Más de mil menores son detenidos al mes por delitos en la provincia de Buenos Aires

Los datos -que trascendieron en forma extraoficial del propio Ministerio de Seguridad bonaerense- indican que cada mes unos 950 menores son atrapados por primera vez, en tanto otros 120 son arrestados en forma recurrente. En casi un 60 por ciento de los casos se trata de robos, buena parte de ellos a mano armada, según un informe que publica hoy el diario El Día.
Los especialistas señalan también la incidencia del alto consumo de drogas como un exacerbador del fenómeno, y a los jueces, defensores y fiscales del fuero penal juvenil no les resulta ajena una realidad en la que el uso de estupefacientes torna los hechos cada vez más violentos y desesperados.
Si se observa las tipologías de los delitos más frecuentes, el informe muestra -sobre la base de las 5.351 detenciones de menores registradas entre enero y mayo de este año- que el grueso de los arrestos estuvo vinculado a robos (1.825), robos calificados (1.298) y hurtos (1.104).
Pero el mapa no excluye otras causas como tenencia de armas de fuego (129), tenencia de drogas (159) y homicidios. Es necesario aclarar, sin embargo, que esas “detenciones” que menciona el informe extraoficial del ministerio de Seguridad son en rigor “aprehenciones”; y que en esa instancia no ha sido demostrado que los jóvenes sean culpables de los hechos.
Técnicamente, las detenciones las solicitan luego los fiscales sobre la base de ciertos elementos de prueba. Pero de hecho -reconoce un juez con muchos años de experiencia en el fuero penal- “no es fácil establecer el grado de participación de los chicos en muchas causas.
Aunque uno lo intuye, ante la duda se los debe dejar en libertad”. Libertad -cuenta por su parte un fiscal- significa en muchos de estos casos “darles hasta plata para el micro, porque no tienen ni eso”. Pese a que su área de trabajo no implica trato directo con menores, el titular del juzgado de Garantías N°3 de La Plata, Néstor De Aspro, observa que “existe cada vez una mayor participación de éstos en hechos delictivos donde intervienen adultos”, la cual “se nota especialmente en las causas de robo con armas de fuego”.
“Es algo que obedece al aprovechamiento que hacen los mayores de los chicos. Y se explica por el hecho de que si éstos son detenidos tienen grandes posibilidades de que la Justicia se los reintegre a los padres”, aclara el juez.
“Cuando hay un menor en un auto de apoyo o es quien ´aguanta´ las armas durante un robo resulta indudable que ha sido mandado por un adulto. Generalmente, todos los elementos que hacen a la comisión del delito son salvaguardados en manos de un menor. También se los usa a menudo para marcar casas y hacer tareas de inteligencia: un chico que da vueltas por un barrio llama menos la atención”, señala De Aspro.
En este aspecto, la ley penal que rige la edad de imputabilidad en nuestro país desde hace casi tres décadas establece diferencias claras: los menores de hasta 16 años no son punibles en ningún caso; los menores con más de esa edad pueden serlo sólo si el delito tiene pena superior a los dos años de prisión. Esto deja afuera las amenazas, los daños y lesiones leves, y el hurto entre otros ilícitos. De los 5.351 menores aprehendidos en la provincia de Buenos Aires durante los primeros cinco meses de este año, el 40 por ciento de ellos tenía menos de 16 años. Pese a ello, el número de aprehensiones de adolescentes no alcanza aún a la de adultos.
En el mismo período fueron arrestados por la policía 79.575 mayores, lo que resulta en una relación de catorce adultos por cada menor. Aunque la delincuencia juvenil es un fenómeno que no puede atribuirse a una única causa, distintos especialistas coinciden al señalar el trasfondo social en el que surge mayormente.
En especial cuando “el grueso de los menores que ingresan hoy al sistema penal -como resalta Juan Benavídez, fiscal de fuero Penal Juvenil de nuestra ciudad- dejó la escuela y tiene sus necesidades básicas insatisfechas. Se encuentran, por decirlo de algún modo, en una situación de supervivencia”. De ahí que el fiscal entiende que “los menores aprehendidos por su vinculación con algún delito son sólo el costado visible de la falta de políticas de Estado para garantizarles contención social”. Y que, en este sentido, “el derecho penal actúa apenas como una herramienta de control para impedir que reincidan”.
Marcelo Ponce Núñez -integrante del Foro Provincial por los Derechos de los Jóvenes y abogado de la Central de Trabajadores Argentinos- afirma que “las causas del incremento de violaciones a la ley penal por parte de los pibes hay que buscarlas en sus condiciones de vida y sus posibilidades de insertarse en una sociedad que les brinde salidas”.
“Estamos hablando de pibes que cuentan hoy con quince años o más de edad, con lo cual desarrollaron su personalidad dentro de un entramado social”, que coincide con “la peor crisis socioeconómica de los últimos cincuenta años en la Argentina. No es un dato menor que pueda pasar inadvertido”, dice.
“Como consecuencia, hoy tenemos un par de generaciones de pequeños argentinos que no han tenido padres con trabajo estable y vivieron todas las carencias que eso significa”, señala el abogado. “Pero tal vez lo más grave -agrega- haya sido la consolidación de ese posicionamiento social y la imposibilidad de ingresar en una movilidad ascendente en las generaciones futuras. Esto “suma además frustración” en un contexto donde “el exitismo expuesto por los medios les muestra realidades para ellos imposibles de alcanzar”.
“Los pibes no nacen delincuentes; se hacen de esa conducta por una inadecuada inserción social. Su crecimiento bajo determinadas circunstancias es lo que los inclina hacia la violación a la norma. Por eso, lo que hay que cambiar son esas circunstancias”, sostiene Ponce Núñez.

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