La Usina Popular seguirá cobrando aumento como un cargo fijo de 4,50 pesos en la tarifa

Cerca de un millón de usuarios del interior bonaerense soportarán, con la llegada de su próxima factura en julio, un incremento mensual del orden de los 4,50 pesos en la tarifa de electricidad, según lo dispuesto por el gobierno de Daniel Scioli, que autorizó, en forma provisional, el aumento como un cargo fijo extraordinario para garantizar la operatividad del servicio eléctrico.
Según fuentes de la Usina Popular y Municipal de Tandil, se trata de la prórroga de ese cargo fijo que comenzaron a cobrar las distribuidoras del interior bonaerense durante 2007, medida que ahora prorrogó Scioli.
La medida deriva de un acuerdo entre el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos provincial y las entidades que representan a las 200 cooperativas encargadas de brindar energía en el interior bonaerense, afectadas por serios problemas financieros.
La medida afectará por igual a industrias, comercios y usuarios residenciales y, tal como se informó, se exceptuará únicamente a los beneficiarios de la tarifa de interés social (TIS).
Según un estudio que maneja el gobierno provincial, en promedio, los usuarios del interior bonaerense pagan entre 50 y 60 pesos mensuales por el servicio eléctrico, con lo cual el incremento representará, como máximo, un 9 por ciento.
Lo cierto es que las autoridades avalaron la suba de 4,50 pesos por medidor durante dos meses y ahora prepararan un nuevo decreto por otros dos. Es decir que el incremento del monto fijo (que no es acumulativo) se aplicará, en principio, hasta noviembre próximo.
Mientras tanto, las federaciones que representan a las cooperativas buscarán conseguir que el gobierno provincial les convalide una suba general de tarifas, algo que no ocurre desde 2001.
“No es agradable realizar un aumento, pero esto nos da un poco de aire para afrontar aumentos de insumos, la mayor demanda y otorgar incrementos salariales a nuestros empleados, pero el cargo fijo no deja de ser un parche”, dijo Nicolás Ambrosius, presidente de la Asociación de Prestadores Eléctricos de Buenos Aires (Apeba).
Según la visión de Ambrosius, que aseguró que los costos operativos crecieron cerca de un 500 por ciento en los últimos ocho años, la solución de fondo pasa por un aumento general de tarifas, y las cooperativas estiman que debería ser del orden del 17 por ciento. El dirigente también consideró que podría aplicarse un incremento en el servicio sólo a los grandes usuarios para que, dijo, “pague más el que más consume”.
Los aumentos llegarán con las facturas en los primeros días de julio próximo y recaerán en los habitantes de la mayoría de los pequeños pueblos y localidades del interior y también sobre ciudades como Pergamino, Luján, Zárate, San Pedro, 9 de Julio, Olavarría, Azul, Tres Arroyos y Tandil, entre otras.
Fuentes del gobierno provincial reconocieron que se trata de una medida de emergencia adoptada ante la precaria situación que atraviesan en la actualidad la mayoría de las cooperativas eléctricas y la creciente presión del sindicato de Luz y Fuerza. 
De hecho, la decisión oficial contribuyó a desactivar un conflicto con paro de actividades que se mantenía desde hacía dos semanas y que llegó, incluso, a poner en riesgo la normal prestación del servicio en algunas localidades.
En Sierras Bayas, en el partido de Olavarría, por ejemplo, tres barrios se quedaron sin luz y el servicio no fue restablecido durante tres días, hasta que se llevó a cabo una fuerte protesta de los vecinos del lugar.
Finalmente, la conciliación obligatoria suspendió el paro y las negociaciones continuaron hasta que esta semana las federaciones de cooperativas Apeba, la Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas (FICE), la Cooperativa de Provisión de Servicios para Cooperativas de Servicios Públicos Creces y la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicio Públicos firmaron en el Ministerio de Trabajo provincial un acuerdo por medio del que sus trabajadores se beneficiarán con un aumento salarial del 20 por ciento.
Las dificultades de las cooperativas son de tal magnitud que en las negociaciones salariales participaron funcionarios del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos provincial en cuyos despachos manejan un informe que indica que el 60 por ciento de las cooperativas afrontan desde hace años balances negativos en sus finanzas. *

Recibí las noticias en tu email

Accedé a las últimas noticias desde tu email

Suscribite al newsletter

Ver más

Ads

 

Ads

Ads