ley”.
De campaña por la Costa Atlántica, De Narváez señaló, además, que hay en la provincia 450 menores privados de la libertad y 110 con semilibertad “pero prácticamente no tienen ningún tipo de tratamiento como para poder reinsertarse en la sociedad”.
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