La Fiscalía pidió el desalojo compulsivo de los lotes ocupados en La Movediza

Cerrando la semana, la toma de lotes en el barrio La Movediza ganó un nuevo capítulo, en este caso judicial, además de las ramificaciones políticas que conllevaron pases de facturas por la presunta autoría intelectual de quienes promovieron la usurpación de los terrenos adjudicados al Sindicato de Trabajadores Municipales (ver aparte).

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Se confirmó que desde la fiscalía interviniente, a cargo de Gustavo Morey, tras recabar la documentación que acredita la titularidad del dominio de los lotes en discusión, se elevó el pedido de desalojo compulsivo a la jueza de Garantías 2, a cargo de Stella Maris Aracil, quien se presume estaría resolviendo la semana entrante el visto bueno o el rechazo a la petición fiscal.

Así el escenario, ante las frustradas medidas políticas y gestos de diálogo de las autoridades para con los ocupas, será una medida judicial penal la que determine la suerte de la veintena de familias que emprendió la toma de los lotes ubicados en calle Paseo los Abuelos, entre Piccirilli y Alvarado.

Intervenciones infructuosas

Como se informó en ediciones pasadas, ni siquiera la presencia del cónsul general de Paraguay en la Argentina, Edilberto Cantero, logró persuadir a los ocupas de que desistieran de la ilegalidad que estaban cometiendo.
Tras reunirse con el intendente Miguel Lunghi en su despacho y, junto a su comitiva y la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Marcieri, el cónsul se dirigió luego hasta el predio a conversar con sus compatriotas y persuadirlos a que se retiren, acción que no alcanzó hasta hoy.

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La conversación, que se extendió por más de una hora, se dio en buenos términos. El funcionario paraguayo les explicó sobre la ilegalidad de lo que están haciendo y, por su parte, Marcieri les aclaró que los lotes no son fiscales, sino que pertenecen al Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, al tiempo que los invitó a que se acerquen a la dependencia comunal para ser asistidos “caso por caso”.

Ellos, por su parte, reclamaron una solución a su situación habitacional y aclararon que fueron allí porque se les había dicho que el predio “es fiscal”, incluso, contaron que dos mujeres del movimiento popular Patria Grande les ofrecieron comprarlos a “30 y 50 mil pesos”, dependiendo del grupo familiar. Empero, horas más tarde las mismas mujeres que habían denunciado la situación se rectificaron.

La postura radical

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Consultado el subsecretario de Desarrollo Social, Pablo Civalleri, respecto al escenario hasta ayer planteado, hizo referencia a las medidas implementadas hasta el momento y las que se esperan para los próximos días.
En declaraciones a El Eco Multimedios, afirmó que se encuentran trabajando desde hace varios días en Desarrollo Social y se mantienen en contacto con el Sindicato de trabajadores Municipales, detallando que de las 19 familias que se encuentran en la toma, 16 son de origen paraguayo, por lo cual solicitaron la intermediación del consulado de Paraguay para comenzar a resolver el conflicto. Luego de la visita del cónsul, se hizo presente el asesor letrado de la embajada, quien se presentó en la fiscalía para interiorizarse de cada caso en particular y emitir una sugerencia sobre cómo actuar. Asimismo, el organismo solicitó estar presente en el desalojo que pueda llegar a realizarse en los próximos días, con el fin de garantizar que se realice de forma pacífica.

Civalleri expresó que, tanto el Municipio como la embajada de Paraguay, no van a avalar de ninguna forma la toma ilegítima de tierras, para luego informar que está en consideración proveer un transporte para trasladar a las familias al lugar de donde provienen, mientras no se cederá ante el acceso a un alquiler: “De ninguna manera vamos a avalar o que el premio a una extorsión de esta manera sea que consigan a cambio algo, vamos a tener una postura bastante inflexible”.