La seguridad, la brecha social y el colapso del sistema penitenciario

Según una recopilación reciente realizada por la Red de Jueces Penales, tomada de estudios estadísticos realizados por distintas entidades no gubernamentales como Unión por la Justicia, Centro de Estudios Sociales, Comisión Provincial por la Memoria, Comisión Provincial contra la Tortura, CEJA, Inecip, entre otras, actualmente existen en la Provincia de Buenos Aires 30.132 detenidos.
En los calabozos de las comisarías hay 4.040 personas detenidas y 26.092 reclusos alojados  en cárceles, lo que claramente indica el nivel de colapso del Sistema Penitenciario que de acuerdo a algunos estudios realizados por las entidades mencionadas, tiene un déficit de 9.000 plazas para alojar sin condiciones de hacinamiento a la población carcelaria.
Pareciera que cuando nos adentramos en el estudio particularizado de esta situación surge con claridad meridiana, la directa relación que existe entre la exclusión social y el nivel de delito. Ninguna investigación seria podría dejar de señalar este aspecto como una de las causas primarias generadoras de delito.
Fundamento la aseveración previa, y citando la misma fuente, al hecho imposible de soslayar que el 76 por ciento de los detenidos no superó el nivel primario de educación y que más de la mitad no tenía profesión ni oficio al ingresar al penal. El 80 por ciento de los que ingresaron al penal no tenía estabilidad laboral antes de quedar detenidos. Pareciera, además, determinante que el 40 por ciento de la población carcelaria sufrió problemas de nutrición en edades tempranas y casi la mitad ha tenido o tiene conductas adictivas por alcohol u otro tipo de sustancias psicoactivas.
Seguramente cuando planteamos el análisis del problema de la seguridad, este aspecto que acabo de reseñar en tres párrafos pasa a un segundo plano en la consideración que como sociedad hacemos. Pero lo que debemos entender definitivamente es que si no actuamos sobre la punta inicial del problema y lo seguimos haciendo sobre el final, o sea, si no trabajamos sobre las causas y pretendemos hacerlo siempre con posterioridad al hecho delictivo, nos seguiremos equivocando.
Claro está, en que acabo de mencionar sólo un aspecto del problema que es absolutamente complejo y sobre el que debemos tener una mirada mucho más integral que la que solemos tener. Seguramente se podrán hacer aportes superiores para este tema acuciante,  pero centralmente quiero rescatar en esta hora, donde el debate sobre la seguridad ocupa una parte importante de la atención pública, el ?Acuerdo para la Seguridad Democrática?, firmado por un centenar de organizaciones sociales y no gubernamentales, como también por algunos dirigentes políticos de distintas ideologías.
Cualquier plan que intente resolver el problema deberá integrar como un elemento central de su ejecución, una propuesta de mediano y largo plazo tendiente a morigerar los aspectos sociales. Como tampoco podremos obviar las necesarias inversiones que se deben realizar en la infraestructura que atiende el problema con posterioridad al hecho delictivo.
Para ambos aspectos señalados resulta imprescindible un plan nacional de inversiones que sólo está en condiciones de realizar el Estado nacional, que no puede hacerse más el distraído en este tema. *

Recibí las noticias en tu email

Accedé a las últimas noticias desde tu email

Suscribite al newsletter

Ver más

Ads

Ads

Ads