La UCR sólo convalidará por unanimidad las excepciones que ameriten convenios urbanísticos

Sorprendido por los cuestionamientos de la oposición, explicó que no tienen apuro para tratar el expediente y que aguardan los aportes del PJ-Frente para la Victoria y del Frente Renovador.

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Tal como informó este Diario en su edición de ayer, el intendente Miguel Lunghi y la empresa constructora Bértoli SA firmaron un convenio urbanístico por el cual se autoriza a levantar un área de amenities en un edificio céntrico a cambio de abonar 114 mil pesos en concepto de participación municipal de la renta urbana extraordinaria.

A priori, trascendió que concejales de la oposición no estarían conformes con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la firma, teniendo en cuenta el valor agregado que la excepción le permitirá sumar a cada departamento que se comercialice.

 

Dos meses de debate

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En diálogo con El Eco de Tandil, Sergio Lunghi informó que el expediente con el pedido de excepción para construir un quincho, gimnasio y pileta por sobre la altura máxima permitida en un nuevo edificio ubicado frente a la Plaza Independencia subió al Concejo Deliberante a principios de marzo. El proyecto estaba acompañado por los resultados favorables que arrojaron las evaluaciones de las áreas técnicas y de la Comisión Municipal de Gestión Territorial.

El edil radical explicó que la primera vez que trataron el proyecto, como era un emprendimiento comercial, decidieron que regresara al Departamento Ejecutivo porque era “plausible de un convenio urbanístico”.

De este modo, la Comisión Permanente de Convenios Urbanísticos, encargada de analizar y redactar los términos del acuerdo según la aplicación de la Ordenanza 12.679, inició los pasos y el expediente volvió a pasar por todas las áreas pertinentes. En ese camino, como establece la norma, el acuerdo se “colgó” en la página web oficial del Municipio para su difusión.

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Cuando regresó al Concejo, el convenio establecía un pago de 114 mil pesos a cambio de aprobar la excepción y que la empresa consiga la aprobación de los planos. El presidente de la Comisión de Obras Públicas aclaró que “lógicamente, se aplicaron criterios objetivos que están en el decreto reglamentario” de la Ordenanza 12.679 que fue conocida popularmente como “plusvalía” y que tienen que ver con una alícuota preestablecida en su reglamentación.

El sobrino del Intendente agregó que la convalidación se iba a tratar el 8 de mayo, pero “como no se llegó a un acuerdo en primera instancia, decidimos no incorporarlo a esa sesión y seguir debatiéndolo. Antes de la sesión del 22, la oposición planteó dudas y llamé a la Comisión de Convenios Urbanísticos para que nos aclarara el tema. Vinieron el 19 con (el secretario de Economía y autor de la ordenanza) Gastón Morando, inclusive”.

Luego de la explicación de los funcionarios del Departamento Ejecutivo, los dos bloques opositores manifestaron que preferían seguir evaluando el proyecto, entonces la convalidación volvió a quedar fuera del orden del día.

“Nosotros en ningún momento tuvimos apuro ni quisimos sacarlo con el voto doble de Juan Pablo (Frolik), y por eso sigue en comisión. De hecho, este lunes que tuvimos comisión, el expediente no lo llevé”, dijo, y ratificó que la intención es generar consensos para aprobarlo por unanimidad.

De acuerdo con el número

Sergio Lunghi sostuvo que la postura del bloque oficialista es que todos los convenios urbanísticos se aprueben por unanimidad y confirmó que hasta el momento no ha prosperado ninguno, pese a que la ordenanza está vigente hace más de un año.

En este caso, el radicalismo acepta el acuerdo sellado con la firma, teniendo en cuenta que respeta la ordenanza y confían en los argumentos que han brindado los funcionarios responsables de las secretarías de Obras Públicas y de Economía.

“Dentro del decreto reglamentario está el criterio objetivo para sacar el número. De ahí en más, pueden objetar que les parece poco. Creo que el número está bien y se explicó cómo se sacó ese número. Estamos totalmente de acuerdo”, aseveró y precisó que los valores se actualizan según el costo del metro cuadrado de construcción que determina el Colegio de Arquitectos.

De todos modos, adelantó que aguardarán que los otros dos bloques “aporten algo” para seguir con el debate, porque “en su momento dijeron que votaban la excepción y por separado, el punto siete, que era el convenio urbanístico en el proyecto de ordenanza. A nosotros nos pareció una locura darle una excepción, que salga por unanimidad y que no pague el convenio urbanístico”.

En este sentido, calificó de “contradictoria” la postura de la oposición, que en principio avalaba la excepción sin cargo alguno para el privado y luego dejó ver que el monto le parecía irrisorio con respecto a la renta que obtendrá a partir del permiso para avanzar con la obra.

De todos modos, recordó que cuando se votó la ordenanza de la plusvalía la oposición estuvo en contra y el único que la apoyó fue Gino Pizzorno. “Es contradictorio votar una excepción a un emprendimiento comercial y no votar lo que realmente sirve, que es el convenio urbanístico”, sostuvo, y recordó que el monto recaudado ingresa a un fondo de desarrollo urbano del cual se afecta el 50 por ciento a vivienda y la otra mitad a infraestructura.

Sobre el proyecto, describió que la constructora pretende conformar un salón de usos múltiples, gimnasio y pileta entre el tanque de agua y la sala de máquinas, que sobresalen en altura. Evaluó que desde la arquitectura, la propuesta “mejora visualmente” el edificio, según observó en la documentación que se adjuntó al expediente.

 

Ninguno prosperó

En cuanto a los antecedentes, Sergio Lunghi recordó que se dio una situación reciente con la habilitación provisoria de un depósito para el funcionamiento de la aduana, ubicado sobre Machado entre Alem y 9 de Julio, que se acordó entre los bloques pero nunca se aplicó.

“No salió porque se le otorgó un convenio, que evaluó el interesado, y como estaba por trasladarse a otro lugar dentro del Parque Industrial, lógicamente le convenía seguir invirtiendo en el galpón nuevo que pagar el convenio urbanístico. Por eso no se dio, pero ese convenio urbanístico salía por unanimidad”, señaló el concejal.

En tanto, advirtió que el resto de los convenios que fueron subidos a la página de internet no se convalidaron. El pedido del empresario Alfonso Cano para la ubicación de los tanques de agua en un complejo habitacional se resolvió con una multa, mientras que la firma Corral de Piedra optó por adecuarse a la ordenanza sancionada para los depósitos de agroquímicos y el tercero -un emprendimiento de chacinados- es tan reciente que aún no llegó al Concejo.