Las cuatro familias del desalojo de Chapaleofú al 2100 aceptaron ayuda de la comuna por un año

Tras varias horas de tensión, el juez José Martín Zárate y el defensor de Menores e Incapaces, Ezequiel Belauzarán, lograron el miércoles encaminar la negociación con los ocupantes y evitar un desalojo violento, ya que en el lugar se juntaron decenas de militantes de la Corriente Clasista Combativa que amenazaban resistir con palos y piedras.

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Por la tarde, representantes de la comuna lograron que las familias aceptaran mudarse. “Si bien la gente que estaba ocupando ese predio tuvo predisposición para dejarlo, evitando este desalojo que ya estaba planificado, se había complicado con la situación de las viviendas para los cuatro grupos familiares”, explicó el subsecretario Rubén Diéguez en diálogo con El Eco Multimedios.

El funcionario municipal señaló que el lunes por la tarde “se consiguieron cuatro viviendas, se recorrieron, se le mostraron a la gente, y se estableció el acuerdo de que las familias firmaban los contratos respectivos de las viviendas e iban a empezar a desalojar el lugar”.

 

Un caso “atípico”

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En cuanto al diálogo con los ocupantes, el subsecretario de Desarrollo Social sostuvo que “una pata fuerte es la Justicia, sino es mucho más complejo. Ya con la figura del juez y viendo que el desalojo era inminente, no había otra opción. Lo que siempre se trata entre todos es de negociar y mantener la calma para el beneficio de todos”.

De este modo, valoró la presencia del juez Zárate en la escena y la articulación entre todas las partes que intervinieron, incluido el asesor de Menores y representantes del Municipio.

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“Este caso en particular era muy atípico con respecto a las ocupaciones. Era una situación de desalojo entre particulares, donde al Municipio se lo cita para garantizar que la gente no quede en la calle”, señaló Diéguez.

Además, explicó que antes de estos operativos “siempre se mantiene una comunicación con la Justicia y con la gente que va a ser desalojada para que de manera particular vaya buscándose un lugar y el Municipio le garantiza el pago de la vivienda o alguna otra cuestión que la gente pide”.

En este sentido, señaló que algunas personas han solicitado materiales para construir en terrenos de familiares en lugar del pago de una renta que es por un plazo determinado.

En definitiva, aclaró que el rol de la comuna es “tratar de que la gente no quede en la calle”. 

 

Buscarán una salida pacífica a las tomas de La Movediza

El subsecretario de Desarrollo Social Rubén Diéguez informó que la toma de catorce casas del barrio de Azucena y Los Tulipanes (La Movediza) “está en manos de la Justicia, porque la que presentó la denuncia fue la empresa (constructora, Málaga)”.

Informó que el secretario de Legal y Técnica, Atilio Della Maggiora, fue citado por el juez de Garantías, “para ponerlo en conocimiento de que se va a articular entre todas las partes, defensores, fiscalía y el juez para llegar a una situación de desocupación pacífica”.

En este caso, sostuvo que “es una situación distinta, porque lo que vivimos ayer (por el miércoles), si bien había una situación irregular no era que habían ocupado un predio como en La Movediza. La gente vivía históricamente en el lugar, había una historia, diferente a La Movediza donde la gente sabía que no era de ellos e ingresaron de una manera ilegal”.

Por este motivo, precisó que “estamos esperando que la Justicia determine cómo seguir los pasos con el tema del desalojo, que aparentemente ya está resuelto pero antes de llegar al desalojo compulsivo ver qué situación se puede negociar con cada una de las familias”.

Diéguez adelantó que el fiscal pidió el desalojo y el juez de Garantías estaría dispuesto a realizarlo, pero antes debe coordinar con las distintas partes para definir qué respuesta puede brindar la comuna.

En cuanto a la seguridad de las casas que permanecen libres y sin terminar, confirmó que la policía sigue apostada en el lugar para evitar nuevas ocupaciones y, además, no permite el ingreso de muebles. “Eso lo pidió el fiscal”, precisó.