Más control, más corrupción

Semanas atrás, la Revista Noticias publicó una nota en la cual se denunciaba la connivencia entre la Policía Federal y la ?mafia de la prostitución?. En concreto, se hizo referencia a una causa judicial en la que se investiga a jefes de la fuerza que tenían a cargo el control de los prostíbulos para perseguir la trata de personas y otros ilícitos.
Más allá de la denuncia en particular, el caso sirve para ensayar una hipótesis acerca de los efectos indeseados del control. La hipótesis podría formularse así: toda reglamentación es siempre un mal -aunque sea un mal menor- porque, para hacerse cumplir, deberá instrumentar una estructura de control encargada de administrar la frontera entre lo lícito y lo ilícito, para lo cual, en última instancia, deberá confiar en la discrecionalidad de alguien, creándose, por tanto, un escenario propicio para la corrupción. 
El caso aludido de la prostitución es paradigmático por cuanto sucede que la falta de reglas claras sobre lo permitido y lo prohibido inclina a proxenetas y prostitutas a preferir ?cumplir? con la policía antes que cumplir con la ley, de la cual no se sabe bien qué exige.
Históricamente hubieron tres actitudes frente la prostitución: (i) persecución, sea que se dirija las prostitutas, a los beneficiarios (proxenetas y clientes) o a ambos; (ii) regulación; y (iii) tolerancia, o sea, no prohibición pero tampoco tutela, quedando la práctica en un limbo jurídico que, paradojalmente, resulta una de las actitudes más lesivas en tanto propicia la esclavización y la arbitrariedad de las agencias de control.
La regulación, por lo general, no ha tenido una finalidad de tutela con las prostitutas, sino más bien razones sanitarias como la prevención de enfermedades venéreas. Los partidarios de la no regulación, a su vez, parten de ópticas distintas: los sectores conservadores aducen que la regulación implicaría darle estatuto a una práctica inmoral, mientras que otros (por ejemplo, las posturas feministas) sostienen que la reglamentación conferiría forma jurídica a la cosificación de las mujeres, habida cuenta que la mayoría de las prostitutas se dedican a eso por necesidad.  
La persecución ha estado siempre motivada en criterios de índole moral. Sin embargo, como ha sucedido con la droga, la persecución jamás fue efectiva para desarmar la matriz que alimenta el ?negocio?, y en los hechos se ha reducido a una mera penalización de las prostitutas, del mismo modo que el derecho penal dirige sus armas contra los consumidores de droga sin jamás molestar a los popes del narcotráfico. Como siempre, el hilo se corta por lo más fino.
Además, ese criterio provocaba lo que toda prohibición genera cuando se dirige a prácticas arraigadas: ensancha el margen de ilicitudes en tanto sus consumidores procuran vías oblicuas, naciendo una oferta ilegal del servicio prohibido que a su vez para mantenerse necesita complicidad de las agencias de control a cambio de coimas. Ese mismo fenómeno sucedido con la prostitución, es el que se vive hoy con las drogas y últimamente con la venta de alcohol tras la sanción de la ley paternalista de Scioli, inspirada en la fracasada Ley Seca de los Estados Unidos que en los años 20? fue ocasión del enraizamiento de la mafia en ese país. Esta idea tiene raíces bíblicas: ?La Ley entró para que se multiplicaran las transgresiones?, dice San Pablo al final del capítulo quinto de la Carta a los Romanos.
Ahora bien, en lo que decíamos al principio, resulta que el estado límbico en el que se encuentra la prostitución y su contexto facilita, por un lado, que aquellos que están en ese submundo les sea difícil regularizarse en tanto no hay parámetros de referencia. Y ello, en contrapartida, crea las condiciones para que los encargados de controlar, ?administren? las ilicitudes porque, al fin, tal grado de incerteza, junto al hecho que todo el sistema de control está en ?su? discrecionalidad, les permite abrir y cerrar los grifos de la ?ley? según su propio interés.
La no regulación o ?tolerancia? es una ficción. Una verdadera ?tolerancia? prescindiría de todo control como sucede con el resto de las simples actividades lícitas que llevan a cabo las personas. Por el contrario, si hay interferencia de las agencias de control, no parece cierto que en los hechos estemos ante una verdadera no regulación. Lo que hay es una regulación encubierta, ejecutada por las agencias en uso de su discreción, abusando del limbo legal, lo cual desenlaza en un estado análogo al de la prohibición donde la legalidad/ilegalidad es ?administrada? y  ?dosificada?.
En una política de blanqueo de ese limbo, Alemania, por ejemplo, sancionó en el 2002 una ley destinada a cristalizar la prostitución, facilitando, entre otros beneficios, que las prostitutas puedan acogerse al régimen de seguridad social e incluso reclamen judicialmente contra los clientes que se rehúsen al pago de sus servicios sexuales. Asimismo, la ley de prostitución -o Prostitutionsgesetz, como se la conoce- procuró que el acuerdo entre meretrices y proxenetas se rija por las normas del contrato de trabajo, de forma tal que las primeras encuentren las mismas protecciones que el resto de los trabajadores.
Esa hipótesis estudiada por Merton, Foucault y algunos sociólogos críticos en relación al delito, por añadidura se aplica a todo el espectro estatal, incluyendo la economía, y sino piénsese en las denuncias a las oficinas que administran cuando se exporta y cuando no. Lo dicho pone en crisis la corriente creencia de que necesitamos más regulación para paliar los focos de corrupción y demás males que sufre la sociedad. El ideario legal-regulatorio es teóricamente democrático e igualitarista al abarcar a todos sin distinción, pero, en los hechos, por necesitar de un administrador que controle su cumplimiento, trae en sí el germen de la corrupción misma que busca perseguir.*

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