Lesa humanidad: el Tribunal Federal inspeccionará La Huerta

Por otra parte, los magistrados resolvieron ayer ampliar la acusación a tres de los cuatro represores imputados.

De esta forma, el Tribunal integrado por Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra, resolvió en base a un pedido que formuló el fiscal Walter Romero que encabeza la acusación en este proceso. 

Los jueces resolvieron extender la imputación en relación al ex general Ignacio Aníbal Verdura en relación a los homicidios de Amelia Isabel Gutiérrez, Juan Carlos Ledesma, Rubén Villeres e Isabel Folini. 

En tanto que los represores Walter Jorge Grosse y Omar Antonio Ferreyra, que llegaron a este juicio acusados de privación ilegítima de la libertad y tormentos, serán ahora juzgados por los asesinatos de Jorge Fernández y Alfredo Serafín Maccarini.

El pedido de ampliación del Ministerio Público Fiscal incluía también a Horacio Rubén Leites, pero el Tribunal decidió dejarlo al margen de este requerimiento por entender que “no existen hechos que vinculen al imputado con las víctimas". 

“Quedamos conformes con la resolución del Tribunal. Creemos que a lo largo del proceso pudimos remontar una situación procesal compleja. Ampliamos la acusación y estamos más cerca de la verdad”, señaló Romero en declaraciones a Télam.

Hasta el momento, Verdura, que durante los años del terrorismo de Estado estuvo a cargo de la represión en un área que comprende el centro de la provincia de Buenos Aires, llegó a este juicio acusado de dos asesinatos, y deberá responder por seis. 

“Dimos un gran paso porque acumulamos información y tenemos ahora elementos que podremos utilizar otras causas, como la de Monte Peloni II, que posiblemente empezará tras este juicio”, explicó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Romero presentó este pedido de ampliación a fines del mes pasado, y tras la presentación de los alegatos de las defensas de los imputados, el Tribunal tomó esta resolución. 

 

En Tandil 

 

Las audiencias de este proceso continuarán el próximo martes, cuando las partes involucradas en el juicio lleven a cabo una inspección ocular en la Brigada policial de la localidad de Las Flores y en el centro de detención clandestino de la Huerta, ubicado en Tandil.

También se espera que los integrantes del Tribunal junto con fiscales, querellantes y abogados defensores se hagan presentes luego en Monte Peloni, el predio ubicado en Sierras Bayas y en el cual se perpetraron la mayoría de los delitos que son investigados en este proceso. 

El juicio por Monte Peloni comenzó el pasado 22 de septiembre en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales que la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) posee en Olavarría. 

Los imputados son los represores Ferreyra ("Pájaro"), Grosse ("Vikingo"), Verdura y Leites, quienes formaban parte del Ejército y estaban asignados al regimiento de caballería mecanizada Tanques 2 que aún tiene asiento en esta localidad.

Monte Peloni pertenecía al área 1/12/124, dentro de la zona 1, en relación a la división territorial que los militares diseñaron para llevar a cabo la represión.

Además de Olavarría, las otras ciudades comprendidas en esa zonificación eran Bolívar, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Salliqueló, Daireaux, General La Madrid y Laprida.

El juicio tiene lugar en una ciudad conmovida por las repercusiones que dejó la recuperación de la identidad de Ignacio Guido Montoya Carlotto, nieto de Estela, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Hijo de Laura Carlotto y nacido en cautiverio en 1978, Ignacio Guido creció en una zona rural de Olavarría criado por un matrimonio de apellido Hurban.

La pareja lo recibió de parte de Francisco Aguilar, un empresario rural que tenía aceitados vínculos con las autoridades castrenses que administraban la ciudad.

Hace poco menos de 15 días, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de UNICEN, Rafael Curtoni, recibió una carta con amenazas hacia los jueces y fiscales de parte de un grupo autodenominado CAOS (Comando Argentino Olavarriense Solidario).

“Partiremos del principio de culpabilidad a fin de que los condenados demuestren su inocencia y contraria a la jerarquía que tiene nuestro heroico Ejército Argentino”, afirmaba el texto que intentaba amedrentar a los magistrados que componen el Tribunal.

Sin embargo, y pese a las amenazas, los jueces y los representantes del Ministerio Público advirtieron que el proceso continuará en la sede de esa casa de estudios hasta que se produzca una sentencia (Télam)