A casi 60 días de la toma masiva de terrenos en Villa Cordobita, la Justicia ha recibido todos los incidentes que las partes interpusieron en torno a las medidas adoptadas.
Ahora, el entuerto quedó en manos de la Cámara azuleña de Apelaciones, quien deberá resolver sobre el desalojo parcial propiciado por la jueza de Garantías 2, Stella Maris Aracil, quien encontró los reparos y la consiguientes apelaciones de las partes, tanto del fiscal como de la defensa.
Sobre los tiempos, no hay nada establecido que promueva un pronto despacho del tribunal de alzada, por lo que ante el volumen del expediente se especula que la resolución de los camaristas llegará tras un tiempo prudencial.
Llamativamente en medio de las medidas de no innovar que obligó a que nadie podía ingresar elementos a la toma hasta tanto se resuelva el litigio, imágenes vía redes sociales dan cuenta de ciertos movimientos que hacen a la construcción de viviendas de madera en los terrenos en pugna.
En otro orden, la jueza Aracil recién por estas horas cuenta en sus manos el otro incidente propiciado por Altamirano y compañía, respecto al pedido de recusación del fiscal Luis Piotti.
Al respecto, se confió que la presentación de la dirigente social y cabeza de la toma fue de motu proprio y no contaba con el acompañamiento de la defensora oficial oportunamente designada, por lo que una vez notificada recién se tomó contacto con el planteo a resolver.
Como oportunamente se informó, Altamirano entregó en la sede judicial un escrito por medio del cual sustenta el pedido sobre hechos sucedidos en el marco de la investigación realizada luego de la denuncia por la masiva ocupación de parcelas, que se inició el pasado 11 de septiembre.
La medida se funda en razones “legítimas” puesto que consideró que existen “circunstancias suficientes que, por su gravedad, afectan los principios de objetividad, legalidad y oficialidad del agente que pretendemos apartar”.
Tras la exposición de los argumentos solicitó “tenga por interpuesta la recusación en legal tiempo y forma, declare su admisibilidad formal y proceda a la formación del incidente respectivo; se corra traslado al agente fiscal Luis Humberto Piotti; oportunamente haga lugar a la recusación solicitada”.
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El último pedido del fiscal
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En otro orden, el pedido público del fiscal en un nuevo intento para persuadir de que desistan de la toma y así evitar lo que sería un desalojo compulsivo, poco eco tuvo en los ocupas.
Como se informó, la Fiscalía entregó un comunicado a las familias que participan de la ocupación y los invitó a “reflexionar” sobre el accionar para que se opte por un “camino pasivo, no violento” y que permita encausar “por alternativas legales el reclamo de aquellos derechos que han entendido vulnerados”.
La difusión del comunicado a través de este Diario, como de otros medios locales, fue dispuesta por el titular del ministerio público ante la reacción de Griselda Altamirano y Jorge Lezica, considerados los organizadores de la toma, a recepcionar la nota.
“Se invita a ustedes a reflexionar sobre el propio accionar para que en el caso en que se disponga el desalojo desde un órgano superior (Cámara de Garantías en lo Penal), se opte por un camino pasivo, no violento, y que permita encausar por alternativas legales el reclamo de aquellos derechos que han entendido vulnerados”, se expresó en el citado documento del fiscal.