En un fallo que representa un fuerte revés para la administración central, el juez del fuero laboral Raúl Horacio Ojeda avaló el reclamo interpuesto por la CGT contra la reforma laboral. La resolución dispone la suspensión inmediata de los efectos de 83 artículos de la normativa que fuera aprobada por el Congreso el mes pasado.

El magistrado fundamentó su decisión en la existencia de un peligro en la demora de carácter superlativo. De no admitirse la medida cautelar, la ejecución de una eventual sentencia definitiva podría tornarse ineficaz o de imposible cumplimiento, lo que generaría daños irreparables para los trabajadores y las instituciones involucradas.

"Es en modo inmediato que debe producirse la suspensión de los efectos de las normas atacadas, para que no se produzca un consumo de derecho que afecten de modo grave a las personas", sostuvo Ojeda en la resolución.

La medida judicial responde a la acción de amparo inicial de la central obrera, a la que también se sumaron presentaciones de otras organizaciones como el Sindicato de Comercio. El juez consideró que los cambios sustanciales propuestos en la ley requerían un freno preventivo para evitar situaciones de inconstitucionalidad o conflictos similares a experiencias legislativas fallidas del pasado.

A modo de ejemplo, el magistrado planteó interrogantes sobre la puesta en marcha del complejo entramado del F.A.L. y el sistema de deshomologación de convenios colectivos de trabajo. Con esta decisión, la aplicación de gran parte de la reforma queda paralizada hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre su validez constitucional ante la Justicia.

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