La Justicia denunció al tenista Juan Martín Del Potro por una supuesta evasión fiscal agravada
El reconocido tenista desvió mediante cesión gratuita sus ingresos por garantías de participación en torneos y derechos de explotación de su imagen hacia la sociedad uruguaya Bongarden SA, propiedad de sus padres.
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El dinero que recibía la firma uruguaya luego era ingresado al patrimonio del tenista mediante préstamos contraídos con esa firma uruguaya.
Bongarden SA recibió 3,57 millones de dólares en 2010 por los contratos con las empresas Wilson, Rolex, Nike, Sony, Coca-Cola y Visa.
En ese mismo año, Del Potro recibió “préstamos” de Bongarden SA por 982.750 dólares (3,95 millones de pesos a cambio de ese año), que carecían de fecha de vencimiento y de pago de intereses. El tenista los imputó en su declaración jurada de Ganancias para reducir el monto a abonar al fisco.
Ese dinero lo utilizó para solventar los gastos de la recuperación de la lesión en su muñeca que padeció a fines de 2009 y para invertir en dos empresas, Agrocomercial Tandil SA y Agroganadera Reconquista SA.
"Lo llamativo de la denuncia es que Del Potro firmó el contrato de cesión de sus derechos de imagen por una década el 31 de diciembre de 2009 –año en que ganó su único Grand Slam, el US Open– pero lo hizo con fecha retroactiva al 1 de enero de 2009", agregaron las fuentes.
Sin embargo, ya aparecía mencionado en el balance de la sociedad, que había cerrado tres meses antes de rubricarlo.
En el expediente consta que la información aportada por la AFIP indica que “si el impuesto argentino hubiera sido liquidado correctamente en momento oportuno, Del Potro debería haber pagado 3.682.492 pesos al Fisco argentino”.
Desmentida
En tanto, el diario Perfil publicó que el encargado de comunicación del tenista, Jorge Viale, envió un comunicado sobre la noticia.
“No hubo evasión, pues la deuda fue cancelada en forma definitiva el 22 de febrero de 2014. La fiscalización efectuada por la AFIP fue cerrada el 31 de marzo de 2014, según consta y está consignado en el correspondiente formulario 8900. Los funcionarios de la AFIP tienen la obligación ineludible de efectuar la denuncia ante el Poder Judicial. Si bien los abogados del estudio que maneja los estados contables no han visto el expediente, se aclara terminantemente que no existió dolo. A tal efecto, según lo requiera el Juzgado, serán presentadas oportunamente las pruebas conforme a los pasos procesales”, marcó el documento.
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