La causa de El Taca se inició por la presunta comisión de delitos contra el medioambiente
La Fiscalía Federal de Tandil, a cargo del fiscal Pablo Larriera, por disposición del juez de Azul, Martín Bava, el lunes cumplió con distintos allanamientos en ochos predios destinados a “desarmaderos” en diversos puntos de la ciudad, que contó con un importante despliegue de las fuerzas de seguridad federales.
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Las medidas fueron dispuestas en el marco de una causa que tuvo su origen en agosto de este año a raíz de una denuncia promovida por la Dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes del Ministerio de Seguridad de la Nación.
A partir de allí se procedió a investigar la posible comisión de delitos contra el medioambiente, además de diversas infracciones a la normativa vigente en relación a autopartes (Ley 25.761), así como otros delitos de índole federal, vinculados a esas actividades, como falsificación de instrumentos públicos, encubrimiento, etc.
En relación a la materia principal de estos procedimientos, la presunta infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, la administración de justicia en estos casos depende tanto de las justicias provinciales como de la Federal. Lo cierto es que en el ámbito penal la mayoría de los delitos entra en la órbita de las fiscalías, juzgados y tribunales penales provinciales, quedando en jurisdicción federal aquellos delitos que puedan producir un daño ambiental de tipo interjurisdiccional.
Precisamente uno de los ámbitos de actuación de la Fiscalía Federal es en materia ambiental, siendo este uno de los ejes principales de la investigación en curso y que diera origen a las medidas tomadas el lunes en las calles Lavalle 1140; La Movediza 1022; Patagonia y Beretervide; La Movediza al 800; La Movediza al 600 y Patagonia entre Langueyú y Primera Junta, contando con la intervención de distintas fuerzas de seguridad nacionales.
En concreto, y tal cual se publicó en estas páginas, el amplio procedimiento se inició a primera hora de la mañana del lunes y fue dirigido por personal de la División Sustracción de Automotores de la Policía Federal Argentina, que contó con colaboración de la Subdelegación local de la fuerza, así como integrantes de la Prefectura Naval Argentina apostados en Mar del Plata, que asisten también con la División Desarmaderos del Ministerio de Seguridad en la detección de las autopartes en infracción a la Ley 25.761.
Ahora la fiscalía que lleva adelante la causa continuará, entre otras diligencias, con la evaluación de las pruebas recogidas en una tarea que demandará un par de meses.
La causa
En diálogo con El Eco de Tandil, el titular de la Fiscalía Federal, Pablo Larriera, ratificó que la investigación se inició en agosto de este año con una denuncia anónima ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, que la derivó a la cuidad por jurisdicción.
La acusación se centró en la existencia de una serie de predios en distintos sectores que, en función del volumen de autopartes acopiado que se podía observar, podrían estar incumpliendo las normativas sobre Residuos Peligrosos y sobre Autopartes.
La investigación se inició junto al personal de la División de Sustracción de Automotores de la Policía Federal que un mes antes al allanamiento habían estado en Tandil cumpliendo con otras diligencias en el marco de la misma causa.
Con las pruebas recolectadas se solicitaron al juez Bava los múltiples allanamientos para detectar si efectivamente existía o no una infracción a la Ley 24.051 y constatar si las piezas estaban regulares o no, para lo cual se requirió la presencia de la División de Desarmaderos de la dependencia nacional.
En definitiva, resumió que buscaron hacer un “abordaje integral” de todas las cuestiones que pudieran ser objeto de una investigación federal, en este caso residuos peligrosos y autopartes.
En un balance sobre el procedimiento, para Larriera resultó “positivo” y ahora se iniciará una etapa que incluirá el análisis de las pruebas recolectadas.
Próximos pasos
En ese sentido, sobre los pasos a seguir, precisó que en esta instancia se abocarán al análisis de todos los elementos hallados, entre ellos los diversos fluidos que podrían estar contaminando el medioambiente, y determinar si las autopartes se encuentran debidamente registradas.
En tanto, aún no se tomaron declaraciones a los involucrados en el caso ya que aún la instrucción se mantiene en la realización de peritajes sobre los elementos hallados, por lo que, una vez finalizado ese proceso, se los podría convocar para dar su testimonio ante el juez.
Ratificó que en este caso se clausuraron preventivamente los predios, a excepción de El Taquita, en La Movediza al 800, y que “no se dispuso la detención de los dueños dado que tienen arraigo en la ciudad y no se consideró que de momento haya un delito que lo amerite”, precisó Larriera.
En concreto, la causa seguirá su trámite “y si consideramos que hay una infracción a la ley, la fiscalía pedirá o no la indagatoria y el juez dispondrá o no el procesamiento”.
El caso
Este lunes, efectivos de la Policía Federal Argentina, que llegaron en gran número a Tandil, llevaron a cabo un megaoperativo en el comercio denominado Repuestos El Taca e Hijos, situado en la calle Lavalle 1140.
El movimiento de móviles policiales, combis, autos particulares y uniformados con su indumentaria de la fuerza de seguridad y de Prefectura Naval comenzó a observarse desde temprano para llevar adelante el procedimiento.
Los uniformados a lo largo del día recorrieron en busca de distintos elementos en varios domicilios, incluidos el del dueño del comercio, Roberto Franco.
Según pudo conocer este Diario, entre los resultados del operativo se encontraron piezas que no tendrían los correspondientes stickers que acreditan que se está vendiendo de manera legal. Aquel producto que no lo tiene se debe verificar el origen, si corresponde a una compra realizada de manera legal o no.
También la policía encontró cuños que sirven para realizar grabados de chasis y motores; municiones de escopeta y cédulas verdes, una apócrifa y otra que pertenece a un vehículo que tiene pedido de secuestro.
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