Magistrados y funcionarios denuncian un ?intento de presión?

En un primer término, sostienen que una ?resolución judicial sólo es válida si se basa en la razón y acata la norma? y que el proceso legal ?prevé mecanismos para controlar que se cumplan esos requisitos y eventualmente corregir al funcionario que la haya dictado?.
Advierte que la ?distorsión e inescrupulosa utilización de caminos ajenos a los previstos dentro del marco judicial para cuestionar decisiones adversas? pasan a ser ?un intento de presión? que afecta al ?normal desempeño de la función? judicial.
La entidad añadió que ?la eventual intromisión de otros órganos del Estado en la labor judicial viola la división de poderes?.
Finalmente, revalorizan el silencio mantenido ante los cuestionamientos ?extra-judiciales y mediáticos?, ya que lo contrario se consolidaría y expondría ?con visos de normalidad una conducta reñida con el decoro que el ejercicio de la magistratura impone?. También afirman que ?el esencial derecho de información con que cuenta el ciudadano no puede estar exento del ejercicio responsable del derecho de libertad de prensa?. *

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