La Asamblea por las Sierras pide “no cambiar un problema por otro”

A través de un comunicado, la Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras expresa que "en esta semana quedaron claras dos grandes cosas: las canteras de la poligonal no presentaron los planes de reconversión y por lo tanto las autoridades deben dar cumplimiento a lo establecido en la ley de paisaje protegido y establecer el cese de la actividad".

"Al mismo tiempo -agrega- aparece públicamente un grupo de propietarios manifestando “Objeciones al Plan de Desarrollo Territorial” tendientes a obtener mayores posibilidades de construcción sobre las Sierras. Al respecto, consideramos oportuno aportar algunos elementos de análisis".

Para la entidad "toda propiedad, sea privada o pública, está sujeta a las regulaciones en el uso de suelo. Esto lo cumplimos a diario el conjunto de los habitantes. Tandil, así como todos los partidos, tiene áreas urbanas (las ya construidas y las reservadas para ese fin) complementarias y rurales. Todos los partidos tienen zonas de usos específicos, como un parque industrial. Todos tienen espacios verdes.  Todos tienen zonas especiales de interés ambiental. En todos, el agua está sujeta a regulaciones generales, y desde hace décadas, está prohibido construir donde no hay  agua suficiente y donde no hay garantizado un adecuado tratamiento de efluentes sanitarios. Están vigentes y deben cumplirse  el Art. 41 de la Constitución nacional, el 28 de la Constitución provincial, la ley general del ambiente, la ley provincial del ambiente,  las leyes de áreas protegidas y paisaje protegido, la ley de ordenamiento territorial y las ordenanzas como la que establece el Plan de Ordenamiento Territorial en vigencia".

Por todo esto sostienen que "es una falacia sostener que las regulaciones sobre el uso de algunos terrenos es `lesionar derechos básicos`. Si se aceptara este razonamiento no habría ordenamiento posible. Todos podríamos decir lo mismo, en tanto todos los terrenos tienen restricciones para algunos usos según la zonificación del partido. Con esta  `lógica´, quienes tienen terrenos en el centro considerarían vulnerados sus derechos por no poder habilitar un taller de fundición o un tambo, y quien tiene un terreno en el campo reclamaría hacer en el mismo un edificio de 10 pisos.

A manera de conclusión, expresan que "no están pidiendo que se cumpla la ley sino que se deje de cumplir.  Se trata de un reclamo de un grupo de particulares para que se modifiquen normas vigentes  y se les permita subdividir parcelas en las sierras para obtener mayor número de lotes y hacer un negocio inmobiliario más rentable.

Ante esto sostenemos:

• El Estado es el principal responsable del ordenamiento territorial,  debe cumplirlo y hacerlo cumplir,  sin  privilegios.

• El interés general es superior al particular.

El Estado no es un mero árbitro entre intereses particulares sino el principal responsable de cuidar y garantizar el bien común. Por eso, debe cumplir con su obligación y no prestarse a confusiones. Poner la Preservación de las sierras, el cuidado del agua y el cumplimiento del Plan de Desarrollo Territorial en un plato de la balanza y  pretender poner en el otro como si fuera equivalente un reclamo de un grupo que no quiere cumplir con las normas vigentes, sería confundir el rol estatal.

Con esa lógica habría que cambiar el Plan de Ordenamiento cada vez que alguien quiere hacer en su terreno algo para lo que no está habilitado, lo cual es lo mismo que decir que no haya Plan o sólo lo haya para algunos. O dicho de otro modo, que no sea el estado el que regule los usos del territorio sino el mercado inmobiliario.

Las objeciones presentadas por el mencionado grupo de propietarios merecen ser respondidas por las autoridades con firmeza y todo el respaldo de su competencia. Pero, fundamentalmente, es necesario que se evite favorecer una confusión muy conveniente para los lobbys y algunos funcionarios proclives a facilitar el avance de las construcciones en las sierras, quienes parecen estar buscando la excusa para flexibilizar el plan de ordenamiento vigente".