La jueza Silvia Monserrat se mostró preocupada por el aumento de los casos de violencia familiar

En los cuatro años de historia del Juzgado de Familia de Tandil se registraron 2774 denuncias de violencia familiar y año a año han aumentado los casos. Cerca del 90 por ciento de las causas responde a las mujeres como víctimas y el resto a adultos mayores que sufren maltrato por parte de sus hijos o a niños. 

 

Mayor grado

de violencia

 

“Hay una tendencia alcista en la cantidad de denuncias de violencia en todo el fuero de Familia de la provincia de Buenos Aires”, afirmó la magistrada. Y señaló tres motivos que llevaron al incremento de las exposiciones. 

En primer lugar, que “las denuncias se reciben muy abiertamente, todo el mundo sabe que su denuncia va a ser recibida con mucha facilidad. La Comisaría de la Mujer se las recibe, si hubiera algún inconveniente ahí, van a cualquier otra comisaría, a la Fiscalía o al Juzgado de Familia, pero lo mejor es que vayan a la Comisaría de la Mujer porque hay un equipo interdisciplinario”. 

Analizó que “el hecho de que haya una oportunidad para denunciar facilita todo, seguramente habrá habido personas antes que habrán tenido situaciones de violencia y no sabrían qué hacer o iban a las comisarías comunes y no se sentían contenidos”. 

En segundo lugar, “la sociedad está más violenta, no necesitamos ver las cuestiones de violencia doméstica, basta ver los partidos de fútbol. Son situaciones que se dan en todos los ámbitos”. 

En tercer lugar, planteó que “lo que a nosotros sí nos preocupa desde el inicio hasta hoy, más allá de que hay mayor cantidad de denuncias, es que ha empeorado el grado de la violencia. Cuando recién empezamos, casos de violencia muy serios, muy graves, eran escasos. Nosotros interveníamos mucho con prevención, más que después de acontecido el hecho”. 

Sin embargo, manifestó su preocupación porque “en este departamento judicial, en los últimos 6 meses han matado a tres mujeres, dos en Olavarría y una en Tandil. Nosotros hacemos una evaluación de riesgo, la experiencia nos la da, pero hoy por hoy no podemos tener seguridad”. 

Lamentó que “una desavenencia conyugal como podría haber sido el último asesinato en Tandil (de Romina Prituluk) en el cual nosotros no teníamos ninguna denuncia previa, se convierte en un homicidio, y es imposible de prevenir”. 

En ese sentido, resaltó la importancia de que la víctima o allegados a la víctima denuncien, para poder prevenir lo que podría ser una tragedia. 

 

Proteger a 

la víctima

 

Por otro lado, explicó que no es lo mismo lo que puede hacer en estos casos el Juzgado de Familia o la Justicia penal. 

“La función del Juzgado de Familia es proteger a la víctima, la de la Justicia penal es investigar si hay un delito y sancionar. Nosotros cautelamos muy rápidamente, generalmente lo primero que hacemos muy rápidamente, sin pedirle prácticamente nada a la denunciante, es dictar la prohibición de acercamiento”.

En ese sentido, generan “un perímetro de 200, 300 metros alrededor de la persona, del lugar donde trabaja, donde vive y le impedimos al otro que se acerque, que se comunique, porque la verdad es que las nuevas tecnologías también ayudan a la violencia. Muchas de las denuncias son amenazas vía mensaje de texto, entonces también le prohibimos que utilicen el sistema de mensajería, no se pueden comunicar de ninguna forma”. 

Si transgreden la prohibición de acercamiento, “más de 24 ó 48 horas no suelen estar detenidos, son delitos menores. La Justicia penal actúa para la sanción no para la prevención”.

“Si son convivientes, podemos proteger a la víctima alojándola en pensiones que están pagas por el Municipio y después vemos si excluimos al victimario. Para excluir al victimario yo debo tener la convicción de que es una decisión que la víctima va sostener, porque si lo excluimos y pasadas las 24 horas o una semana es la propia víctima la que permite que regrese al hogar, es desgastante para todo el sistema y nosotros creemos que es perjudicial para la propia víctima. Pero obviamente son adultos, nosotros les decimos que tienen que sostener la decisión pero no siempre pueden”, explicó. 

Y aseguró que tienen muchos casos de restricción de acercamiento que al poco tiempo vuelven a estar juntos. 

“Hay otras cuestiones en las que nosotros podemos tomar decisiones como fijamos alimentos provisorios, otorgamos la tenencia si hay niños a la víctima, hay otros instrumentos”, señaló.

 

Falta de

prevención

Por otra parte, la jueza advirtió que “nosotros no prevenimos, cautelamos después de que ocurrió la situación. La prevención es una política pública, y está faltando”. 

Y consideró que “hay mujeres a las que vemos muy vulnerables y son las más difíciles de tratar porque aún no han tomado la decisión. Hay un área de la mujer en la Municipalidad donde nosotros las derivamos pero probablemente faltaría más prevención”. 

“Hay una sola ONG Gamma que trabajaba mucho con estos casos en terapias grupales, porque a veces desde que nosotros empezamos a trabajar hasta que seriamente podemos tomar decisiones hace falta un período de afianzamiento de la mujer, para que sostenga su decisión porque si no lo hace a nosotros nos resulta muy difícil”, explicó. 

En ese sentido, determinó que “faltan más organismos de apoyo a la víctima en el tema de terapia para mejorarle la autoestima, para de alguna manera convencerla de que hay una salida posible a los círculos de violencia. Hay otros casos en los que hemos sacado a las víctimas varias veces de su círculo de violencia y vuelven en forma reiterada”. 

“Si es muy grave el riesgo que nosotros vemos, se le pone custodia personal. Se supone que debería ser sólo por unos días, pero hay casos en los que lo hemos tenido que sostener por mucho tiempo porque no vemos modificación en la conducta del victimario. A veces el sólo hecho de intervenir nosotros la violencia cesa. Hay otros casos en que no, hay que mantener un seguimiento. A la larga si el victimario es renuente a acatar las decisiones va a terminar preso, pero eso no es un proceso que se va a hacer en 10 días y no depende de nosotros tampoco”, argumentó. 

Asimismo, explicó que “cada vez que ponemos custodia, nos dicen que ya no dan abasto, hay una restricción importante y severa. Estamos preocupados, hemos puesto cámara de seguridad en este juzgado en mesa de entradas. Todos los Juzgados de Familia van a tener cámaras en los lugares de concurrencia pública, esto no es menor porque no pasaba antes”. 

Y reiteró la importancia de tener más políticas públicas de prevención, porque “hay condiciones en el victimario pero también en la víctima que la convierten en víctima. Dos personas en la misma situación no se convierten en víctimas, necesitamos reforzar esa persona sobre todo para que no vuelva a repetir la historia porque vemos mucho la misma víctima que denuncia distintos victimarios. Hay que mejorar su autoestima, encontrarle un espacio en la sociedad para que se pueda ubicar”.

A su vez, remarcó que es fundamental trabajar en establecimientos educativos “explicando que la violencia no es algo que hay que aceptar ni que debemos imponer en ningún sentido ni ámbito. Es un camino que hemos empezado a recorrer, que la Corte está sumamente preocupada, por eso todo el tiempo se están implementando estrategias”. 

 

La mayor

preocupación

A raíz de todo esto, la magistrada confió que “a veces nosotros nos sentimos agobiados y nuestra mayor preocupación, sin lugar a dudas, el miedo que tiene todo juez de Familia, es que alguna de sus víctimas denunciantes termine muerta”. 

“Muchas veces así como le resulta imprevisto a la víctima, también a nosotros. El entender que hacemos mucho, probablemente no sea lo suficiente, pero que hacemos es cierto, todo lo que podemos”, destacó. 

Si bien consideró que “los casos muy graves son pocos, son de tal gravedad que el impacto es muy grande. Estamos muy preocupados y cada día nos exigen más al fuero de Familia”. 

Por último, recalcó que “sería bueno que así como muchas personas van a denunciar lo que no se hace al diario, que vayan las mujeres a las que le hemos dado resultado y las hemos podido sacar de los círculos de violencia a reconocer que gracias a la intervención del sistema judicial hoy han dejado de ser víctimas”. u 

 

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La Ley de Violencia

 

La doctora Monserrat planteó por otra parte las dificultades que va a traer los cambios en la Ley de Violencia. 

“Ahora hay una modificación en la Ley de Violencia que todavía no está reglamentada, que impone que los jueces vamos a tener que recibir en audiencia personal a la víctima y victimario dentro de las 48 horas. Pero hay que tener en cuenta que ningún Juzgado de Familia tiene menos de 35 ó 40 causas por semana, y hay algunos que tienen 300, es imposible. No hay ningún juez en la provincia de Buenos Aires que lo pueda hacer”, manifestó.

En el caso del Juzgado de Familia que está en Tandil, recibe alrededor de 50 causas por semana de violencia, pero ingresan 200 por mes en toda la competencia del fuero. u