La CIDH evalúa una demanda contra el Estado argentino por las perpetuas a menores de edad

Según informaron allegados a la causa, la CIDH escuchó hoy los alegatos de la Defensoría General de la Nación, que representa a las familias de los menores condenados, y también los que aportó el Estado, y en las próximas semanas el Tribunal Internacional emitirá veredicto.

La defensora pública oficial Mariana Grasso insistió en su planteo con la reforma del Régimen Penal juvenil, el cual está vigente desde la última dictadura militar y permite la aplicación de la prisión perpetua a menores, lo que contradice al sistema internacional de protección de derechos humanos.

"En la actualidad, a los adolescentes en conflicto con la ley penal se les imponen penas de adultos al cumplir los 18 años y son trasladados a cárceles donde se producen violaciones de derechos humanos", dijo Grasso en su exposición.

Por su parte, Gabriel Lener, de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, adujo que el Estado no se opone a la reforma pero aclaró que en Argentina no hay una imposición masiva de perpetuas a menores aunque sí reconoció que los hubo en los cinco casos en cuestión.

El funcionario hizo referencia a los casos de César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Saúl Cristian Roldán Cajal, Lucas Matías Mendoza y Ricardo David Videla Fernández, menores que fueron condenados a prisión pepertua.

Sobre ellos se pronunció hace unos días la Cámara Nacional de Casación Penal y decretó la inconstitucionalidad de las penas, al tiempo que pidió que se dicten nuevos fallos.