La Asamblea Ciudadana rechazó de manera enérgica el loteo de la chacra 170 sobre Don Bosco

La Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras de Tandil rechazó una vez más el parcelamiento de las tierras de la chacra 170 ubicadas sobre avenida Don Bosco, conocido como el predio de la familia Segurola. A través de un comunicado titulado “¿Ignorancia o encubrimiento?”, salió al cruce del presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik.

Recibí las noticias en tu email

Accedé a las últimas noticias desde tu email

Suscribite al newsletter

Ver más

Ads

“Las declaraciones del Dr. Frolik sobre la audiencia pública realizada en relación al pretendido loteo en la chacra 170 sobre avenida Don Bosco están plagadas de inexactitudes”, remarcaron.

En principio, no coincidieron con la definición que el funcionario diera de esas tierras como Zona Especial de Interés Urbanístico (ZEIU). Refirieron que Frolik sostuvo que se trata de “una zona a la que se le quitan los indicadores urbanísticos para que luego el particular pida lo que le parece y el Municipio decide qué le da”.
Con respecto a esas declaraciones, desde la Asamblea señalaron que “no es cierto. El Plan de Desarrollo (Territorial) vigente para todos los ciudadanos, incluidas las autoridades, llama así a todas las áreas destinadas o previstas para equipamiento urbano o regional”.

Precisaron que “los terrenos de Don Bosco integran la Zona Especial de Interés Urbanístico 19, conjuntamente con los terrenos del Polideportivo Municipal. En estas zonas cualquier modificación debe ser compatible con el uso establecido, contar con un plan especial y es exigible un estudio de impacto ambiental”.

Tras aclarar el concepto, explicaron que “nada de eso es lo que se ha considerado en este caso, en el cual los funcionarios parecen trabajar para los particulares más que para defender los intereses de la ciudad. Previamente al PDT, en el año 2005, eran un terreno declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación por ley provincial, justamente por su importancia para el desarrollo urbano, es decir de la ciudad y no de un negocio particular. No concretar la expropiación y dejar agotar el período establecido por la ley ha sido un acto de gobierno que no se explica, salvo por el evidente apoyo de algunos funcionarios al pedido en discusión”.

Ads

“Sí lo es”

Por otra parte, no coincidieron con la postura del Ejecutivo que sostuvo que no es una excepción. “El convenio urbanístico es una forma de tratamiento de una excepción en la cual quien la pide ofrece algo a cambio. Los particulares pidieron una excepción y el propio Mario Civalieri afirma que lo que solicitaron, por sus características excepcionales sólo podría ser aprobado mediante un convenio urbanístico”, manifestaron y citaron la nota anexada al expediente.

Además, señalaron que “naturaliza que los indicadores correspondientes son los de las zonas residencial extraurbana 1 y 2”, y argumentaron que “esto no es así por varias razones”. En principio, “ningún funcionario está habilitado, sin mediar un cambio de zonificación aprobado por el Deliberativo, para decir lo que sería una zona si no fuera lo que es. Es una Zona Especial de Interés Urbanístico, no residencial de ningún tipo”.

Ads

En segundo lugar, marcó que “las subdivisiones en lotes pequeños son antiguas y ya estaban aprobadas con anterioridad al PDT, todo lo que no estuviera aprobado debe regirse por el marco vigente actualmente”.

Además, “las zonas linderas que no estaban loteadas con anterioridad al Plan de Desarrollo son extraurbanas, sólo podrían lotearse en terrenos grandes, con muy baja densidad”, y “todas las categorías lindantes pertenecen al área complementaria y tienen como requisito imprescindible para autorizar una subdivisión, asegurar la provisión de agua potable y el tratamiento de efluentes cloacales, inversiones a las cuales se niegan quienes piden la excepción y convenio”.

Por último, indicaron que “la calificación que mencionan como correspondiente -residencial extraurbana 1- obliga a indicadores que tampoco cumplen, ya que la parcela debiera tener 40 metros de lado mínimo y 2000 metros cuadrados de superficie mínima y lo presentado tiene 15 metros y 1500 metros cuadrados respectivamente”.

Las conclusiones

Para la Asamblea, “estas inexactitudes, lejos de aclarar las dudas de la opinión pública en el marco de un proceso extremadamente controvertido, suman confusión y sirven exclusivamente al intento de justificación de una decisión que se quiere tomar a pesar de las múltiples irregularidades y su evidente inconveniencia para la ciudad. El Estado no puede ser el garante de negocios privados, ni aprobar excepciones y convenios urbanísticos para tapar irregularidades”.

Para finalizar, concluyó que “si el Concejo Deliberante aprobara este convenio, no sólo estaría convalidando un accionar escandaloso sino sentando el más firme antecedente para que nadie cumpla con el ordenamiento y se multipliquen las estafas con las ventas de lotes inexistentes, así como se multiplicarán los problemas ambientales derivados de colocar el lucro de unos pocos por encima de los intereses de la comunidad. Cuando el propio Estado rompe las reglas o las manipula para garantizar negocios privados, pierde la sociedad en su conjunto”.