Jueces tandilenses, contra la ?democratización de la Justicia? y las críticas de la Presidenta
Gustavo Echevarría y Pablo Galli son dos de los magistrados bonaerenses que firmaron el comunicado titulado “Los jueces y la democracia”, que inicia con una frase que pronunció hace casi dos décadas el hoy ministro de la Suprema Corte de la Nación, Eugenio Zaffaroni: “Un judicial militarizado verticalmente es tan aberrante y peligroso como un ejército horizontalizado”.
Los jueces bonaerenses consideraron necesario dejar sentada su postura frente las “recurrentes alusiones a la necesidad de democratizar al Poder Judicial, hechas desde el más alto nivel del Gobierno nacional”.
Consideran que si el Poder Ejecutivo nacional “tuviera el propósito de unificar ambas esferas en un solo ámbito de poder institucional, ya sea confiriendo a los jueces la representación popular directa, o a los demás poderes del Estado la injerencia en la resolución de las causas judiciales pendientes, importaría un retorno a etapas históricas superadas de nuestra organización nacional, merced a la sanción de la Constitución Nacional de 1853 que —en los arts. 29, 75 y 109— impide a cualquier poder del Estado irrogarse la suma del poder público”.
“La independencia del Poder Judicial no debe ser concebida como una situación de privilegio para los jueces, ni para las ‘corporaciones’ de jueces y abogados, sino como una garantía de la imparcial determinación jurídica de la verdad, en los conflictos de intereses entre los ciudadanos y, sobre todo, entre los ciudadanos y los otros poderes estatales”, afirman.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailBajo estos dos presupuestos, aseveran que “ninguna mayoría popular por aplastante que fuese, ni siquiera la unanimidad del pueblo, podría —por su propia voluntad— legitimar la condena del inocente, ni la absolución del culpable, como no podría, tampoco, hacer verídico lo que es falso, ni falso lo que es verídico”.
“En el Estado democrático de derecho existe un poder público que se encarga, precisamente, de velar por la efectiva vigencia de los derechos y las garantías fundamentales, es decir, de los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales incorporados a ella: ése es el papel institucional atribuido al Poder Judicial”, argumentan.
Con lo expuesto como fundamento, los jueces aseguran que “la esfera de lo ‘decidible’ es el ámbito de competencia específica de las funciones políticas del Gobierno —tanto ejecutiva, como legislativa—; mientras que la esfera de lo ‘no decidible’ pertenece a la competencia y está regida por las funciones y las instituciones de garantías, esencialmente jurídicas, del Poder Judicial”.
Por último, agregaron que la democratización del Poder Judicial “nada tiene que ver —como algunos han sostenido, en el orden provincial— con las reformas introducidas en las normas que regulan la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, que son contrarias al texto expreso de la Constitución provincial, al exacerbar el control político en el proceso de designación y en el enjuiciamiento de los jueces, con evidente desmedro de la independencia del Poder Judicial y de los derechos y garantías de los bonaerenses”.
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