La familia Blanco logró frenar otro desalojo en Buenos Aires
Integrantes de la familia Blanco Galabert y representantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) viajaron a Buenos Aires para realizar una presentación ante la Justicia y la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, en el marco del conflicto por el predio de Chapaleofú y Nigro.
Las 21 personas que viven en el lugar desde hace 28 años habían resistido un desalojo compulsivo el miércoles 22 de junio, que fue ordenado por el Juzgado Comercial 2 de la Ciudad de Buenos Aires.
La medida surgió en respuesta a una solicitud del nuevo dueño, quien compró esa manzana en un remate judicial que se realizó en Capital Federal en 2006, y ante el retroceso en las negociaciones entre las partes se había dispuesto el desalojo para el próximo lunes, aunque la familia logró ponerle un freno.
“El principio de acuerdo tras el desalojo del día 22 no llenaba las expectativas de las familias que estuvieron viviendo ahí durante 28 años”, adelantó Griselda Altamirano, militante de la CCC.
“Vimos que no estábamos en igualdad de condiciones a la hora de negociar, ya que por no querer enfrentarse con la policía, aceptaron dos lotes, donde nos encontramos que uno estaba ocupado, el otro estaba libre; donde el abogado decía ‘no importa, pero tienen la posibilidad de vivir bien’. Lo clásico: querían un enfrentamiento de pobres contra pobres, y que los Blanco vayan a desalojar a la persona que está viviendo ahí”, contextualizó.
Además, explicó que una persona que dice ser propietaria del segundo terreno que les ofrecían presentó documentos y comprobantes del pago de los impuestos. “Así que estaríamos en la situación de que en ninguno de los dos lotes estaría en posibilidad de poder ocuparse”, indicó.
Griselda Altamirano informó que a través de un escrito pidieron la intervención de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, para que tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad social de las familias y frene el desalojo.
Mientras tanto, intentarán gestionar una entrevista de conciliación ante el tribunal de Capital Federal, “para estar en igualdad de condiciones y no depender de que (el abogado del comprador, Hernán) Castro no suspenda los desalojos y sea la jueza quien decida cuál de los dos tiene mejor derecho sobre el bien”.
“La jueza que está a cargo del expediente dijo que se suspendía, que el lunes iba a enviar por fax la notificación al juez Zárate. Nosotros habíamos pedido en principio por 60 días e íbamos a ver qué es lo que se resuelve. Le avisarán a la otra parte y haber si hay respuesta”, adelantó la referente de la CCC.
Advirtió que si el comprador no está dispuesto a negociar, van a optar por iniciar el juicio por usucapión para definir quién tiene derecho sobre las tierras. *
Las 21 personas que viven en el lugar desde hace 28 años habían resistido un desalojo compulsivo el miércoles 22 de junio, que fue ordenado por el Juzgado Comercial 2 de la Ciudad de Buenos Aires.
La medida surgió en respuesta a una solicitud del nuevo dueño, quien compró esa manzana en un remate judicial que se realizó en Capital Federal en 2006, y ante el retroceso en las negociaciones entre las partes se había dispuesto el desalojo para el próximo lunes, aunque la familia logró ponerle un freno.
“El principio de acuerdo tras el desalojo del día 22 no llenaba las expectativas de las familias que estuvieron viviendo ahí durante 28 años”, adelantó Griselda Altamirano, militante de la CCC.
“Vimos que no estábamos en igualdad de condiciones a la hora de negociar, ya que por no querer enfrentarse con la policía, aceptaron dos lotes, donde nos encontramos que uno estaba ocupado, el otro estaba libre; donde el abogado decía ‘no importa, pero tienen la posibilidad de vivir bien’. Lo clásico: querían un enfrentamiento de pobres contra pobres, y que los Blanco vayan a desalojar a la persona que está viviendo ahí”, contextualizó.
Además, explicó que una persona que dice ser propietaria del segundo terreno que les ofrecían presentó documentos y comprobantes del pago de los impuestos. “Así que estaríamos en la situación de que en ninguno de los dos lotes estaría en posibilidad de poder ocuparse”, indicó.
Griselda Altamirano informó que a través de un escrito pidieron la intervención de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, para que tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad social de las familias y frene el desalojo.
Mientras tanto, intentarán gestionar una entrevista de conciliación ante el tribunal de Capital Federal, “para estar en igualdad de condiciones y no depender de que (el abogado del comprador, Hernán) Castro no suspenda los desalojos y sea la jueza quien decida cuál de los dos tiene mejor derecho sobre el bien”.
“La jueza que está a cargo del expediente dijo que se suspendía, que el lunes iba a enviar por fax la notificación al juez Zárate. Nosotros habíamos pedido en principio por 60 días e íbamos a ver qué es lo que se resuelve. Le avisarán a la otra parte y haber si hay respuesta”, adelantó la referente de la CCC.
Advirtió que si el comprador no está dispuesto a negociar, van a optar por iniciar el juicio por usucapión para definir quién tiene derecho sobre las tierras. *
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