Impulsan la creación de una alcaidía en Barker

-¿Comoestá la situación carcelaria hoy en la Provincia?

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Araujo: -Complicada. La provincia de Buenos Aires concentra estimadamente el 50 por ciento de todas las personas detenidas de nuestro país. De esta manera puede visualizarse que la tasa de encarcelamiento es de las más altas de la región; teniendo aproximadamente 30.000 detenidos. Frente a este panorama fácil es de advertir que se corre el riego de superpoblar las cárceles, lo que trae como consecuencia el agravamiento de la violencia institucional sobre los detenidos.

Kolbl: -Y en lo que respecta a nuestra región no puede perderse de vista que en el Departamento Judicial de Azul tenemos diez centros de detención, ocho para varones mayores; uno para menores, y uno para mujeres mayores; estando todos ellos al borde de su capacidad de alojamiento, siendo incluso superados en algunos momentos críticos, en virtud de servir de alojamiento a detenidos del conurbano bonaerense.

En las cárceles hay problemas de carencia de elementos indispensables para hablar de condiciones dignas de detención: falta de alimentos, medicamentos, colchones. Estos déficits deben ser resueltos a partir de decisiones administrativas, es decir, dependen del poder político provincial, pues no se debe olvidar que de él depende el servicio penitenciario.

Hay que destacar, igualmente que se ha avanzado en el ámbito educativo, con mayores posibilidades de estudio por parte de las personas privadas de libertad.

-Hablabande la violencia institucional ¿Qué se está haciendo al respecto?

Kolbl: -En la actualidad hay numerosas instituciones que se encuentran trabajando con los internos de las unidades penitenciarias, y ello hace que el control de lo que allí ocurra se extienda a otros organismos. A la vez las diferentes actividades desplegadas desde las defensorías oficiales, la Defensoría General, Anses, o la Universidad Nacional del Centro por ejemplo, a través de diferentes facultades permiten enfrentar mejor situaciones de probables abusos o desigualdades; sin embargo todavía queda mucho para hacer.

Araujo: -Un dato elocuente de lo que aún falta construir lo constituyen el contenido de los sucesivos informes anuales de la Comisión Provincial por la Memoria, quienes en sus estudios detallados de la situación carcelaria en la Provincia han podido corroborar la existencia de patrones estructurales de violación de derechos de las personas privadasde libertad.

Según esos estudios estos patrones están asociados a prácticas extendidas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; a condiciones de detención violatorias del principio de trato digno; y a la existencia de estructuras de ilegalidad y arbitrariedad ancladas en el propio Servicio Penitenciario Bonaerense que se traducen en la conculcación de derechos de los detenidos.

–¿Qué sabe la sociedad sobre lo que pasa adentro?

Kolbl: -¡Nada!  La sociedad ignora por completo lo que ocurre en las cárceles, y pareciera que es poco o que le interesa en general, pues se tiene el concepto de que “están allí por algo”, ignorando que el delito es consecuencia de situaciones socio culturales desfavorables, en general, al menos cierto tipo de delitos, como los que generan la llamada “inseguridad”. Hoy las cárceles no reúnen las condiciones necesarias para cumplir con el rol que les asigna la constitución, no son suficientes los recursos para reeducar, resocializar, o rehabilitar a los sujetos detenidos. Es tarea de los operadores judiciales en su conjunto hacer visible las falencias existentes, porque el mundo carcelario suele ser ajeno a la vida social, familiar o laboral de la comunidad. Quienes tienen algún contacto con la realidad que impera intramuros por su actuación profesional o quienes tienen familiares detenidos son los que tiene idea de esa realidad, pero el resto ni sospecha lo que se vive en una cárcel.

Araujo: – La gente no logra percibir lo cerca que estamos todos de esa cárcel, que entre todos colaboramos a construir, ni tampoco cómo las deficiencias apuntadas inciden en la comunidad, y ello constituye una problemática extra, que merece también un abordaje por especialistas. En lo que a nosotros nos compete, desde la Defensoría General, y en particular desde las defensorías de Tandil intentamos promover vinculaciones positivas, tanto con funcionarios penitenciarios preocupados en hacer las cosas mejor, como con instituciones que quieran contribuir a brindar soluciones ante problemas específicos.

Una de esas preocupaciones que hemos intentado canalizar a través del poder político lo constituye la creación de una alcaidía cercana a la ciudad de Tandil.

Kolbl: -Sí, es absolutamente necesario que se habilite una alcaidía en la cárcel de Barker, lugar en el que, por otra parte, sólo habría que invertir en restaurar un pabellón que por su deterioro ha dejado de ser funcional.

 

Una alcaidía

 

-¿Quédiferencia existe entre una unidad carcelaria y una alcaidía; y en qué contribuiría que hubiera una cercana a la ciudad?

Araujo: -Una alcaidía es un contexto de encierro que, teóricamente, posee menor rigurosidad que una Unidad Penitenciaria, y que en principio están reservadas para aquellas personas privadas de la libertad que aún tienen su situación procesal de detención sin resolverse. En el ámbito de la provincia, aquellas personas que aún no tenían la prisión preventiva firme solían alojárselas en las comisarías. Sin embargo a partir del precedente de la CSJN “Verbitsky” ya no es posible alojar detenidos en las comisarías, ni tampoco ello es aconsejable desde el punto de vista estructural ni tampoco funcional.

Kolbl:-En su momento la creación de alcaidías departamentales fueron parte de un proyecto impulsado desde el propio Ministerio de Justicia, sin embargo hasta hoy no se ha hecho efectivo. Los beneficios de contar con una alcaidía cercana a la ciudad se sentirían respecto de la actuación de los organismos judiciales, así como también en la familia de las personas detenidas, quienes en definitiva resultan ser proveedores de bienes de consumo necesarios, ropa y otros elementos que resultan indispensables para los detenidos, y que como ya lo señaláramos, no les son provistos por el sistema. Las fiscalías podrían realizar con mayor comodidad y eficacia las primeras diligencias procesales, la defensa contar con mayor posibilidad de contacto con el imputado, asegurando una mejor participación informativa en los actos procesales, y los jueces de Garantías controlar el contexto de encierro de manera mucho más eficaz.

 

Compromiso político

 

Araujo:–En la actualidad la alcaldía más cercana está ubicada en la localidad de Alvear, distante a mas de 200 kilómetros de Tandil, con enormes dificultades para llegar hasta allí, por insuficiencia de medios de transporte público, lo que dificulta bastante la tarea judicial, amén de los obstáculos que implica la distancia para el acercamiento familiar de los presos y su debida contención.

Nosotros estamos dispuestos a proponer medidas, y a trabajar en forma conjunta con los organismos políticos colaborando en todo cuanto fuera necesario para mejorar la situación.

Kolbl:–Es necesario un compromiso del sector político para garantizar el respeto de las garantías constitucionales de las personas privadas de libertad, previendo los recursos para resolver las carencias y la implementación de medios para lograr la inclusión social de los detenidos, mediante un adecuado abordaje de la problemática de estos sectores sociales. Esto no deja de ser una exigencia constitucional, y si no, leamos el artículo 18 de la Constitución Nacional, amén de los pactos internacionales incorporados, que forman parte del texto constitucional mismo. Si se lograra ello, la sociedad vería cómo se reduce la reincidencia, por ejemplo.