La defensa de los derechos humanos signó la última sesión extraordinaria del Legislativo
Con variedad de temas y varios tratamientos sobre tablas, el Concejo Deliberante celebró ayer la última sesión extraordinaria antes de que el intendente Miguel Angel Lunghi subiera al primer piso del palacio municipal para dejar inaugurado el período legislativo.
En la barra se congregaron, y convivieron, militantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC), del Frente Popular Darío Santillán y del Sindicato de Trabajadores Municipales, con los estudiantes de Franja Morada.
Es que en primer lugar, Juan Ignacio Agarzúa, en representación de la Franja Morada, utilizó la Banca 21 para pedirle al Concejo que interceda ante la Secretaría de Transporte y exija la implementación de la tarjeta SUBE con subsidios al boleto estudiantil.
El estudiante expresó que como militantes de una agrupación política que lucha por los derechos, entienden que “es obligación del Estado nacional” garantizar el transporte e instó a que “el boleto universitario se convierta en un derecho adquirido”.
En su exposición, que se extendió por unos diez minutos, sostuvo que hoy “el transporte no goza de un carácter federal” y mencionó que al Gobierno nacional le costaría menos que el “TC para todos” subsidiar el 50 por ciento del boleto estudiantil.
Finalmente, solicitó que el Legislativo se dirija a las cámaras de Diputados y Senadores para que sancione un 25 por ciento de descuento destinado a estudiantes universitarios y de institutos estatales.
En segundo término, que pidan la implementación de la tarjeta SUBE en las ciudades que son sedes y subsedes de universidades y por último, que la Secretaría de Transporte implemente el boleto estudiantil con un 25 por ciento de descuento sobre la tarifa plana.
Este proyecto, que tomó estado legislativo y pasó a comisión, implicaría un 50 por ciento menos que el valor del viaje regular, logrando el medio boleto que históricamente reclama el sector universitario.
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Accedé a las últimas noticias desde tu email“La norma incrementa en el doble la escala de penas cuando alguno de los delitos previsto en el Código Penal Argentino hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, precisó el edil.
En otro párrafo, resaltó que “esta ley se inscribe dentro de un súmmun de temas que preocupan” y, a modo de ejemplo, mencionó la creación de la Dirección de Seguimiento y Monitoreo que depende de la Jefatura de Gabinete, en la que cuarenta personas observan las publicaciones de los medios.
Magnasco llamó a sus pares a acompañar la resolución presentada sobre tablas porque “es interesante que los que representamos un espacio democrático seamos contundentes en este tema”.
Tras la votación del proyecto, que fue aprobado por la mayoría oficialista con el apoyo de Claudio Ersinger y Mario Bracciale, los militantes de la CCC, el Frente Darío Santillán y del STMT celebraron con aplausos y cánticos de “el pueblo unido jamás será vencido” y
Ferrer destacó que “este Concejo Deliberante está dando pasos muy importantes a favor de los derechos humanos que, como son universales, exceden lo partidista”.
Desde esa postura, planteó la necesidad de señalizar los centros clandestinos de detención como un aporte local al “proceso de reivindicación de los derechos humanos”.
Por su parte, Juan Pablo Frolik ratificó la viabilidad de la propuesta, pero sugirió anexarle la colocación de baldosones en los lugares de donde fueron secuestradas personas en esta ciudad, entre 1976 y 1983.
Sobre el mismo tópico, el cuerpo autorizó al área de Vialidad provincial a avanzar con la colocación de semáforos en los cruces ferroviarios de la Ruta 74 a la altura del paraje Cuatro Esquinas; y de la Ruta 30 en los accesos a Gardey y De la Canal.
En cuanto al Foro de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Néstor Müller es el titular y Eduardo Ferrer suplente; y en el de Discapacidad, será titular Romina Mapelli y suplente Graciela Ubach.
En 2012 los tandilenses abonarán 200 pesos y los que lleguen de otras localidades 450 pesos, por los cuatro días. En tanto, las entidades de bien público tendrán su espacio gratuito.
El Frente para la Victoria votó en forma negativa y fundamentó que el aumento sólo perjudica a los artesanos locales, teniendo en cuenta la incidencia de los porcentajes.
Condino rebatió esa postura al explicar que los 50 pesos de suba se condicen con la inflación, ya que el canon se destina a pagar la estructura, limpieza, baños químicos y provisión de agua.
El ex dictador había expresado que “en Argentina no hay justicia, sino venganza, que es otra cosa bien distinta”.
En el segundo artículo se manifiesta que “los juicios que se están llevando adelante por los tribunales competentes contra los que cometieron delitos de lesa humanidad son como consecuencia de políticas de Estado y están dentro de lo que determina el Estado de Derecho, con las garantías y procedimientos legales que estipula la Constitución”.
Pizzorno sostuvo que “el Gobierno nacional de ninguna manera ha buscado venganza, simplemente ha recurrido a los medios legales nacionales e internacionales para que se efectúe la reparación necesaria de tanto dolor”.
Por su parte, la radical María Haydée Condino adelantó que acompañaban el proyecto, pero cuestionó que no se reconoce al ex presidente Raúl Alfonsín como el primero en realizar un juicio a militares que cometieron delitos durante la última dictadura.
Desde su óptica, esto se debe a que el kirchnerismo hoy no quiere recordar que fue Carlos Menem quien indultó a aquellos que habían sido condenados. “Debe ser doloroso para un partido que alguien de su propio partido haya indultado”, disparó la edil.
Tras el cruce, Pizzorno llamó a evitar rispideces y aseguró que coincidía en alguno de los puntos. De todos modos, afirmó que “no habría juicio hoy sino hubiese habido Punto Final y Obediencia Debida”.
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