La Provincia afirmó que la constructora y el Municipio están a cargo del barrio que fue ocupado en La Movediza

Al mismo tiempo, aguarda que la Justicia resuelva sobre la usurpación rápidamente porque las casas ya tienen adjudicatarios.

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El responsable del organismo provincial, que mantuvo comunicaciones con el secretario de Obras Públicas Mario Civalleri, explicó que el Municipio es el primer responsable del seguimiento de la construcción debido a que llevó adelante la licitación y adjudicación de la obra, a cargo de la empresa Málaga.

“El contrato de obra pública está firmado entre la Municipalidad y la empresa. Nosotros tenemos un contrato de financiamiento firmado con la Municipalidad, entonces son dos contratos separados para una misma obra: uno que financia y otro con el constructor”, precisó González Hueso.

El domingo pasado se registró la primera de una serie de catorce ocupaciones de viviendas por parte de familias de Tandil que se encontraban en situación de hacinamiento y no habrían encontrado respuestas que las satisfagan de parte del Estado municipal.

“Nosotros queremos que se reactiven cuanto antes los trabajos sobre las viviendas desocupadas y por otro lado, esperar que cuanto antes se resuelva judicialmente la situación de estas viviendas que no estaban terminadas y que no se pueden ocupar de ninguna manera y que tienen adjudicatarios designados legalmente por el Municipio”, sostuvo el máximo responsable del Instituto.

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En cuanto a los plazos, informó que una vez que se reinicien las tareas en las viviendas que no fueron tomadas, a la constructora le llevará entre 70 y 90 días dejarlas listas.

 

Un reajuste

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de precios

 

A través de un fideicomiso de Anses, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires le otorgó el financiamiento al Municipio de Tandil para levantar las 52 casas. La comuna  fue la encargada de realizar la licitación y de contratar a la firma Málaga Construcciones. Por este motivo “nuestra relación es directa con el Municipio y el Municipio tiene exclusiva relación con la empresa”, indicó González Hueso.

En cuanto a la obra, señaló que “el contrato original tiene un avance físico construido del 86,57 por ciento, está próximo a terminarse, y un avance financiero del 88,57 por ciento. Esto quiere decir que no hay demoras porque el avance financiero es un poco más que el físico, lo cual es normal porque siempre hay anticipos financieros al inicio de la obra que hacen que al final eso se emparde”.

El funcionario sostuvo que “en este caso venía bien y para octubre se entregaron 24 viviendas y quedaba el resto a entregar”, pero algunos retrasos condujeron a que “el precio que estaba originalmente pactado ya no resultaba suficiente para atender el saldo que quedaba por construir”.

Entonces, si bien en el acuerdo no estaba previsto un ajuste “debido a la inflación, el Municipio nos solicitó si podía readecuar el precio para atender el saldo del contrato; dijimos que sí y firmamos el año pasado un acta acuerdo adicional entre el Instituto y el Municipio para atender esta adecuación de precios”, agregó.

Sumado a esto, en diciembre, para la época de las fiestas de fin de año, la firma Málaga licenció a los trabajadores hasta el 15 de enero, una situación “normal” en este tipo de proyectos. Mientras tanto “la empresa, para darle el ritmo final y terminar las viviendas rápidamente, estaba esperando este contrato adicional de adecuación de precios, que eso está en los tiempos normales y estamos próximos a pagarlo”, afirmó.

El funcionario agregó que después de las vacaciones, la firma debía comprar materiales y tuvo algunos inconvenientes por la falta de entrega por parte de los corralones. “Eso retrasó un poco más el reinicio de las obras. Entonces, la empresa no condicionó el reinicio de las obras a que se ponga en ejecución ese contrato, lo que pasó fue que por un lado estuvieron licenciados los trabajadores y por otro, hubo retrasos en la entrega de materiales”, puntualizó.

En conclusión, adelantó que “ahora ya le entregaron los materiales y están en condiciones de empezar a terminar las viviendas en estos días”.

 

Los controles

 

González Hueso aseguró que los controles sobre las viviendas le competen “primero, al Municipio que es el que tiene el inspector de la obra y segundo, el Instituto, que tiene un supervisor, ya que nosotros controlamos el avance de nuestro propio contrato de financiamiento”.

En referencia a la situación de las familias que ocuparon, consideró que “en las 14 viviendas hay adjudicatarios designados por el Municipio y nosotros entendemos que corresponde que intervenga la Justicia porque fue una usurpación. Estas son viviendas que, por un lado, la titularidad dominial en este caso está a nombre de la Municipalidad y a su vez, hay adjudicatarios, personas que están esperando legalmente que se termine y se entreguen esas viviendas”.

El administrador general del Instituto coincidió con el Ejecutivo municipal en que “la obra estaba custodiada, había serenos y además, había cerco perimetral, con lo cual no es legal que alguien vaya y la ocupe, por eso está en manos de la Justicia”.

En cuanto a la denuncia penal, sostuvo que en primer lugar le corresponde a la empresa “que es quien sufre la desapropiación de las viviendas y en segunda instancia, el que tiene la titularidad del dominio que en este caso es la Municipalidad, que como dueño puede ayudar y coadyuvar en el proceso judicial. Por un lado, está la empresa que tiene la posesión como constructora y por otro lado, el dueño del terreno que es el beneficiario de la obra”.

Por último, José González Hueso argumentó que “está claro que las personas que han ingresado no tienen derecho a ocupar esas viviendas, que son obras en construcción, no están habilitadas, y como en toda obra en construcción puede haber peligros, incluso para las familias y niños que están ocupándolas en forma ilegal. Una cosa es la necesidad y por otro lado las cuestiones legales respecto de esta ocupación, máxime cuando hay otras personas que están esperando porque han sido adjudicados por el Estado”.