La Defensoría del Pueblo pidió la restitución de las pensiones suspendidas
Se trata de una medida que impulsó el organismo que dirige Guido Lorenzino.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, envió una nota formal al interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Alberto Vilches, en la que reclamó la restitución inmediata de las pensiones no contributivas suspendidas a personas con discapacidad en la provincia, así como la revisión de los procedimientos aplicados por ese organismo nacional.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailSegún el relevamiento realizado, el organismo bonaerense indicó que se detectaron “situaciones preocupantes” que vulneran derechos básicos de personas con discapacidad y sus familias, entre ellas la suspensión de pensiones sin notificación fehaciente, “dejando a los beneficiarios sin ingresos de carácter alimentario”.
Asimismo, afirmó que se advirtieron “procedimientos de auditoría confusos, con citaciones emitidas mediante cartas documento o telegramas poco accesibles, en plazos reducidos y con lenguaje técnico difícil de comprender”. También dificultades de traslado, falta de turnos médicos y barreras económicas y sociales que impidieron a muchas personas cumplir con las exigencias requeridas.
Por otro lado, apuntó que hubo registro de notificaciones que “nunca llegaron a destino” debido a las limitaciones en el sistema de correo utilizado, generando “mayor incertidumbre y desprotección”. En otros casos existen demoras de años en la evaluación y otorgamiento de nuevas pensiones.
En la nota, la Defensoría del Pueblo recordó que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en el país, establece que las personas con discapacidad son sujetos plenos de derechos y que el Estado debe garantizar accesibilidad, ajustes razonables y no regresividad en el acceso a prestaciones sociales.
El pedido
Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Andis “restituir de manera urgente las pensiones suspendidas y abstenerse de disponer nuevas bajas unilaterales; suspender los procedimientos de auditoría hasta garantizar estándares internacionales de derechos humanos y accesibilidad plena; informar de manera clara los criterios utilizados para definir el otorgamiento de pensiones, evitando requisitos restrictivos contrarios a la Convención; transparentar la cantidad de pensiones interrumpidas o suspendidas en la provincia de Buenos Aires; y agilizar los trámites pendientes de nuevas pensiones”.
“Estamos frente a una situación de extrema vulnerabilidad que requiere respuestas inmediatas. Las personas con discapacidad no pueden ver interrumpido un ingreso básico que es de carácter alimentario, mucho menos sin fundamentos claros ni notificación fehaciente”, sentenció Lorenzino, que garantizó que la Defensoría “va a seguir reclamando que se respeten los estándares internacionales y los derechos adquiridos”.
Más acciones
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo bonaerense y la Asociación Civil Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) le reclamaron al Gobierno nacional que evite suspender las pensiones no contributivas a beneficiarios de todo el país al cuestionar el proceso de auditoría con el que ya se interrumpieron miles de asistencias de este tipo.
En un pedido realizado a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el organismo que conduce Guido Lorenzino pidió ampliar la medida cautelar que la Justicia le concedió a la Defensoría del Pueblo de Formosa a favor de beneficiarios de esa provincia.
“Limitar la medida cautelar a la provincia de Formosa genera un régimen de desigualdad territorial inadmisible, donde personas en idéntica situación reciben un trato diferente según su domicilio, lo que va incluso en contra del derecho constitucional de igualdad ante la ley”, alertó Lorenzino.
La Defensoría ya había reclamado que la Andis restituya las pensiones no contributivas suspendidas a personas con discapacidad de la Provincia. Esta exigencia fue planteada tras señalar que la medida fue realizada sin procedimiento válido, sin notificación fehaciente, con exigencias burocráticas desproporcionadas y sin ajustes razonables que contemplen su situación particular.
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