Incrementarían un 31 por ciento el boleto pese a los subsidios por 48,5 millones de la Nación
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En la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante, que se celebrará mañana, los concejales tratarían el incremento de las tarifas del transporte urbano de pasajeros, solicitado por las empresas que prestan el servicio público. De todos modos, la inclusión del asunto en el orden del día se decidirá esta mañana, en la reunión de labor parlamentaria.
A priori, el oficialismo estaría decidido a aumentar a 6,50 pesos el boleto plano desde la promulgación de la ordenanza y a llevarlo a 7,21 pesos a partir del 1 septiembre, cuando se implemente el sistema electrónico. Desde la oposición ya adelantaron que no acompañarán esta propuesta y el Frente Renovador presentará un dictamen en minoría.
Ayer, el secretario de Gobierno Gastón Morando participó de la reunión de la Comisión de Transporte para aclarar algunas dudas vinculadas a los dos estudios de costos, uno presentado por las empresas y el otro encargado a la Dirección de Estudios de Costos Mesoeconómicos (Decom).
En principio, desde el Frente Renovador ya adelantaron que llevarán a labor parlamentaria un dictamen en disidencia, mientras que desde el Frente para la Victoria observaron graves diferencias entre los dos estudios de costos y revalorizaron los 48,5 millones de pesos en subsidios que aporta el Estado nacional.
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Accedé a las últimas noticias desde tu email“El valor final del
boleto es político”
El edil del PRO Pablo Díaz Cisneros explicó que a pesar de la visita de Gastón Morando, “algunas cosas quedaron en el aire, como el aumento del IPK (Indice de Pasajero por Kilómetro) que hace que baje el costo del boleto porque hay mayor cantidad de pasajeros transportados en igual período”.
En este sentido, observaron que un mayor corte de boletos impacta sobre el costo operativo teniendo en cuenta que los gastos son los mismos para más pasajeros transportados. “Esto no quedó muy aclarado porque el oficialismo dice que está considerado y eso nosotros no lo vemos”, puntualizó.
Díaz Cisneros remarcó además que hubo un incremento de los subsidios que superan los 48 millones de pesos, incluyendo unos 10 millones de pesos al combustible. “Esta pretensión de llevarlo a 7,29 que había pedido la Cámara nos parecía realmente excesivo. Planteamos que de ninguna manera estamos de acuerdo en hacer el aumento en una sola etapa, tenía que ser gradual, en dos o tres escalones hasta llegar al valor final”, adelantó.
Por otra parte, desde su bloque pusieron como “techo” para la suba un 20 por ciento que se vería reflejado en un boleto plano a 6,50 pesos en septiembre, con un ajuste previo a 6,25 pesos en mayo. Plasmando formalmente esta propuesta, hoy presentarán un dictamen de minoría.
Además del porcentaje de incremento que se dispone a otorgar el oficialismo, el concejal objetó que el boleto a 7,21 pesos “se debe a que el cargo por la financiación del costo operativo de los puestos de venta y comercialización de la tarjeta SUMO, que devenga en un 3 por ciento, se lo van a cargar al pasajero”.
Explicó que desde el bloque entienden que si hay un costo operativo del sistema, “lo lógico era que eso se financiara con lo recaudado en concepto de estacionamiento medido por los parquímetros. El radicalismo no estuvo de acuerdo con esto. Por eso en la segunda etapa, en lugar de 7 pesos el boleto va a costar 7,21”.
En cuanto a las posturas, Díaz Cisneros le achacó al radicalismo que “ellos son los progresistas y nosotros los capitalistas, el PRO, pero nosotros estábamos defendiendo el bolsillo del pasajero, que es el que menos tiene, y ellos siguieron adelante con esta postura. Me da la sensación de que algo no está bien, de que el valor final del boleto es político y que verdaderamente se podría haber hecho un esfuerzo estudiando mejor el tema de costos, aportando más datos, y que a lo mejor se pudiera reducir el valor final de la tarifa”.
“Hermanos
en la Sapem”
Desde el Frente para la Victoria, José Ignacio Fosco, precisó que hasta ayer por la mañana la única moción de aumento era la del 32,6 por ciento que pidió la Cámara del Transporte, “justificándolo con un estudio de costos incompleto y, desde mi definición, dudoso. Desconfío de todo estudio de costo porque los datos los provee la empresa”.
Como ejemplo, citó que los kilómetros recorridos del estudio que las firmas presentaron en 2015 son los mismos que de 2014. “No puedo creer que no haya habido variación. Los kilometrajes que disparan subsidios van de Tandil a la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) que regula como declaración jurada refrendada por Esteban Risso, ex accionista y ex chofer de la línea marrón, y el intendente Lunghi, que es el veedor que le firma las declaraciones juradas a las empresas”, indicó.
Fosco remarcó la incidencia del subsidio al gasoil tenida en cuenta por el estudio del Decom, entonces concluye que en total los subsidios suman 48.545.000 pesos, 37,5 millones en dinero y 10,2 en combustible.
El concejal indicó que al aumento de los subsidios se suma el incremento del Indice de Pasajeros por Kilómetro (IPK), que conduce a una baja de los costos por pasajero que permitiría mantener la tarifa.
“Si hace dos o tres años el estudio de la Facultad de Económicas tenía un IPK de 1.39 por kilómetro recorrido y hoy tiene 1.89, hay más gente pagando por lo cual el costo debería bajar. No digo que baje la tarifa pero no tiene porqué aumentar tanto”, explicó.
Por otra parte, rechazó que se traslade al boleto el 3 por ciento del costo para el sistema de recarga de tarjetas. “Todos estos años hemos estado diciendo que hay una asociatividad entre el radicalismo y la Cámara de Transporte, que han articulado en conjunto, han acordado sus gestiones, y lo que lo deja emerger y blanquear ahora es la Sapem. Ahora sí legalmente el Municipio es socio de la Cámara de Transporte porque son hermanos en la Sapem”, manifestó.
Por otra parte, rechazó la propuesta del oficialismo para incrementar el 35 por ciento la tarifa de colectivos para Gardey (de 20 a 27 pesos) y del 66,6 por ciento para María Ignacia Vela (de 30 a 50 pesos). Reclamó un estudio de costos que pueda argumentar debidamente el pedido de la empresa que presta el servicio, que además es único oferente.
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