La Justicia aceptó al Estado como querellante por la tragedia de Once

Fuentes allegadas a la pesquisa indicaron que este viernes el juez federal Claudio Bonadío aceptó que el Estado Nacional actúe como querellante, lo que le permitirá acceder al expediente y sugerir medidas de prueba. 

El Gobierno manifestó el día posterior al siniestro su intención de que el Estado fuera querellante. Lo hizo el ministro Julio De Vido, quien en esa ocasión aseguró: "Nos presentaremos en defensa del interés público y para acompañar a los damnificados".

El pedido formal lo realizó días atrás el abogado Rafael Llorens, subsecretario legal y técnico del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que De Vido.

La posibilidad de que el Gobierno nacional fuera querellante en la causa generó polémica. Finalmente, Bonadío resolvió hacer lugar al pedido porque el servicio que presta la empresa TBA es un transporte público que “debe ser garantizado por el Estado Nacional”. 

Según las fuentes allegadas a la pesquisa, otorgarle el rol de querellante al Estado “no es óbice para determinar y perseguir eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios, que son personas físicas”. 

El pasado miércoles comenzaron las pericias para determinar los motivos que causaron la tragedia. En ellas intervienen tres expertos oficiales (dos ingenieros de la Universidad de Buenos Aires y uno del cuerpo de profesionales de la Corte Suprema) junto a los "peritos de parte". 

El juez Bonadío rechazó los "peritos de parte" propuestos por el abogado Gregorio Dalbón, en su carácter de querellante, por "falta de idoneidad en la especialidad" ya que uno es un licenciado en criminalística y el otro se autodefine como "experto en ferrocarriles".