La Asamblea mostró preocupación por declaraciones de los funcionarios

“Mientras la ciudadanía espera que la Ley de Paisaje Protegido se verifique en los hechos, la destrucción sigue avanzando en el partido de Tandil, se proyectan nuevas canteras y la construcción crece en las laderas. Como si fuera poco, un senador justifica el tránsito con sobrecarga de piedra por una cuestión de ‘mercado’”, remarcó.

A raíz de estos hechos, los preservacionistas remarcaron que “la ciudadanía soporta la destrucción de su principal patrimonio natural y además paga la cuenta de las medidas para detenerla. ¿Y los responsables de la destrucción de qué se hacen cargo?”.

 

Que se cumpla

 

Por otra parte, recordaron que “luego del persistente reclamo ciudadano, cuando el Gobernador, el Intendente y legisladores de diversos partidos acordaron elaborar y sancionar una Ley de Paisaje Protegido, muchos fueron los intentos para impedirla o para cambiar sus alcances introduciendo modificaciones a gusto de los empresarios canteristas”. 

Y trajeron a colación “el nefasto Acuerdo Marco de 2000” desde el cual “los agujeros se agigantaron más rápidamente y las canteras destruyeron a un ritmo vertiginoso. Doce años después, cuando ya extrajeron gran parte de lo proyectado, y cuando el Estado se hará cargo de las indemnizaciones a los trabajadores y de proveerles un nuevo trabajo en iguales condiciones (un esfuerzo justificado para preservar lo que queda de las sierras), pretenden cambiar el legítimo cierre por un traslado a cuenta de la ciudadanía”. 

Cuestionaron que si la comuna y la Provincia permitieran la nueva explotación “estaríamos ante un verdadero despropósito. Sería meter por la ventana lo que sacamos por la puerta con la ley en la mano y el más amplio consenso democrático”.

 

Un “retroceso”

 

En este sentido, criticaron al secretario de Obras Públicas Mario Civalleri porque “planteó un verdadero retroceso al introducir la posibilidad de considerar la apertura de nuevas canteras. Máxime cuando el propio Intendente protagonizó el firme reclamo que evitó el artículo colado subrepticiamente en el proyecto que pretendía abrir esa posibilidad”.

Desde su postura “multiplicar el daño ambiental en otros lugares del partido de Tandil sería una verdadera estafa a la voluntad de la gran mayoría de los ciudadanos”.

Y mencionaron que todas las sierras de Tandil son valiosísimas, son pequeños y antiquísimos afloramientos precámbricos de extraordinaria importancia, albergan relictos de pastizal serrano y una notable biodiversidad, son cabeceras de cuencas hídricas, nacientes de los arroyos y área de recarga del acuífero del cual se abastece Tandil. 

Pero además alegaron que “son nuestra identidad, nuestro patrimonio natural más preciado y una maravilla cuyo cuidado nos compete, una responsabilidad que todos debemos ejercer como ciudadanos y las autoridades aún más, por representarnos”. 

Valoraron la norma que rige para la Poligonal porque “plantea el comienzo de la protección, no un permiso para romper más o usar peor afuera de la misma. Quienes nos gobiernan no lo hacen sólo para una parte del partido sino para el todo, no sólo para el presente, sino con proyección hacia el futuro”. 

En otro orden, la Asamblea se mostró en contra de habilitar hoteles, casas y barrios sobre las sierras: “Sería tergiversar la ley y malversar el enorme apoyo brindado por la ciudadanía a la preservación”.

Por  último, expresaron que “esperamos que los funcionarios honren la voluntad del pueblo de Tandil”.

 

Contra Fernández

 

Un párrafo aparte le dedicaron a las declaraciones del senador Carlos Fernández. “Para empezar debería pedir disculpas a las víctimas de accidentes generados por el mal estado de las rutas. Asimismo, debe cumplir con los deberes de funcionario público denunciando el tránsito con sobrecarga de piedra que menciona y rectificar sus dichos”, precisaron.

De otro modo, marcaron que “estaría incurriendo en la apología del delito, porque ninguna razón de costos puede ser esgrimida para justificar una acción contra ley, contra la vida y contra el patrimonio público”.*