La Procuración aceptó investigar al fiscal que interviene en la denuncia de un juez

Se confirmó en las últimas horas que la Procuración General de la Provincia aceptó la denuncia formulada por los abogados Juan Manuel González Guerra y su representante, Claudio Castaño, contra el fiscal Luis Piotti.
Los magistrados cuestionan la actuación del representante del ministerio público en la causa iniciada contra González Guerra a raíz de la denuncia del juez Pablo Galli y que tramita bajo la carátula de ?Cohecho agravado?.
Los letrados se presentaron ante la procuradora General de la Corte Suprema de Justicia, María del Carmen Falbo, para ?denunciar formalmente? al fiscal Piotti ?por el abuso de autoridad y mal desempeño de sus funciones? en relación a la citada causa, a la vez que pidieron la intervención en dicha investigación y las medidas que sean pertinentes.
En el escrito, González Guerra sostuvo que fue ?denunciado de manera falaz, maliciosa y temeraria? por el juez y que el delito ?nunca ha existido?.

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Graves imputaciones

Plantearon que ?las irregularidades respecto del fiscal han comenzado con anterioridad a la denuncia?, enumerando un diálogo entre el fiscal y un testigo, el daño del buen nombre y honor ocasionado por la publicidad de la acusación y la recusación planteada, ya que el fiscal ?trabajó como secretario del denunciante por el lapso de 8 años, existiendo una amistad que es pública y notoria?.
Mencionó una falta de objetividad del instructor y que ?el denunciante manifiesta que le ofrecí dinero para morigerar la prisión preventiva de una persona de la cual no soy defensor particular, por lo que sólo con dicho detalle se pone en evidencia la temeridad con la que denuncia, pero parece que a su amigo personal, doctor Luis Humberto Piotti, nada de ello interesa?.
El abogado González Guerra, con el patrocinio de su par Claudio Castaño, afirmó que ?el abuso de autoridad, la falta de objetividad y el mal desempeño? de Piotti, ?perdiendo totalmente la compostura que debiera guardar un funcionario público? llegó ?al extremo de exigir en la audiencia que pongamos a su disposición mi teléfono celular y el de mi defensor particular, ante su descabellada orden duda de que estaríamos mandándonos mensajes de texto, lo que considero una arbitrariedad y atropello de garantías constitucionales como lo es el derecho a la intimidad?.
La aceptación del escrito por parte de la Procuraduría implica la investigación de las situaciones planteadas en la denuncia contra el funcionario público, para lo cual debería designarse un instructor de la Procuración platense.*

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