La oposición boliviana rechazó el referendo constitucional que convocó Evo Morales
La oposición política boliviana atrincherada en cinco departamentos (provincias) del país rechazó el referendo para aprobar o no la nueva Constitución, convocado por el presidente Evo Morales para el 7 de diciembre, mientras el oficialismo aseguró ayer que esa consulta popular es irreversible.
Los prefectos (gobernadores) y dirigentes cívicos opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca, que integran un Consejo Nacional Democrático (Conalde), ratificaron ayer el rechazo a la consulta que convocó Morales con el apoyo de organizaciones sociales y el respaldo de haber sido ratificado por el 67,41 por ciento de los votos en el referendo del 10 de agosto.
“Estamos muy indignados por la forma en que se quiere gobernar al país. Hemos decidido que no se va a llevar adelante ningún referendo (en nuestro territorio). Generará luto en los hogares. Haremos un llamado a la desobediencia civil”, declaró Alberto Melgar, presidente del comité cívico del Beni, citado por la agencia italiana de noticias ANSA.
El vicepresidente del comité cívico de Santa Cruz, Roberto Gutiérrez, afirmó, en tanto, que el gobierno “ha dejado de ser democrático y se convirtió en una dictadura sindical cocalera”.
Los legisladores opositores Antonio Franco, Bernardo Montenegro, de Poder Democrático y Social (Podemos), y Arturo Murillo, de Unidad Nacional (UN), destacaron que la decisión del gobierno, lejos de unificar al país “traerá un baño de sangre que es necesario evitar”, informó el diario cochabambino Los Tiempos.
Estas fueron algunas de las duras respuestas a la convocatoria que realizó el jueves Morales, cuando además creó un ministerio para las Autonomías y designó a cinco miembros de su gabinete para que intenten dialogar con la oposición.
El mandatario recordó que el referendo de diciembre satisface “la lucha histórica por la refundación de Bolivia” ya que “por primera vez la Constitución será sometida al voto del pueblo”.
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Los fundamentos
El diputado del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, dijo a Télam que el decreto promulgado el jueves por Morales “reglamenta la ley 3835 del 29 de febrero que convocó al referendo constitucional para el 4 de mayo pasado, pero la Corte Nacional Electoral adujo que no le daban los tiempos, por eso ahora el gobierno llamó a esa consulta para el 7 de diciembre”.
Además, el legislador recordó que hay una ley general sobre referendos, que permite que la iniciativa ciudadana o los poderes del Estado convoquen una sola vez durante su ejercicio a una consulta popular.
“El revocatorio lo aprobó el Congreso, por eso ahora el constitucional lo convoca el Presidente. Ambas leyes son el fundamento legal de la iniciativa que tomó el gobierno”, explicó.
Pero el legislador, habitual vocero del bloque del MAS, fue aún más lejos al decir que “implícitamente la nueva Constitución fue aprobada el 10 de agosto, porque la pregunta votada por más de dos tercios de los electores decía si \’usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderado por el presidente Evo Morales y el vicepresidente Alvaro García Linera\'”.
Por su parte, el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, el oficialista Roberto Aguilar, señaló a Télam en diálogo telefónico desde La Paz, que un proceso electoral en Bolivia cuesta 60 millones de bolivianos (unos nueve millones de dólares).
“Por ese motivo se hacen en el mismo acto comicial el referendo dirimitorio (sobre extensión legal de tierras); el constitucional; la elección de prefectos revocados (los de La Paz y Cochabamba) y la de subprefectos y concejeros departamentales, hasta ahora nombrados por los gobernadores”, dijo.
Aguilar destacó que “la oposición se inclinó más por la confrontación que por el diálogo, al que el gobierno convocó reiteradamente, por eso ahora se decidió el camino democrático de que el pueblo decida”.
Lo cierto es que la demanda por la restitución del recorte a los departamentos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) desapareció como reclamo de los bloqueos de rutas a la Argentina y Paraguay que mantiene la oposición y hoy cumplen seis días en el sur de Tarija.
“Esta mañana ?por ayer? (el titular del comité cívico cruceño) Branko (Marinkovic) se la pasó llorando a la prensa porque en respuesta a esos bloqueos, las organizaciones sociales de Cochabamba decidieron hacer cortes selectivos a la soja y el aceite, no a la gente”, dijo Torrico, en alusión a que el dirigente opositor es uno de los tres principales exportadores de esos commodities en Bolivia.
Por su parte, el senador del MAS, Antonio Peredo, enfatizó, citado por la Agencia Boliviana de Información (ABI), que “parece que les dolió mucho el referendo revocatorio (a los opositores). Los referendos (dirimitorio y constitucional) se van a realizar con o sin ellos; no les vamos a pedir autorización. Que participen o no participen”. (Télam)
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